Redacción OnCuba
Unos 15 mil cubanos habían recibido la nacionalidad española hasta el cierre de agosto en virtud de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como “Ley de Nietos”.
El Consulado General de La Habana es el de más nacionalidades aprobadas en todo el mundo, según reseña Europa Press, que cita fuentes diplomáticas españolas.
La ley, en su primer año de aprobada y según estos datos, ha propiciado la aprobación de unas 69 mil solicitudes de nacionalidad española en el planeta, hasta el 31 de agosto.
Detrás del consulado habanero se situaban, a bastante distancia, el de Ciudad de México, con más de 8.500 aprobaciones, y el de Córdoba, en Argentina, con casi 5.700.
Europa Press resalta que el ritmo en la concesión de nacionalidades por esta nueva “Ley de Nietos” parece sostenido, “en base a los datos que se han ido conociendo en este tiempo”. Así, al cierre de enero eran unos 12 800 los aprobados, y luego de marzo alrededor de 26.500.
Ya para este corte, Cuba era el país con la mayor número de nuevos españoles inscritos. Para entonces, los cubanos aprobados se acercaban a los 2 mil, entre poco más de 4 mil solicitudes.
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El nuevo reporte no precisa cuántas solicitudes en total han sido realizadas para obtener la ciudadanía española ni en Cuba ni en el resto del mundo, aunque es presumible que se trate de una cifra bastante superior a las aprobaciones hasta la fecha.
Según cifras del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), divulgadas a principios de año, Cuba era el sexto país con mayor número de ciudadanos españoles residentes, sólo superado por Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
De acuerdo con este compendio, en la isla vivían a inicios de 2023 más de 160 mil españoles, casi 120 000 más que en el año 2009. En este crecimiento ha influido notablemente la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, también conocida en su momento como “Ley de Nietos”, y, ahora, la actual legislación.
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Esta ley permite acceder a la ciudadanía española por varias vías, siempre a través de la prueba de conexiones familiares con otros españoles.
La nueva norma estará vigente por dos años, y existe la posibilidad de prorrogarse por un año más si así lo considera el Consejo de Ministros del ejecutivo español.
