Amado Viera
Desde 2021 el número de cubanos beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) cayó al menos un 22 %. En enero de 2021 el entonces viceprimer ministro Marino Murillo informaba que 76 176 personas acudían regularmente a los comedores del SAF en busca de almuerzos y comidas a precios subsidiados; en octubre de 2023 ese grupo se había reducido a “más de 59 mil”, según se informó en una reunión presidida por el primer ministro, Manuel Marrero.
La tendencia no es coherente con la crisis económica en la isla y su dinámica demográfica, marcada por el envejecimiento y en un contexto en el cual, según la directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), Virginia García, en agosto de 2023 más del 70 % de los pensionados en Cuba cobraba pensión mínima.
Entre 2020 y 2023 los ancianos no solo pasaron a representar más del 22 % de la población total de Cuba, sino que además en una proporción creciente cayeron en condiciones de vulnerabilidad debido a los bajos ingresos y la ausencia de familiares más jóvenes en sus núcleos famliares a causa de la migración, entre otras razones.
Ante tales circunstancias, las plazas del SAF deberían haberse incrementado.
En 2021 los jubilados constituían el 47,5 % de los inscritos en el servicio. Los otros grupos con mayor presencia en los comedores del SAF eran las personas definidas como “casos sociales” 1 (21,9 %) y los asistenciados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (15,9 %).
En octubre de 2023, al analizar el trabajo del SAF en la reunión citada al inicio, no se explicaron las causas por las que habían disminuido las capacidades del servicio a pesar de que en todo el país funcionan los mismos 1 445 establecimientos que dos años y medio antes. En el encuentro, convocado en el Palacio de la Revolución para abordar el “perfeccionamiento de este Sistema”, se determinó que la responsabilidad fundamental en cuanto a los comedores recae en los gobiernos locales, a los que el Primer Ministro “llamó a buscar alternativas que garanticen una dieta balanceada y una estabilidad en los suministros”.
“Autogestionados” y con pérdidas
Cada mes, el SAF La Colmena, en Camagüey, le ocasiona entre 100 mil y 150 mil pesos de pérdida al complejo gastronómico Rancho Luna, al cual pertenece. “Es un programa que tiene un precio de 13 pesos almuerzo y 13 pesos comida, insuficiente para cubrir la adquisición de lo que se oferta. Los abastecimientos asignados tampoco alcanzan. Tenemos que usar productos gastronómicos a altos precios para este programa, que es priorizado y no puede fallar”, explicó a comienzos de febrero el administrador de La Colmena. Antes de comenzar el Ordenamiento, el precio de las raciones oscilaba entre 3 y 5 CUP.
Desde su creación en 1998, el SAF operó bajo un modelo que vinculaba sus unidades con otras de la gastronomía “tradicional”, como restaurantes, cafeterías y centros de elaboración. Sin embargo, el Sistema funcionaba de manera independiente, a partir de asignaciones propias.
Los primeros cambios ocurrieron durante el proceso de “eliminación de gratuidades indebidas” en la década de 2010, cuando las entregas de insumos se hicieron menos generosas y se volvieron irregulares ofertas como los postres y el pan. Por entonces, los comedores comenzaron a ser subordinados a las UEB (Unidades Empresariales de Base), suerte de pequeñas empresas de la gastronomía que agrupan a varios establecimientos para abaratar costos.
Se buscaba que los “padrinos” del SAF los ayudaran a enfrentar intermitencias en los suministros o, incluso, contribuyeran a mejorar los menús. Con la Tarea Ordenamiento ese vínculo pasó a ser de completa dependencia.
“El Ordenamiento fue un desastre para nosotros. De un día para otro dijeron que teníamos que ‘autogestionarnos’, pues las entregas disminuirían, y para compensarlo habría que contratar directamente con los productores y comprar en los mercados agropecuarios al mismo precio que la población. En teoría, la mayor parte de los gastos debíamos cubrirla con el cobro de los menús, y el resto, con otras ofertas que se les venderían a los viejitos y a la población en general. Pero parece que nadie contó con que los precios de las materias primas seguirían subiendo y ya no sería posible volver a subirles los menús a los asistenciados. Vendo los almuerzos y las comidas a entre 12 y 15 pesos, en dependencia de lo que haya. Las 60 raciones del mes vienen saliendo en alrededor de 800 pesos por persona. ¡Imagínese el esfuerzo que tiene que hacer un jubilado que cobre 1500 pesos de pensión, para comprarlos! Y casi todos los que atendemos pertenecen a los grupos de pensiones más bajas. Ahora se ha regado el rumor de que van a ‘revisar’ los precios del SAF y los ancianos andan preocupados. Uno me decía que con 5 pesos que le aumenten a cada comida ya no habría forma de que las cuentas le den”, comentó a OnCuba, a condición de anonimato, una administradora del SAF residente en la ciudad de Camagüey.
“El tema de la alimentación es complejo”, reconoció hace pocos días el intendente del municipio de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva. Durante su comparecencia en el programa Cuadrando la caja, creado por la Televisión Cubana para abordar temas sociales. Ese funcionario planteó que “las mismas políticas que conocemos para adquirir productos, que muchas veces son importados, han dado al traste con que cada unidad pueda, a través de una resolución, que es la 99 del Ministerio de Comercio Interior, estar buscando ese plato fuerte que hoy no le llega de manera centralizada”. Dejando de lado las buenas intenciones con que pudo promulgarse, en la práctica esa “autonomía” colocó a los SAF en una condición de vulnerabilidad difícil de afrontar.
Ya en enero de 2021, cuando esos comedores pretendieron hacerse rentables subiendo las tarifas de sus menús, el viceprimer ministro Marino Murillo había asegurado que, de producirse “un deterioro de la calidad y el nivel de vida de estas personas [los comensales del SAF], porque el incremento del ingreso choca con la subida de los precios, se atenderán por la asistencia social”.
Hace pocos días, el Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social (Inass) detalló que 350 472 personas reciben sus prestaciones monetarias. La cifra fue publicitada como muestra de los esfuerzos gubernamentales por proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, resulta un 5 % menor a la que en julio de 2022 informaba el propio Inass (por entonces, 369 187 asistenciados).
El trámite para solicitar la ayuda de la Asistencia Social es engorroso y muchas veces termina denegado. “Al menos en Camagüey, si tienes hijos es prácticamente imposible que te aprueben. También se ha hecho más complicado el proceso para conseguir plaza. Antes bastaba hablar con la trabajadora social y después de un mes o algo así, se podía empezar a venir al comedor; ahora, sé de personas que esperan desde hace meses por un cupo. Llevamos años con prácticamente la misma cantidad de comensales”, apuntó la administradora del SAF consultada.
Las direcciones de los Trabajadores Sociales y Comercio en Camagüey fueron consultadas al respecto, pero ambas instituciones se negaron a brindar información. Una trabajadora social que prefiere mantener el anonimato reconoció en privado que “existe un aumento del número de solicitudes y todavía no se han tramitado todas”. Según ella, varios ministerios desarrollan una “conciliación” para determinar las “personas y núcleos en condición de vulnerabilidad”. Esos listados luego servirán de guía para la implementación de los nuevos precios de la canasta normada que ya se vienen anunciando, el gas licuado y la entrega de ayudas sociales como el SAF, anticipó.
Arroz, potaje y plato fuerte
A pesar de que la mayoría de las veces el menú se limita a arroz, potaje y plato fuerte (por lo regular, croquetas o embutidos), para Miguel el SAF constituye una “ayuda tremenda”. Viudo y con su única hija viviendo en Matanzas, a sus 80 años le resulta complicado preparar una comida ”desde cero”. Gracias al comedor social, su trabajo se limita a “mejorar” lo que recibe, agregándole condimentos, ensalada y viandas. “Con el dinero que me mandan mi hija y mi nieto hasta me alcanza para algún gusto. Si no contara con el almuerzo y la comida en el SAF no habría forma de que lo hiciera. Empezando porque cuando me veo ‘apretado’ puedo vender parte del arroz de los mandados. Es verdad que las raciones no son lo que eran, pero ni loco me daría de baja”.
Entre los “gustos” que Miguel se permite está comprar ocasionalmente en un “punto de gravedad”, cerca de su casa, en el centro histórico de la ciudad de Camagüey. Cuatro o cinco días a la semana trabajadores de La Perla de Cuba, un restaurante estatal cercano, se instalan frente al edificio Lugareño para vender comida a precios asequibles; por lo regular, arroz, potaje, viandas y algún cárnico. En total, el valor de una completa oscila entre 40 y 60 pesos: la mitad de lo que cuesta una pizza pequeña.
Los puntos de gravedad fueron una alternativa surgida en Camagüey durante la pandemia, cuando llegaron a funcionar decenas. Su esquema es similar al de los SAF: los establecimientos de gastronomía reciben el encargo de ubicar puntos de venta en sitios de mucha concurrencia dentro de las comunidades. Las “completas” que oferten allí deben tener precios lo más baratos posible.
Pero ese objetivo resulta cada día más difícil de cumplir debido a la inflación. Luego del auge inicial, muchos puntos de gravedad cerraron; otros, como el gestionado por La Perla, redujeron su frecuencia y cantidad de raciones. “En realidad, en el mejor de los días esto apenas da para recuperar lo invertido. Solo seguimos haciéndolo porque es una medida del Gobierno para proteger a la población”, confesó una trabajadora del lugar.
En los municipios de Camagüey donde el poder adquisitivo es menor, las dificultades para cubrir los costes de los puntos de gravedad se multiplican. A comienzos de marzo el director de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Vertientes, Ernesto de Armas, lo reconoció en una entrevista con la radio local. “Estamos elaborando unas 600 raciones diarias, pero seguimos buscando cómo equilibrar los precios, porque ahora vendemos a unos mucho menores a los de las materias primas”. En su mejor momento, Vertientes llegó a contar con 7 puntos; ahora son 5 que trabajan “en tensión” por la escasez de productos como el arroz.
Los comedores del SAF en Vertientes, en tanto, enfrentan las mismas dificultades que los de la capital provincial. Repitiendo la fórmula de la “autogestión” y las ofertas gastronómicas a la población, en agosto de 2023 las autoridades locales convocaban a “cubrir los gastos que generan las prestaciones a las personas vulnerables que reciben ayuda en esas instituciones”. Al igual que sucedió en 2021, no tuvieron demasiado éxito.
”Este es un servicio como la salud o la educación, que tiene que operar con pérdidas. Atendemos a personas que no se pueden ‘apretar’ más”, lamentó la administradora entrevistada.
Iniciativas privadas o de carácter social, como el comedor comunitario gestionado por el Cabildo Quisicuaba en la capital camagüeyana, no pueden sustituir el papel que le correspondería jugar al Estado en favor de la población más vulnerable del país. Sobre todo en tiempos en que la inflación crece a ritmo imparable a costa de una franja de bienes tan esenciales como los alimentos.
Nota:
1 La categoría “casos sociales” engloba a madres de familia numerosa o cuidadoras, ancianos solos y a personas portadoras de discapacidades mentales y físicas.
