Leandro Estupiñán
¿Cómo se aplican las medidas contra quienes infringen las leyes cubanas para controlar la nueva pandemia? ¿De qué manera se cumple con la “mano dura” solicitada por algunos cubanos en esta crítica situación de salud?
No será en todos lados igual, en el caso de Raúl Ernesto Almarales López, un joven de 24 años, por no llevar su tapaboca cumple en Holguín sanción de 8 meses de trabajo correccional con internamiento, por la cual vio interrumpidos sus estudios los fines de semana para alcanzar el 12mo grado. Según su familia, “en vez de construir destruyen, porque se fueron a los extremos”.
Todo sucedió en el reparto 26 de Julio, una barriada de la zona sur de la ciudad cabecera provincial, durante los días en que ocho manzanas de esa sector, donde viven unas 13 780 personas, vivían la cuarentena decretada tras el diagnostico de varios positivos a la COVID-19.
“Él estaba parado con un amigo y su hermano Rolando y en eso venía una patrulla y él se asustó y cruzó la calle. El patrullero (Carlos Ruiz Quesada) lo cogió y lo esposó. En ningún momento se resistió al arresto, ni faltó el respeto. Pero lo llevaron para el puesto de mando que tenían en la clínica dental Manuel Angulo, le avisaron a mi mamá y ella fue para allí”, cuenta su hermana Sucel González López.
Rolando, quien advierte problemas médicos en su hermano, que padece y es tratado por “ansiedad generalizada, cambios de personalidad que incluso lo han llevado a cometer intentos suicidas”, lo vio de esta manera: “Iba sin nasobuco y lo mandaron a parar. Se echó a correr y luego se detuvo. No hubo bronca ni contacto físico”.
Como Raúl Ernesto no contaba con antecedentes penales, a su madre le informaron “que no se preocupara”. La sanción para su hijo sería una multa. De esa forma quedó libre.
La pandemia en Cuba: amparo jurídico, derechos limitados y falta de garantías
Sin embargo, al advertir que la multa no era remitida, ella, Marisol López Morales, se comunicó con la estación. Allí le dijeron que el nombre de Raúl Ernesto no aparecía en el sistema. Pese a eso, la tarde del 26 de mayo recibió una citación para el juicio, a celebrarse dos días después.
Los hechos sucedieron el pasado 4 de mayo, periodo hasta el cual la Dirección Integral de Supervisión (Dis) había aplicado en esa provincia más de 440 multas a quienes no llevaran nasobuco en colas o aglomeraciones. Cada multa tiene un monto de 100 pesos en moneda nacional, según se lee.
Tres meses después, según la última estadística actualizada disponible de ese organismo, la cifra de multas aplicadas en la provincia ascendía a 6000.
La directora del Dis, Dionisia Portelles, comentaba en la página web del gobierno provincial que, además de esas acciones, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) aplicaba medidas más fuertes, incluida la detención de algunos ciudadanos que adoptan una conducta desafiante.
Aunque ninguna de las autoridades involucradas ofreció declaraciones sobre este caso, el periódico local ha publicado un reportaje en el que ofrece pistas para esclarecerlo.
Desde que comenzó la pandemia, se aplican sanciones de privación de libertad de tres meses a un año amparadas en el artículo 187 del Código Penal a quienes violen, ente otras, “las medidas dictadas para la prevención y el control de enfermedades trasmisibles”.
Según informan la Fiscalía Provincial y la Policía en la nota publicada en el mismo el periódico el pasado 29 de agosto, solo “los casos de mayor connotación fueron presentados a los tribunales y se sancionaron con penas de Privación de Libertad o de Trabajo Correccional con y sin Internamiento, conjuntamente con Multa”. Entonces, ¿por qué el caso de este holguinero siguió de la manera que ahora explico?
Por las disposiciones ante la pandemia, sus hermanos, madre y padre retirado del Ministerio de Educación, no pudieron contratar abogado. Debieron ajustarse a los servicios del jurista que estuviese de guardia en el lugar del juicio en la fecha convenida, profesional a quien llegaron a contratar.
Pero el día del juicio, en el Tribunal Provincial, ese abogado no estuvo disponible por exceso de trabajo. Según cuentan los mismos familiares, pese a esto antes de entrar les hicieron saber que “si queríamos podíamos pasar a la sala y ellos nos daban la sentencia. Protestamos, porque ¿cómo estaríamos en un juicio sin el abogado?”.
La sentencia fue de ocho meses de privación de libertad con internamiento por propagación de epidemia. “Nos quedamos anonadados al oír aquello”, apunta su hermana: “Al no estar conformes, pedimos apelar”.
En la propia prensa local, Kenia Aguirre Ulloa, fiscal jefa provincial, ha dicho que, de estar inconformes, los acusados pueden establecer recurso de apelación ante la sala correspondiente del Tribunal Provincial.
Pero Raúl Ernesto cumple su condena desde el 26 de agosto.
“Primero estuvo aislado en La Ladrillera por 14 días, sin darle su medicamento, porque además tiene problemas psiquiátricos, los padece desde siempre. Todo ese tiempo estuvo su historia clínica allí por gusto, porque el médico nunca se acercó a él. Ahora está en 4 caminos de Velasco, trabajando en la agricultura, y sin un médico que lo atienda”, cuenta su hermana.
Yosvani Sánchez Aguilera, ex oficial de aduana y vecino de la calle 5ta, en el reparto 26 de julio, asegura que, desde su punto de vista, Raúl Ernesto “fue víctima de una atrocidad”, pues en el proceso al que se vio obligado han ocurrido demasiadas irregularidades.
“En ningún momento en su caso se valora la posibilidad de que, debido a su padecimiento, pudo haber olvidado el nasobuco. Doy fe de que en el momento de encauzarlo se encontraba estudiando, algo que tampoco se valoró”, narraba Sánchez Aguilera.
A poco de cerrar este trabajo, la familia confirmaba que a Raúl Ernesto se he había negado la posibilidad de salir con el tercio de la sanción. ”Supuestamente los que tuvieron problemas de la COVID-19 no pueden salir antes”, dice su hermana.
La familia llegó a reclamar la sentencia en la Fiscalía Provincial y hasta los escucharon en el Departamento de Protección a la Familia. Allí se les informó que el caso de Raúl Ernesto había pasado directo a los tribunales porque, en el momento de su detención, “había alegado que no pagaría la multa porque no tenía dinero”, y, además, que este era un caso “ejemplarizante”, para que vieran que en la provincia sí se tomaban medidas. Todavía esperan una respuesta más seria.
