Enrique Ludano
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros funcionarios y un empresario, fue condenada este martes por corrupción en la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante el período de 2003 a 2015.
Como vicepresidenta, Fernández tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2023 y por lo tanto cuenta con fueros que la hacen inmune a una condena que, de todos modos, para surtir efecto debe ser confirmada por otras instancias judiciales.
Se trata de un hecho político central en Argentina tanto por el rol de la principal acusada como por el uso que la oposición y buena parte del sistema de medios de comunicación han hecho del caso. Estas son las cinco preguntas que hay que hacerse ahora:
1. ¿Qué dice el fallo?
El Tribunal Oral Federal número 2 condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
Junto a ella, fueron condenados otros siete acusados, entre los que se encuentran exfuncionarios y Lázaro Báez, el empresario supuestamente beneficiado con el encargo de 51 obras públicas. Se trata de la llamada “Causa Vialidad” en la que se acusa al Gobierno —de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después— de haber favorecido a través de leyes de presupuesto y partidas presupuestarias excepcionales a Báez, empresario en proyectos de construcción de carreteras y puentes. Según el anticipo de los argumentos, se probaron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial (Austral construcciones)”.
2. ¿Cómo continúa el proceso judicial?
Fernández y el resto de los condenados pueden apelar a la instancia superior, apelación que luego puede ser elevada ante la Corte Suprema de la Nación. Hasta entonces, la vicepresidenta no irá a prisión porque la sentencia no estará firme. El proceso de apelaciones puede durar varios años.
Mientras no haya sentencia firme, no se ejecutará la condena y esto aplica también al decomiso de 84 mil millones de pesos argentinos que fijaron los jueces entre los condenados. El próximo 9 de marzo, el Tribunal dará a conocer los argumentos de la sentencia que se conoció ayer. A partir de entonces las partes podrán apelar. La defensa de Cristina Fernandez lo hará.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola anunciaron que, a su vez, también apelarán. La condena no ha sido lo suficientemente estricta según ellos. Van a insistir con la figura de “asociación ilícita” desestimada por el jurado y que engrosaría la pena.
3. ¿Qué puede ocurrir con el veredicto?
Si bien la condena implica que Cristina Fernández no podrá ocupar cargos públicos electivos, al no estar firme (es decir, al existir aún instancias de apelación), Cristina podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, en un comunicado transmitido en vivo luego de conocerse la sentencia, la vicepresidenta anunció que no se presentará como candidata a ningún cargo (“ni para presidenta, ni para senadora o diputada”) en un intento por desafiar a quienes, según ella, buscan “proscribirla”. CFK apunta a ciertos empresarios (en especial, el CEO del Grupo Clarín, Hector Magnetto) vinculados con la oposición política (en especial, el expresidente Mauricio Macri) y la corporación judicial federal.
El fallo del Tribunal Oral Federal se vivió como un verdadero hecho político tanto por la oposición como por los simpatizantes de Fernández (dos veces presidenta).
Los edificios del Poder Judicial nacionales fueron rodeados por miles de manifestantes kirchneristas. El centro de Buenos Aires fue ocupado con grandes movilizaciones en un contexto de enfrentamiento y cuestionamiento al servicio de justicia en Argentina. El movimiento se vio acrecentado por la revelación, días atrás, de que un grupo de jueces, fiscales y funcionarios de la oposición fueron invitados por el mayor diario del país (Clarín) a unas vacaciones en la mansión del magnate Joe Lewis en la Patagonia.
Con todo, el anuncio de Fernandez de Kirchner de abstenerse en las próximas elecciones produjo gran desconcierto entre los militantes peronistas y una sensación de vacío: el Gobierno de Alberto Fernandez está cada vez más escaso de apoyo popular y ningún liderazgo fuerte comparable al de Cristina asoma en el movimiento.
¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022
4. ¿Quiénes defienden el fallo?
Desde diferentes espacios políticos opositores se ha celebrado el fallo. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, lo consideró “un fallo histórico”, ya que “era impunidad o justicia; y se hizo justicia”. Otros miembros del mismo espacio político, como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, consideraron que mientras “no devuelva la plata que se robó, no habrá justicia”. Por su parte, Cristian Ritondo, precandidato a Gobernador por la Provincia de Buenos Aires (mayor distrito electoral del país), puso en duda el anuncio de la presidenta de que no se presentará a elecciones: “Creo que nada de lo que diga Cristina puede tomarse en serio”, sentenció.
5. ¿Quiénes se oponen al fallo?
“Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso”, escribió el presidente —y profesor de Derecho penal— Alberto Fernández en sus redes sociales en la noche del martes. Además, se solidarizó con la vicepresidenta: “sé que es víctima de una persecución absolutamente injusta”, dijo.
La defensa de la acusada centró su argumentación en el hecho de que las obras objetadas fueron aprobadas por una ley del Congreso Nacional votada por oficialismo y oposición, y en que la atribución constitucional de velar por la ejecución del presupuesto corresponde a la Jefatura de Gabinete, no a la Presidencia.
El 5 de diciembre, el exjuez español Baltazar Garzón, consustanciado con la realidad argentina por los casos de violaciones a los Derechos Humanos, publicó una carta abierta al jurado pidiendo a sus miembros que se abstuvieran de una condena, pues “no ha existido respeto a las garantías, las pruebas están contaminadas, ha habido sustracción y alteración de las mismas, los testigos han sido venales, los peritajes manipulados”.
En la misma dirección se viene manifestando el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni, quien desde hace tiempo denuncia la práctica del lawfare en Argentina como estrategia de persecución política a través de la judicialización compulsiva y sistemática.
