Caleidoscopio:  15 de noviembre (I)

Después de casi dos años en los que el manejo de la pandemia y la puesta en práctica de reformas económicas han ocupado el centro de la acción del gobierno cubano, un hecho ha venido capitalizando la agenda mediática sobre la Isla: la convocatoria a una marcha antigubernamental que sus promotores han calificado como “pacífica y cívica” y el gobierno como “ilegal por estar promovida por el gobierno estadounidense”.  

En Cuba se vive una crisis económica profunda, un momento muy álgido en las relaciones con la administración Biden, que cambiando de giro ha mantenido la política de sanciones a niveles extremos, heredada de su predecesor. El país se encuentra en el centro de cambios económicos que acentúan la desigualdad y la precariedad de los sectores más vulnerables.

Con los antecedentes del 27N y el 11J y sus manejos político y mediático, la convocatoria propuesta por el grupo Archipiélago —que coincide con la apertura de fronteras cubanas al turismo y la vuelta a la normalidad de varios sectores— constituye otro momento de tensión. Sobre sus posibles causas y soluciones, OnCuba preguntó a intelectuales cubanos de diferentes saberes y posturas.

Aquí están, para empezar, las respuestas de Dmitri Prieto¹ y Arturo López Levy². 

¿Cómo se llega al conflicto desplegado en torno a la convocatoria a la manifestación el próximo 15 de noviembre?

Dmitri Prieto: Después del 11 de julio, en Facebook se crea el grupo Archipiélago por el dramaturgo Yunior García, quien había actuado como una especie de mediador con las autoridades durante la sentada frente al Mincult la noche del 27 de noviembre.

Desde el inicio, el grupo se fija como una meta convocar a personas a una manifestación pacífica para defender un conjunto de demandas frente al gobierno, incluida la liberación de personas presas desde julio. Presumiblemente, el carácter pacífico y planificado de esa manifestación haría de contrapartida a los actos del 11 de julio, que se asumían como explosión social espontánea y no carente de violencia.

No estaba del todo clara la agenda política que enarbolarían los futuros manifestantes, pero sí su carácter de opositores al sistema cubano actual.

Además de convertirse en un espacio de expresión, fundamentalmente para usuarios de tendencias liberales-capitalistas dentro y fuera de Cuba, y entre quienes rápidamente se establecieron consensos mayoritarios que incluían el considerar la existencia del bloqueo gubernamental estadounidense y de una intervención en Cuba más como un componente del discurso de la propaganda política oficial que como realidad. Como consecuencia, Yunior García y otros activistas a cargo de la coordinación de Archipiélago han evitado colocar el cese del bloqueo estadounidense a Cuba entre las demandas de la marcha.

En el grupo Archipiélago solicitó permiso para la manifestación desde diferentes provincias, primero para el 20 de noviembre, y una vez convocada por el gobierno la semana de la defensa nacional, que incluía esa fecha, para el día 15. Una vez presentadas, las autoridades municipales las declinaron, motivando la negativa con las características personales de los solicitantes: sostuvieron que son, básicamente, agentes del injerencismo estadounidense, y ello niega la premisa de que pudiesen protagonizar una marcha pacífica.

Por eso se alegó que el derecho a la manifestación no es aplicable en este caso. Posteriormente se incorporaron a los medios oficiales acusaciones contra quienes convocaron la marcha, fundamentalmente el dramaturgo Yunior García, y se produjeron varios actos de repudio contra ellos, a la vez que fueron informados  por la Fiscalía acerca del presunto carácter ilegal de la manifestación que convocaron.

A Yunior se le acusa de estar apoyado por agentes del poderío estadounidense, por terroristas de origen cubano, por otros emigrados a Estados Unidos enemigos del actual gobierno de Cuba, así como por estructuras internacionales que trabajan para la desestabilización de regímenes estatales nacionalistas. Por otra parte, en las redes han aparecido fotografías y noticias sobre grupos de personas favorables al gobierno cubano que supuestamente se estarían preparando para dar una respuesta violenta ante cualquier intento de marcha o protesta el 15 de noviembre.

Paralelamente, se ha acusado al propio Yunior y a sus seguidores de querer no solamente violar la Constitución proponiendo un cambio de régimen y asociándose con enemigos, sino también de promover la violencia. La TV ha reproducido imágenes violentas de las protestas del 11 de julio como modelo de lo que pretenden hacer las fuerzas opositoras el 15 de noviembre.

Por otra parte, un grupo de usuarios de Facebook y Telegram denominado Utopía Revolucionaria–Cuba, de integración principalmente de izquierda (tanto crítica, como oficialista) organizó un debate por audiochat entre Yunior García y Yassel Padrón, propietario de ese grupo. Resulta interesante que la opinión sobre “quién ganó” en el debate varía en 180 grados en dependencia de si quien emite la opinión es defensor de Yunior o del oficialismo.

Más recientemente Yunior cambió el formato de la convocatoria, comprometiéndose a protagonizar una marcha en solitario por La Rampa el 14 de noviembre, y llamando a sus seguidores a salir el día siguiente con ropas blancas, en solitario o en pequeños grupos, bajo el pretexto de evitar la violencia. También los obispos católicos cubanos han publicado un comunicado pacificador, y otro texto más tajante fue divulgado por un grupo de sacerdotes cubanos de la misma iglesia.

Arturo López Levy: Las razones estructurales son dos: 1) el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, reforzado por Trump y mantenido sin variación por el presidente Biden, 2) Los errores del sistema leninista cubano, negligente ante los costos en pobreza, desigualdad, inflación y corrupción derivados de un excesivo gradualismo en la conducción de las reformas.

En la coyuntura, está la epidemia de la COVID-19 y la instrumentación de la misma en la guerra de información de Estados Unidos con el concurso de opositores sin lealtad a la soberanía de Cuba, tal y como la concibe el Derecho internacional. A tenor de las aperturas de la década pasada, entre ellas el acceso a Internet, esos opositores, cubanos favoritos de la administración de turno en Washington, madrugaron al gobierno el 11 de julio usando demandas legítimas mezcladas con desinformaciones y tergiversaciones de una supuesta crisis humanitaria, con un pedido desubicado de intervención. Ese evento les sirvió de acicate y se han lanzado a un conato sin resolver el dilema de ser oposición leal, nunca apostasía.

A propósito de una manifestación

¿Cuáles son los actores, sectores y tendencias que pueden identificarse en el caso de esta convocatoria y los procesos asociados a ella?

D.P.: Ha existido una tendencia en Archipiélago, probablemente no mayoritaria, pero sí activa en extremo dentro de lo que se puede ver en los medios digitales del grupo, y tolerada por sus liderazgos, que tiende a negar la existencia real de un bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos, así como de proyectos intervencionistas contra el territorio cubano (alegando un supuesto acuerdo con Rusia, que dicen que es continuidad del compromiso asumido a raíz de la crisis de 1962 con la URSS).

Los autodenominados marxistas y “revolucionarios” son también usualmente fervientes defensores del capitalismo chino y de regímenes fundamentalistas, misóginos y homófobos como el iraní (aunque también se posicionen como defensores de colectivos LGBTIQ+ y del feminismo), “por cuanto se oponen a Estados Unidos”. Se trata de una polarización meramente ideológica, y basada en lealtades de tipo medieval, asumiendo la acepción ideología=falsa consciencia, donde los hechos (así como cualquier ética no maquiavélica) se ponen a un lado, y se asume una actitud de true believers, mimética de la que Cuba ya conoció en el periodo 1959-1961.

Muchas de las posturas más radicales dentro del grupo Archipiélago, especialmente las que llaman a una insurrección violenta directa, corresponden a personas que no se encuentran en Cuba si uno revisa sus perfiles digitales.

Se asumen las identidades políticas como fijas, se autoatribuye la plenitud de la verdad frente a un “Gran Satán” o “Príncipe de las Mentiras” que puede llamarse “comunismo” o “imperialismo”, indistintamente. Lo otro que eventualmente pudiera resultar “malo” corresponde a “males menores” o simples “daños colaterales”. Esa construcción fija, maniquea y maquiavélica pulula en ambos bandos.

Es una situación que moviliza contingentes de jóvenes bajo banderas contrapuestas, situación difícil de imaginar unos diez años atrás. Pero esta es otra generación, y otro nivel de alienación.

Obviamente, existen también personas de mentes más sensatas y dotadas de empatía. Son muchas, pero las palmas de la popularidad pertenecen a las del contingente anterior. Y, al parecer, les ha tocado configurar el terreno mismo sobre el que ocurre la confrontación de discursos hegemónicos rectores, que no de ideas.

A.L.L.: Hay cuatro actores a nivel interno: 1) el gobierno y su amplia gama de partidarios activos, 2) los partidarios pasivos del gobierno que, discrepando de este, tienen intereses, valores, motivaciones ideológicas y políticas –por ejemplo nacionalistas–, que los llevan a concurrir con el mismo ante amenazas a la soberanía del país, 3) los adversarios pasivos del gobierno, que tienen razones oposicionistas pero que por intereses, temor a la represión, cobardía o doble moral, convicciones o reservas no se embarcan en la acción oposicionista, 4) la oposición activa.

Esos actores operan en un contexto externo signado por el conflicto de soberanía entre el Estado cubano y la política imperial ejercida por Estados Unidos con el apoyo mayoritario de la oposición activa. En términos de tendencia, si la crisis sanitaria y la posposición y el mal manejo de las reformas prometidas actúan en detrimento del gobierno, el recrudecimiento del bloqueo y la actitud ambigua o sumisa de la oposición refuerzan el aglutinamiento patriótico en torno a la bandera. Quien apoya o tiene una actitud ambigua ante el bloqueo no es activista de derechos humanos.

¿Qué alternativas existen para la solución, contención o tramitación de este conflicto específico desde el gobierno y desde la sociedad civil diversa?

D.P.: Ya en la pregunta anterior hablé de la posibilidad de que, por ejemplo, una hermandad de artistas se convierta en fuerza intercesora. Pero ya no bastan simples declaraciones y comunicados. En el duro verano de la COVID-19, la sociedad cubana mostró su empatía en los cientos de acciones de donaciones espontáneas de medicamentos a lo largo y ancho del país. Una organización desde la base, desde las raíces de la comunidad, es lo que salva la situación. Debemos aprender, reaprender a hacerlo. Y si es necesario, interponernos entre los falsos extremos, rociarlos con agua helada para que entren en raciocinio ante los hechos. Interponernos, si fuese necesario, físicamente. Curar.

A.L.L.: No hay conflicto entre el gobierno y la sociedad civil diversa sino entre el gobierno y un sector de la sociedad política opositora. Es una falta de objetividad o una manipulación hablar de un conflicto entre gobierno y pueblo o de la marcha representando a la sociedad civil. Incluso a nivel de estructura teórica, no es desde la sociedad civil que se gestan proyectos para competir por el derecho a ejercer el poder estatal. La distinción entre sociedad civil y sociedad política es muy importante en contextos postotalitarios como el cubano, particularmente para entender las diferencias entre democratización y liberalización.

Lamentablemente, no veo alternativas de solución, contención o manejo del conflicto ni a corto ni mediano plazo, dada la identidad de los actores preponderantes y el contexto de acoso externo adverso a la acción de actores moderados y posrevolucionarios. No se trata de falta de conocimiento o comunicación entre las partes. Se trata de posturas a ambos lados que son polarizadas e irreconciliables.

De un lado está el unipartidismo leninista de vanguardia, incompatible con el pluralismo político existente en la sociedad cubana actual. Su identidad es parcialmente patriótica, pero no democrática.  En lugar de la soberanía popular postula la soberanía del PCC. Es un paradigma incompatible con el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Del otro una oposición que, como los Borbones en Francia, ni olvidan ni aprenden nada, sin romper con la larga tradición plattista de Playa Girón y la Ley Helms Burton. Su identidad es anticastrista, pero sin compromiso alguno con la soberanía del país, ni con el Derecho internacional, ni con el lugar dentro del mismo de las convenciones de derechos humanos. No son una oposición leal.

Con esos actores en los papeles protagónicos, la alternativa sería un cambio de contexto que permita la construcción de otros actores y tendencias. Por eso sería tan importante un cambio de política por parte de Estados Unidos o un periodo de crecimiento económico orientado al mercado que levante una clase media próspera con más autonomía política en la sociedad cubana transnacional. Es un escenario difícil, pero posible a largo plazo.

Hacia el futuro, ¿las declaraciones, normas y medidas que ha tomado el gobierno cubano en este caso dejan posibilidad a la manifestación pública como forma de expresión social no oficial? ¿Qué límites están planteados? En su opinión, ¿cómo podría ejercerse ese derecho en Cuba?

D.P. Se ha fijado un precedente de que la Constitución es la interpretación que se da de ella. Interpretación basada en hipótesis, a veces sin pruebas, pero casi siempre extensiva, creadora de presunciones. Sería interesante averiguar qué legislación rige para las manifestaciones por debajo de la Ley de Leyes y si fue violada o no. Puede haber disposiciones vigentes aun desde la época de la Colonia. Lo difícil es que se pueda revertir el precedente de la prohibición, una vez establecido.

Pero el gobierno también debe tomar en cuenta que hay entre un cuarto y un quinto del electorado que no votó “sí” a la Constitución. Mas bien lo hubo en 2019 entre quienes votaron “no”, en blanco, anularon sus boletas, o simplemente no asistieron a las urnas del referendo en un momento en que había urnas hasta en hospitales y terminales de ómnibus. Y desde 2019 la situación social no ha hecho más que empeorar, lo cual hace pensar que la oposición espontánea ya constituye más de un habitante entre cada tres o cuatro de quienes caminamos por esta tierra.

A.L.L.: No es correcto decir que el gobierno cerró todo margen legal a la manifestación pública. Al menos, no se probó. Los promotores de la marcha ni fueron a los tribunales a disputar las razones ofrecidas en la denegación de su petición, como lo permiten los artículos 98 y 99 de la constitución, ni han probado a atender las condicionantes y criticas planteadas desde el ejecutivo dentro del marco constitucional al que invocan ambas partes.

Hipotéticamente, el gobierno no ha cerrado la puerta a una manifestación pública desde la sociedad civil o incluso desde la política. Ha dicho que el cuestionamiento de sus acciones o posturas es “ilegitimo” e “ilegal” sino incluye: 1) repudio total y disociación tanto del bloqueo como de los mecanismos de financiación de cambio de régimen impuesto desde afuera a tenor de los propósitos de la ley Helms, 2) repudio y ruptura no solo con la política de bloqueo sino también contra cualquier partidario o beneficiario de la misma, 3) aceptación de la legitimidad de la estructura legal cubana para resistir ese acoso externo y cualquier acto de violencia, incluidos los actos vandálicos cometidos en paralelo a las manifestaciones pacíficas del 11 de Julio.

¿Es posible pensar una oposición leal al país y crítica del gobierno dentro de esos marcos? La pregunta se hace más compleja si se incluye la invocación al socialismo perpetuo, reiterada en la respuesta oficial. Aquí empiezan los intereses del Partido Comunista y terminan los patrióticos. Habría que ver ante un tribunal o la Asamblea Nacional cuál es el contenido de esa ficción de “perpetuidad”.

No es que el Estado-partido esté dirigido por demócratas incomprendidos en el clóset. Sus lideres son leninistas y han justificado múltiples abusos a partir de la construcción del “hombre nuevo” y la condición de fortaleza sitiada. No han cumplido con las regulaciones internacionales sobre el ejercicio del poder en condiciones de emergencia. Sucede, sin embargo, que nunca se puso a prueba la legalidad del ejercicio de una oposición leal, crítica del gobierno, pero aceptando las condiciones arriba planteadas.

Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2020 el viceministro Fernando Rojas propuso continuar el diálogo apenas excluyendo a aquellos participantes en la agenda de cambio de régimen, financiados desde la misma legislación del bloqueo. No ocurrió, pues el grupo opositor se negó a distanciarse, excluir y condenar a esos sectores en aras de una alegada unidad. Eso de que o se dialoga con todos o no se dialoga con nadie es de un amateurismo político atroz. Lo único peor que un político profesional es un político no profesional.

¿Qué papel juega el asedio y la política injerencista estadounidense y su programa para el “cambio de régimen” en Cuba, de cara a la obligatoriedad del gobierno de lidiar las diferencias, críticas, disidencias y la necesidad de diálogos para la creación de consensos? ¿Qué implica ello para el ejercicio de los derechos ciudadanos?

D.P. Las políticas imperialistas hacia Cuba son un claro factor invasivo y desestabilizador que lastran la autonomía del pueblo cubano. No es, obviamente, el único. Hay que tenerlo en cuenta y asumirlo como una realidad estratégicamente adversa. No hacer juegos de alianzas. Tampoco caer en el “colonialismo de resistencia” cuando la liberación se hace dependiente de la existencia y el poderío del adversario que así, por contraposición, la dota de forma y llega a limitar dramáticamente su capacidad de crear. Ese “colonialismo de resistencia” se ve en la actitud casi fanática de quienes practican las posiciones antisemitas frente a las traquimañas globalistas de un Soros mientras cantan loas al presidente “socialista” de Bielorrusia, el mismo que precarizó a toda la clase trabajadora de su país al privarla de contratos permanentes de empleo. Creen que oponerse a Estados Unidos automáticamente hace “progre” a alguien. De ahí que también les canten loas –aunque a veces silenciosas– a los talibanes. 

Una autoorganización popular despierta y consciente (aware) frente al bloqueo y también ante las otras dominaciones es la salida, en mi humilde criterio. 

A.L.L.: El asedio y la injerencia estadounidenses están probando, una vez más, todo lo negativo que han sido y son para la política cubana. Derrotar al bloqueo estadounidense y sus cubanos favoritos es crucial para una construcción de derechos humanos (ni las colonias ni los protectorados son democracias) desde lo que José Martí llamó “la moderación probada del espíritu de Cuba”.

Ahora, mientras se insista solo en culpar los factores externos no se asumirán las responsabilidades propias.

El gobierno tiene la responsabilidad soberana de poner al país por encima de sus preferencias ideológicas, implementar reformas y políticas que hagan el bloqueo irrelevante, priorizando el desarrollo como meta nacional, por encima de la preferencia leninista de control totalitario. Claro que tiene poderes de emergencia para defender la soberanía, el orden público y la seguridad nacional pero esas prerrogativas no son ilimitadas y no lo eximen del deber de respetar los derechos humanos tal y como están concebidos en la Declaración Universal, construyendo espacios de diálogo y consenso por lo menos al interior del bloque histórico patriótico.

La oposición tiene también la responsabilidad de ser leal al país, diferenciándose en términos inequívocos de la apostasía, arremetiendo y tomando distancia contra el bloqueo estadounidense, sus partidarios y financiados favoritos. Es una política contra el pueblo de Cuba, ilegal, inmoral y contraproducente. Una violación sistemática, flagrante y masiva de los derechos humanos. Si una postura de denuncia y repudio del bloqueo divide al anticastrismo, lo priva de importantes fuentes de su financiamiento, y lo obliga a pensar solo en soluciones a largo plazo, pues que así sea. La democracia no puede ser resultado de un compromiso fáustico.

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¹ Dimitri Prieto: Profesor, investigador y activista social, aspirante a Doctor en Antropología Social, y autor del libro Transdominación en Haití (2011), entre otros textos.

² Arturo López-Levy: Profesor de Política y Relaciones Internacionales en Holy Names University. Es Doctor en Estudios Internacionales de la Escuela Josef Korbel de la Universidad de Denver. Estudió maestrías de Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York y Economía en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. En Cuba se graduó en la Academia Diplomática (ISRI). Es coautor del libro “Raúl Castro and the New Cuba; A Close-up view of Change”, McFarland, 2012. En 2005, ganó el premio “Leonard Marks” de ensayo creativo sobre política exterior de Estados Unidos que otorga la Academia Americana de Diplomacia. Nació en Santa Clara, Cuba. Vive en Berkeley, California.