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Las protestas populares que estallaron en Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia pueden repetirse en esos u otros países de América Latina, según analistas consultados por Sputnik.
“En América Latina existe un clima de tensa calma que podría estallar en cualquier momento (…) Es previsible que las protestas continúen si los gobiernos siguen con sus políticas de corte neoliberal que acentúan la desigualdad”, dijo Juan Paz y Miño, doctor en historia y director académico de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe en Ecuador.
Por su parte, el antropólogo español Sergio Pascual, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, opinó que el descontento seguirá si no se produce un cambio de rumbo hacia “políticas progresistas”.
“Estamos entrando en una década en la que los conflictos se van a dar en ausencia del excedente económico, y frente a una depreciación alta de los ‘commodities’ (materias primas)”, dijo Pascual, exdiputado y exintegrante del partido Podemos de España.
Por tanto, “habrá recortes y eso aumentará la convulsión social (…), y ante la posibilidad de un giro progresista, las clases poderosas también podrían organizar revueltas si sienten que sus intereses se ven amenazados”, afirmó Pascual.
En Chile las protestas siguen latentes y aunque los niveles de violencia bajaron mucho desde el comienzo del estallido (ya no hay incendios ni han muerto más personas), día a día se reúnen cientos de personas en la Plaza Italia del centro de Santiago y en las principales ciudades del país.
Ante expectativas inciertas, el Gobierno dejó de lado su programa y su agenda.
Se suspendieron decenas de actividades internacionales importantes como la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la final de la Copa Libertadores, y hasta otras más modestas, como la Teletón
En Ecuador las protestas también pueden resurgir a pesar de que los movimientos sociales sellaron un diálogo con el Gobierno, debido al descontento que genera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En Colombia las protestas se mantienen desde que comenzó el paro el 21 de noviembre, ya que el Gobierno y los movimientos sociales que encabezan las movilizaciones siguen enfrascados en la discusión, sin llegar hasta el momento a un acuerdo.
Causas
Pascual y Paz y Miño señalaron que las situaciones de descontento pueden dividirse en dos.
En Colombia, Chile y Ecuador hay reivindicaciones de corte económico y social, y en Bolivia, se apunta a “causas inmateriales”.
En Colombia, Chile y Ecuador existe una “batalla contra la desigualdad” mientras que en Bolivia hay un “racismo endémico” y una demanda de mayor transparencia en el proceso democrático, señaló Paz y Miño.
Para el historiador, la principal causa de las protestas es una reacción contra el modelo “neoliberal y empresarial”, que es un “un tipo de economía que antepone los intereses de los altos empresarios y de una élite concentradora de la riqueza”.
El detonante en Chile fue la decisión del Gobierno a principios de octubre de subir 30 pesos (menos de un dólar) el precio del pasaje del Metro de Santiago, lo que generó un tipo de protesta, la “evasión masiva”, liderada por estudiantes que simplemente saltaban los torniquetes para evitar el pago.
El 18 de octubre comenzó el estallido social con incendios en las estaciones de Metro, protestas y cacerolazos; en esa oportunidad se revelaron las principales demandas ciudadanas, como el fin del sistema privado de pensiones, salud de calidad, costo de la vida más bajo, salarios más altos, reemplazar la Constitución de 1980 y rebajar el sueldo de los parlamentarios.
Por otro lado, la causa principal de las protestas en Ecuador fue la decisión de eliminar los subsidios a la gasolina de 87 octanos y al diésel, adoptada por el presidente el 1 de octubre, tras casi cinco décadas de vigencia.
En Colombia, el Comité Nacional del Paro, que lidera las marchas contra el Gobierno, reclama por propuestas gubernamentales que califica de “neoliberales”, como reducir el salario mínimo para jóvenes trabajadores y modificar el sistema de pensiones.
Los manifestantes también denuncian el asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos y el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y reclaman mayor protección para los indígenas y campesinos, una reforma rural integral y más recursos para la educación.
En Bolivia, las cinco semanas de protestas de octubre y noviembre tuvieron dos sellos contrapuestos y podrían ser premonitorias de nuevos conflictos callejeros en 2020 si la tensión y el enfrentamiento político-social no son disipados con las nuevas elecciones previstas para marzo o abril, explicaron los analistas.
En las tres primeras semanas, que siguieron a las elecciones del 20 de octubre, las denuncias opositoras de un presunto fraude en esos comicios a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019) desencadenaron protestas ciudadanas.
Estas manifestaciones terminaron convertidas en una insurrección liderada por los comités cívicos (organizaciones territoriales que representan intereses privados) y respaldada por militares y policías, que condujo a la renuncia forzada de Morales, el 10 de noviembre.
Al día siguiente arrancaron las protestas en defensa de Morales, con bloqueos carreteros y cercos a instalaciones petroleras que se intensificaron tras la autoproclamación de la presidenta de facto Jeanine Áñez, el 12 de noviembre.
Todas las protestas concluyeron al comenzar la sexta semana postelectoral, cuando los movimientos sociales leales a Morales y contrarios al nuevo Gobierno lograron garantías de convocatoria a nuevas elecciones y de protección de los derechos sindicales.
