Rui Ferreira
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció el lunes que el Gobierno cubano, en un gesto poco usual sino inédito, ha incautado propiedades y cuentas bancarias de un cubano americano arrestado en Estados Unidos por llevar a cabo un fraude de 6,9 millones de dólares al sistema de subsidios de los programas de salud pública, conocidos como Medicare y Medicaid.
El anuncio fue hecho por el representante del FBI en La Habana, Christopher Starrett, quien reveló que los fondos y propiedades fueron incautados al cubano Orelvis Olivera, quien se encuentra en una cárcel estadounidense condenado a 6 años de cárcel y una multa de 5,7 millones de dólares, el total del dinero que logró cobrar.
“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, dijo Starrett, según una nota informativa del FBI.
La nota agrega que “la reciente incautación por parte de Cuba de los activos que Orelvis Olivera llevó a ese país es un ejemplo de lo que puede ocurrir a la propiedad y a las cuentas bancarias que los delincuentes intenten llevar ilícitamente a la isla”.
Olivera, de 49 años, fue condenado en un tribunal de Miami el año 2014 por estafar al Medicare 7,9 millones de dólares. En realidad las autoridades se dieron cuenta de la estafa cuando ya le habían pagado los 5,7 millones que le fueron impuesto como multa. El acusado, que llegó a Estados Unidos el año 2005, abrió una clínica de prestación de servicios médicos en Miami, a través de la cual cobró el dinero a los servicios médicos públicos sobornando a varias personas que firmaron documentos asegurando que habían recibido ciertos tratamientos que resultaron ser falsos. El caso involucró a poco más de 200 personas, según el FBI.
El acusado ofrecía “servicios limitados”, pero la mayoría de sus negocios eran fraudulentos y la mayor parte del dinero que obtuvo ilícitamente fue invertido en propiedades y depositado en cuentas bancarias en Cuba antes de que enfrentara los cargos penales, indicó el Agente Especial Noel Gil, quien laboró en este caso junto con la oficina regional del FBI en Miami.
Pero Gil sostuvo que Olivera envió el dinero estafado a Cuba “no porque estuviera en complicidad con el Gobierno local”, como aseveraron varios medios de prensa en Miami en ese entonces, sino que lo más probable fue que consideró que los fondos estaban seguros en la isla. “Estaba ocultando su dinero en Cuba porque creía que podría regresar a sus negocios y a sus riquezas”, dijo el agente especial del FBI.
Cuando Olivera fue condenado en 2014, el Gobierno estadounidense se comunicó con el Gobierno cubano y le informó de la posibilidad de que el acusado hubiera transferido el dinero a la isla. Las autoridades locales se pusieron a investigar y abrieron un proceso jurídico en Cuba.
En abril del 2019, basado en la causa juzgada en Estados Unidos, un tribunal cubano condenó a Olivera ‘en ausencia’ a 10 años de cárcel, bajo la acusación de lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos e enriquecimiento ilícito, y decretó la incautación de tres cuentas bancarias, cuatro propiedades inmobiliarias y un auto. El caso se abarcó un número no determinado de cómplices que lo ayudaron en sus negocios en Cuba.
“La conclusión primaria en todo esto es que el Gobierno cubano puede confiscar propiedades asociadas con delitos y ningún delincuente puede esperar que vaya a reclamarlas una vez que han sido confiscada”, agregó Starrett, quien anunció que el Gobierno estadounidense ha iniciado las gestiones para recuperar el dinero confiscado en la isla.
Miami está considerada por los analistas y el Gobierno como la capital del fraude al sistema de salud pública estadounidense. Tanto que el año 2007 el FBI creó una fuerza especial de lucha contra el fraude y que opera en nueve ciudades. Desde entonces ha atrapado de 2,100 delincuentes quienes han estafado más de 6,500 mil millones de dólares.
