Amado Viera
Los más de mil millones de pesos gastados en la construcción del trasvase este-oeste, en Holguín, no se tradujeron hasta ahora en un aumento de la producción agrícola; más bien lo contrario.
A partir de 2010, el año en que la provincia nororiental comenzó a beneficiarse de esa gigantesca inversión, la mayoría de las actividades agropecuarias experimentaron una mejora temporal. Pero desde mediados de la década la tendencia se revirtió. En 2020 los principales cultivos cerraron sus balances con los registros más bajos del siglo.
Los casos extremos fueron los del maíz, el plátano y los tubérculos (papa, boniato y malanga). La cosecha del cereal, que entre 2010 y 2015 había crecido de 8.804 a 15.133 toneladas, en 2020 se redujo hasta las 2.697 toneladas (69,4 por ciento menos de lo que se producía 12 años atrás). En el período los acopios de plátano y tubérculos, las cosechas también acusaron contracciones significativas: del 67,8 y 57,9 por ciento, respectivamente. Y la producción lechera cayó más de un 61 por ciento, hasta alrededor de 14,7 millones de litros.
Solo el arroz consiguió escapar a la tendencia decreciente, duplicando su producción entre 2010 y 2020. Ese hecho amerita una acotación. En 2020 la cosecha arrocera de Holguín (1.043 toneladas) siguió siendo prácticamente testimonial respecto al volumen que necesita la provincia para satisfacer la demanda de su población (55.000 toneladas).
Más que levantar presas y tender canales
La jerarquía de “obra estratégica”, y la participación en sus trabajos de la Unión de Construcciones Militares (UCM), han colocado al trasvase este-oeste bajo la condición de virtual secreto de Estado. Las informaciones que al respecto se divulgan suelen ser cuidadosamente filtradas e incompletas.
El proyecto del trasvase holguinero comenzó a ejecutarse en 2005, dividido en seis fases. Las dos primeras, concluidas en 2009 y 2012, son las que mayor publicidad han recibido debido a su magnitud e impacto social. En ese período entraron en funcionamiento las conductoras de agua a la ciudad de Holguín y el balneario de Guardalavaca, y la presa Mayarí, que con 354 millones de metros cúbicos de capacidad se convirtió en la tercera mayor de Cuba.
Una nota del periódico ¡Ahora!, publicada en abril de 2017, reveló el principal dato de que se dispone acerca de los costos de la inversión. En la segunda etapa del trasvase se gastaron 501,3 millones de pesos (entiéndanse paritarios al cambio con el dólar). La erogación para ese tramo, inicialmente calculada en 550 millones, se había podido rebajar “gracias a la introducción de nuevas tecnologías”. Teniendo en cuenta la magnitud de los trabajos en la primera etapa del proyecto, y los correspondientes a la tercera (iniciada en 2012), no parece aventurado estimar que más de mil millones de pesos se habrían empleado hasta ahora en la obra. Varios cientos de millones más harán falta para que la acequia llegue al norte de la provincia de Las Tunas, su zona de destino.
Los beneficios del trasvase deberían pagar con largueza su inversión. En particular, por el crecimiento de las cosechas en la que es una de las provincias más pobladas del país, pero con peores resultados agropecuarios y mayor vulnerabilidad a la sequía.
“Con lo que tenemos creado en la primera etapa, podemos poner bajo riego 12.800 hectáreas, es decir, unas 6.570 desde la presa Mayarí hasta la Birán, y el resto, unas 6.230, hasta la zona del canal Nipe-Deleite”, le anticipó a ¡Ahora! Roberto Pupo Verdecia, el director de la Empresa de Servicios Ingenieros de la Dirección Integrada de los Proyectos de Trasvases. Otra información oficial, citada por la agencia EFE en enero de 2018, aseguraba que “las acciones del Programa de Desarrollo Agropecuario Asociado al Trasvase han hecho que se elevara 14 veces la producción de granos en Mayarí”.
Pero al cabo de cuatro años la realidad es muy diferente.
Así lo reconoció, en noviembre de 2021, el primer secretario del Partido Comunista en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez: “En Mayarí marchan por el camino correcto, pero están muy lejos de cumplir las expectativas en la producción de alimentos”.
A estas alturas ese municipio debía haberse convertido en el mayor productor agrícola de la provincia, merced de la disponibilidad de tierras bajo riego y su numerosa población rural. Pero cuando el dirigente recorrió los campos de Valle Florido y Nipe se encontró con que muchas tierras no habían sido siquiera surcadas, debido a la falta de mano de obra, y que varios canales se encontraban tupidos por las malezas. El per cápita de viandas, hortalizas y frutas, fijado por el Gobierno en 30 libras al mes, apenas alcanzaba las 23 libras según los informes.
Mayarí es un municipio singular. Con el 36 por ciento de su población viviendo en zonas rurales, no debería encontrar dificultades para cubrir las nóminas de las empresas agropecuarias. Tampoco se esperaría que las enfrentaran los otros municipios que recorre el trasvase. Mientras a nivel de país la población rural se situó en el 23 por ciento al cierre de 2020, en Sagua de Tánamo representó el 50,2 por ciento del censo, y en Báguano, el 64 por ciento. Incluso Cueto, la demarcación más urbanizada de la zona, supera en más de 10 puntos porcentuales el promedio nacional de habitantes rurales.
Sin embargo, las autoridades llevan años quejándose de la escasez de trabajadores disponibles para las actividades agrícolas.
Pocos días después de aquel recorrido del primer secretario por el municipio de Mayarí, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa viajó a la ciudad de Holguín al frente de una comitiva de la que formaban parte los vice primeros ministros Inés María Chapman y Jorge Luis Tapia, y el ministro de la Agricultura, Ideal Pérez Brito. Fue una reunión extensa, a la que la prensa local brindó una cobertura inocua, aunque sus conclusiones no lo fueran tanto. La principal fue un llamado de atención planteado por Valdés Mesa. La utilización del trasvase es “aún ineficiente”, sobre todo si se tiene en cuenta la magnitud de la inversión, cuestionó.
¿Qué faltó en el proyecto?
En los últimos tiempos se hicieron recurrentes las críticas al sistema de la agricultura en Holguín, por los altos precios de los alimentos o su marcada escasez. “La opinión de la gente es que esta es la provincia con los precios más altos de Cuba”, se lamentó una holguinera consultada para esta nota; al punto de que “antes a muchas personas les daba negocio viajar a Las Tunas y Bayamo, para comprar en las ferias y luego revender aquí”, agregó.
La impresión, a primera vista, es que las inversiones en las grandes infraestructuras del trasvase no fueron complementadas por un impulso similar en los canales secundarios y otras obras de distribución. Y que la ejecución constructiva no implicó cambios de fondo en las dinámicas de la zona.
En 2011 un estudio desarrollado por el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, entre los pobladores de Seboruco, una de las comunidades mayariseras directamente afectadas por el proyecto, reveló que solo 60 por ciento veía el trasvase como una opción positiva, que propiciaría el aumento de empleos y beneficios sociales. Y otro 30 por ciento lo recibía con reservas “porque al cambiar el uso y tenencia de las tierras muchos campesinos no pueden ejercer sus labores como agricultores”, criterio que era compartido, en alguna medida, por el 10 % restante. La investigación recomendaba complementar las inversiones en la obra hidráulica con otras centradas en la calidad de vida de los lugareños y su economía a pequeña escala. El objetivo era propiciar un cambio de fondo en la realidad del territorio.
La dinámica de los acontecimientos determinó que acabara atendiéndose en mayor medida el primero de esos acápites, en tanto los demás se postergaban. Doce años después los volúmenes de las cosechas indican que algo se hizo mal.
