Cubanos en Stewart: del limbo al infierno

Día tras día, Oveida Hurtado, de 64 años, le enciende una vela a su difunta madre en su apartamento del reparto Vista Hermosa, en Ciego de Ávila. Oveida, que desde hace más de una década padece la enfermedad de Raynaud, no le pide al espíritu de su madre protección y salud para ella, sino para su hijo Yosvel, quien desde junio de 2019 se encuentra recluido en el Centro de Detención para Inmigrantes Stewart, en Georgia, Estados Unidos.

“Eso es diario y es triste, muy triste, todo ese sufrimiento”, dice a OnCuba Yania Ferrer, hija de Oveida y única hermana de Yosvel, quien quedó en la Isla, encargada del cuidado de sus padres, cuando su hermano decidió emigrar.

Yosvel Ferrer Hurtado, de 40 años, Licenciado en Informática, soltero y sin hijos, había tenido problemas laborales en Cuba según su hermana porque, a pesar de relacionarse “bien con todo el mundo” y estar preparado profesionalmente, “no estaba de acuerdo con la política de este país”.

Yania dice que “al final, por esa situación se le empezaron a cerrar las puertas y entonces decidió darse una oportunidad fuera del país”. Estuvo primero en Chile, desde donde regresó a Cuba para ver a su padre, que estaba muy delicado. Luego decidió probar si podía salir adelante en Estados Unidos. “Él lo que quiere es trabajar y ayudar a la familia. Pero desde que llegó, eso ha sido lo más grande del mundo, una situación terrible”, explica Yania.

El Centro de Detención Stewart

Junto a otros inmigrantes cubanos y de diversos países, Yosvel se encuentra desde hace 15 meses en el Centro de Detención Stewart, ubicado en Lumpkin, estado de Georgia. Las 1916 camas de este centro privado, contratado por el Gobierno federal, lo convierten en uno de los más grandes de los alrededor de 200 que tiene el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) de Estados Unidos, conocido por las siglas ICE, que inspiran temor a cientos de miles de personas en ese país, el principal destino de la emigración internacional desde 1970. 

En agosto de 2019, Yosvel fue trasladado a Stewart, después de un recorrido por diferentes instituciones, en el que contó 36 días sin poder bañarse y recibió un diagnóstico de escabiosis.

En Stewart se encuentran inmigrantes en situación irregular, que intentan revertir sus procesos de deportación por vía legal o que ya han agotado todos los recursos y esperan el vuelo que los llevará de regreso a su país de origen.

En la página web del centro se aclara que “los detenidos no pueden recibir llamadas telefónicas”. Las autoridades aportan un número “para dejar un mensaje urgente” y aseguran que “se le dará el mensaje al detenido”. Sí pueden recibir visitas de familiares y amigos (en horarios restringidos), representantes legales, clérigos y funcionarios consulares, previa coordinación. También pueden participar en videollamadas.

Su familia se aferra al Yosvel en la pantalla. Yania dice que desde hace poco tiempo se comunican con más regularidad a través de una tablet que le dieron a su hermano y que le permite hacer videollamadas que él mismo paga, gracias a su trabajo en el almacén del centro de detención. También lo hacen por algunas llamadas gratis “que le ponen semanalmente después de la COVID-19 y que él aprovecha para hablar con nosotros”.

Sin embargo, sus llamadas no solo traen alegría a la familia. También tristeza y preocupación.

“Antes de que empezáramos a comunicarnos por videollamada, nunca habíamos visto el centro donde él está —dice Yania—, pero desde que empezó a hacerlas, hemos podido ver claramente lo malas que son las condiciones ahí”.

Yosvel padece asma desde niño y eso torna aún más frágil su estado. Cuenta Yania que desde Cuba han enviado “el resumen de su historia clínica, los métodos y tratamientos que le han puesto de siempre, y allá no hacen nada con eso. De la lavandería muchas veces la ropa se la traen húmeda y se la tiene que poner así porque si no, ¿con qué se va a vestir? Como eso, otras mil cosas.

Él ha tenido dolor en el pecho, se ha sentido mal, ha pedido que lo lleven al médico y no lo han llevado —prosigue—. Han dejado pasar los días y a la semana es que lo han llevado, ya cuando él se ha comunicado con nosotros y acá hemos consultado a una doctora, vecina nuestra de toda la vida”.

La amenaza de la COVID-19

Una investigación del New York Times y el Proyecto Marshall revela que ICE contribuyó a la propagación del coronavirus dentro y fuera de Estados Unidos, al continuar deteniendo personas, trasladándolas de un estado a otro y deportándolas.

De acuerdo con el Center for Economic and Policy Research, entre el 3 de febrero y el 24 de abril de 2020, hubo 232 probables vuelos de deportación de ICE a 11 países de América Latina y el Caribe. Varias personas deportadas se convirtieron en focos de contagio para los países a los que retornaron, cuyos Gobiernos fueron presionados en muchos casos por la administración Trump para continuar recibiendo vuelos de ese tipo. Ello, unido a los riesgos de seguridad en los aeropuertos, convierte al brazo aéreo de ICE en “una amenaza interna y externa”, según la investigación del Center for Economic and Policy Research.

La investigación registra un vuelo de deportación a Cuba en la semana del 24 de febrero al 3 de marzo. Medios de comunicación confirman que se trató de 119 personas deportadas, que volaron del aeropuerto de Miami a La Habana. El 24 de marzo, el Gobierno de la Isla cerró los aeropuertos a la llegada de vuelos regulares, medida que se mantuvo hasta noviembre.

Para esta investigación, OnCuba consultó a las autoridades consulares cubanas en Estados Unidos para conocer si estaban al tanto de la situación de los detenidos y si se le daría solución con el retorno a la normalidad, pero no recibió respuesta. A la familia de Yosvel le indicaron en Cuba que “no abrieron para los vuelos que traen normalmente a los deportados”.

En los centros de detención, el riesgo de contraer el coronavirus ha sido bien documentado. De abril a agosto de 2020, la tasa media mensual de casos entre las personas detenidas fue 13,4 veces mayor que la de la población estadounidense. Los contagios masivos e incluso las muertes en custodia han atraído la atención hacia las precarias condiciones en los centros, de las que da cuenta la investigación del New York Times y el Proyecto Marshall, que también apunta a una realización dispersa de pruebas.

Condiciones como las que describe el grupo de 103 cubanos detenidos en Stewart, que los hicieron acudir a organizaciones de derechos humanos y que defienden a los inmigrantes, en busca de apoyo. Estas son comunes en otros centros de detención en el sureste de Estados Unidos, por ejemplo, en Louisiana y Texas, como declara Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que brinda apoyo a familiares de las personas detenidas.

En Lousiana, el Southern Poverty Law Center describe el contexto de riesgo de suicidio, autolesiones, negligencia médica, aislamiento y falta de asesoramiento legal en el que vive un grupo de más de 100 cubanos, a favor de los cuales esta ONG que defiende los derechos civiles presentó una demanda colectiva para su liberación.

En la presentación de la demanda, se argumenta que el hecho de que ICE se niegue a analizar la liberación de solicitantes de asilo caso por caso “viola la ley federal, les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada mes y causa un sufrimiento incalculable a los hombres y mujeres que buscan protección legal dentro de los Estados Unidos”.

Sobre el segundo punto —el costo de la estadía en los centros de detención—, Public Citizen, organización sin fines de lucro con sede en Washington, revela que el gasto en inmigración y correccionales se duplicó en un periodo de seis años durante las administraciones de Obama y Trump. El informe titulado “Detenidos por lucro…” revela un gasto de más de 2,3 mil millones de dólares en 2018 en contratos federales con apenas 10 contratistas. Las cifras muestran una concentración de la administración de estos centros por parte de agentes privados. 

El Consejo de Inmigración de Estados Unidos señala que, en 2019, para sobrepasar el gasto aprobado por el Congreso, ICE usó mecanismos presupuestarios para transferir dinero de otros renglones de su gestión a los centros de detención. Así respaldó su récord histórico de más de 55 000 personas detenidas.  

El Centro de Detención Stewart recibe del Gobierno de Estados Unidos una asignación de 62,49 dólares diarios por persona. Entre el grupo de cubanos detenidos allí, se convierte en tema frecuente la idea de que mantenerlos en la instalación forma parte de un negocio. “Somos su fuente de ingresos”, afirma uno de ellos en videos a los que accedió nuestro equipo a través de la Southeast Immigrant Freedom Initiative (SIFI), organización que provee representación legal gratuita a inmigrantes detenidos.

Sus denuncias apuntan, en primer lugar, a problemas generales en el centro: falta de productos de aseo, hacinamiento, maltratos, presiones para firmar documentos como la orden de deportación, falta de información por parte de los oficiales de inmigración y, sobre todo, la prolongación indefinida de su detención. Estos cubanos han estado detenidos en Stewart por periodos que oscilan entre uno y dos años, sin ser liberados bajo órdenes de supervisión mientras concluyen sus procesos de apelación o se concreta el vuelo que los deporte.

Erin Argueta, abogada principal de la SIFI, declara a OnCuba que “no se les dio una oportunidad justa de solicitar asilo fuera de la detención, a pesar de poder demostrar que no eran un peligro o un riesgo de fuga. Fueron detenidos desde que llegaron a la frontera. No fueron puestos en libertad condicional ni bajo fianza. Cuando protestaron pacíficamente por lo que percibieron como un trato injusto con el paso de los meses, fueron reprimidos violentamente”, afirma la abogada.

En segundo lugar, las denuncias de los cubanos detenidos en Stewart se refieren a la falta de medidas de protección ante la COVID-19.

“Una vez que comenzó la pandemia, todas las personas detenidas en Stewart enfrentaron un riesgo irrazonable de exposición al virus y la imposibilidad de mantener una distancia segura de los demás mientras viven, comen, se bañan, ven televisión y esperan para usar un número limitado de teléfonos en espacios reducidos”, declara Argueta.

Yania asegura que a su hermano “al principio, no le daban ni mascarillas. Él se amarraba un pulóver en la cara para no contagiarse. Después le han empezado a dar, pero es cada cierto tiempo, al igual que con los productos de higiene y todo lo demás”.

Hasta octubre, 364 personas (entre detenidos y trabajadores) habían contraído el nuevo coronavirus en Stewart. Tres detenidos habían muerto. Argueta agrega que muchos detenidos tuvieron que ser hospitalizados, mientras otros enfrentaron la enfermedad en condiciones de segregación.

En los videos, un cubano detenido cuenta que pasó 14 días enfermo “en un foso”. “Ese es el aislamiento que se da aquí”, enfatiza. Otro denuncia que estuvo enfermo una semana, sin recibir atención médica, y que luego fue regresado junto a sus compañeros sin realizarle ninguna prueba.

El temor es mayor para aquellos que, como Yosvel, padecen enfermedades respiratorias u otras que constituyen factores de riesgo para el coronavirus. Argueta sostiene que estos detenidos solicitaron su liberación a medida que el virus se propagaba en la institución, pero la mayoría de sus solicitudes no recibieron respuesta. “Incluso cuando los tribunales federales y los tribunales penales de todo el país ordenaron la liberación para proteger a las personas”, concluye.

A Yosvel lo trasladaron en noviembre a un “búnker” con 14 personas que padecen enfermedades respiratorias, lo cual implicó una pequeña mejoría, pues en el anterior convivían 62 detenidos en un espacio cerrado. En diciembre, su familia continúa preocupada por la expansión del virus dentro de Stewart.

Buscando el asilo

En una carta que ha enviado a organizaciones de derechos humanos, a la prensa y a todas las entidades y personas que quieran escuchar su historia, Yosvel relata que él y sus compañeros se entregaron de forma voluntaria a los agentes en la frontera entre México y Estados Unidos, en Texas, a su llegada al país en el 2019. Otros detenidos insisten en que, al entregarse, buscaron “hacer las cosas bien, legalmente”.

Según una norma de 2009, los solicitantes de asilo que se entreguen a las autoridades migratorias en los puntos fronterizos deben ser liberados con un parole, si demuestran que no son un peligro o riesgo de fuga. El Southern Poverty Law Center denuncia que, bajo la administración Trump, la aprobación de paroles para solicitantes de asilo disminuyó drásticamente.

Para muchos detenidos en Stewart, llegar a suelo estadounidense luego de atravesar largas rutas por Centroamérica, expuestos a numerosas violencias, representaba el comienzo de una vida. Sin embargo, no resultó la que imaginaban.

En julio de 2019, última fecha con datos disponibles, ICE mantenía en sus centros de detención a 55 654 personas, de las cuales 8802 eran cubanas. En ese mismo mes, la administración Trump anunció una medida que sería un duro golpe para las peticiones de asilo de inmigrantes procedentes de diversos países de América Latina, incluido Cuba: se les negaría el asilo a quienes no hubieran solicitado protección en al menos un país por el que atravesaron en su ruta hacia Estados Unidos.

Esto aplica también para los cubanos, como aclaró Mauricio Claver-Carone, exasesor especial de Donald Trump. “Estados Unidos no es el único sitio donde estarían seguros. Pensamos que estarían seguros tanto en Honduras, Guatemala, El Salvador o México, por lo cual nuestro principal interés con los cubanos es que estén seguros, que no sean perseguidos por el régimen, por la dictadura en Cuba y sentimos que en estos países de tránsito podrían pedir asilo”, declaró el funcionario.

La medida se inscribe en el contexto de cerca de 400 órdenes ejecutivas emitidas por la administración Trump que han modificado radicalmente el sistema de inmigración en Estados Unidos. Con ellas se registra una cronología de acciones con una clara orientación antiinmigrantes.

Como resultado de esa orientación, según Barbara Hines, abogada estadounidense de derechos de inmigración y fundadora de la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, el sistema de asilo de Estados Unidos fue degradado sistemáticamente. Para la especialista, si bien las políticas migratorias que implican violaciones de los derechos humanos no comenzaron con Donald Trump, “bajo su gobierno, alcanzaron dimensiones antes desconocidas, en el marco de una expansión de los discursos xenófobos y antiinmigración”.

La corte de inmigración de Stewart tiene una de las tasas de deportación más altas de Estados Unidos. En el 2019, denegó el 87 % de los casos de asilo. Entre los años federales de 2018 y 2020 aumentó considerablemente el número de cubanos que esta corte ordenó deportar, al pasar de 5 a 85 (y 58 en 2019).

La deportación de cubanos desde Estados Unidos, que por décadas no fue aceptada por el Gobierno de la Isla, encontró un camino a partir de 2017, con el fin de la política de “pies secos, pies mojados” al final de la administración Obama. A la par de esta medida, que dio un vuelco a las facilidades migratorias que hasta entonces habían disfrutado los cubanos a su llegada a Estados Unidos, se estableció un acuerdo mediante el cual Cuba aceptaba recibir a un grupo de casi 3000 cubanos con órdenes de deportación, que emigraron a Estados Unidos por el puerto del Mariel.

Las autoridades cubanas condicionaron la ampliación de este grupo inicial a un análisis detallado de cada caso, al que deben responder en un periodo de 90 días. Mientras, el temor se extendía entre cubanas y cubanos que buscaban regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, que ahora veían a la deportación como una posibilidad viable.

En el 2019 se calculaba que había unos 39 000 cubanos con órdenes de deportación. Ese año se deportó a 1179, un incremento del 600 % desde que inició el acuerdo. Para muchos, el vuelo puso fin al limbo migratorio que implica no poder acceder a una vida como residentes o ciudadanos en Estados Unidos, ni tampoco regresar a su país de origen. Para otros como Yosvel, que ya firmaron sus órdenes de deportación, pero continúan detenidos, el limbo se hace infierno.

La vida en la pantalla

Yania dice que su familia está al tanto de la situación de Yosvel en Stewart no solo por sus llamadas, sino también porque mantienen comunicación con las organizaciones que los asisten y con familiares de otros cubanos en la misma situación. “Así nos enteramos de cosas que él no nos dice porque no nos quiere preocupar más”. Se refiere a las crisis asmáticas de Yosvel, que han sabido de boca de los familiares de otros detenidos.

Ese y otros dolores no están de un solo lado de la pantalla. En Cuba, la familia de Yosvel languidece.

“Cada vez que voy al médico con mi mamá, por su enfermedad, también le dicen que tiene problemas nerviosos, porque ella siempre está con la presión alta y la preocupación constante por él”, cuenta Yania. Aclara que Yosvel es el único hijo varón y que siempre vivió con sus padres.  

Yania tiene 42 años, está casada y es madre de dos hijos: uno de 20 años, estudiante de Derecho, y otro de siete, que cursa la enseñanza primaria. Ella padece del síndrome de Wolff-Parkinson-White, una afección cardíaca que provoca arritmias, palpitaciones y mareos. Su padre, Edel Ferrer, de 74 años, lleva 19 años encamado debido a un infarto cerebral que le afectó sus capacidades comunicativas y motoras.

“Yo quisiera que tú vieras cómo mi papá se pone cuando Yosvel pide verlo en una videollamada —dice—. Aunque mi papá no habla, ni camina (está postrado), sí lo conoce y lo ve, y se pone mal. A mí todo eso me pone peor también, porque estoy viendo cómo está él allá y a mis padres aquí sufriendo”.

Yania asegura que lo peor para su familia es la incertidumbre; no saber cuándo liberarán a Yosvel ni bajo qué condiciones. “Todo lo que ha pasado es muy injusto, porque él no ha cometido ningún crimen, solo quiere trabajar. Incluso, él no entró escondido a los Estados Unidos; él se entregó, se presentó voluntariamente a cumplir los mecanismos legales que estuviesen establecidos. Confió en que la situación iba a ser diferente, y todo ha sido un engaño.

“Si allá no lo van a aceptar, pues que lo devuelvan, si aquí él tiene su casa, su familia. Tendrá problemas en conseguir trabajo, pero por lo menos estaría sano y con nosotros. Y si lo van a soltar, que lo suelten; él también tiene familia allá, que se hace cargo de él. Además, es un profesional, con deseos de trabajar y no va a ser una carga. Pero es que no toman ninguna decisión, ni para acá ni para allá, y sigue encerrado pasando necesidades”, añade.

Solo quieren verlo libre, en Cuba o en Estados Unidos. Yania sabe que eso la une con muchas otras familias. “Yo defiendo a mi hermano porque es mi hermano, pero pienso en todos los que están pasando por esto, que es terrible, y también en sus familias. Quisiera que todos pudieran resolver esa situación, porque puede ser gente buena e inocente igual que él, que solo quieren salir adelante en los Estados Unidos. Están cometiendo una gran injusticia con ellos; es una cuestión de humanidad”, concluye.

A Ariel Pérez Álvarez le tiembla la voz mientras relata que lleva más de un año y medio en Stewart. En el video, con un retraso en el sonido y ocasionales pérdidas de conexión, que dificultan entender algunos fragmentos, pueden escucharse claramente las palabras “desesperación” y “mentira”. “Nos engañaron con el parole, nos engañaron con la fianza”, añade otro detenido.

El fin de la administración Trump y la transición al Gobierno de Joe Biden, si bien generan esperanzas de un cambio en la política de inmigración, podrían retardar los procesos en curso.

“Queremos que nos liberen o nos deporten para Cuba (…) Nos van a tener presos aquí no sé hasta cuándo ni cómo”, dice Ariel. Con un gesto de desesperación, le cede los audífonos a un compañero que, desde atrás, intentaba ayudarlo a exponer su caso, viendo cómo las palabras le fallaban.