En el contexto de la pandemia, el intento de cobrar aranceles a los residentes en el exterior por cada mes de prórroga de la estancia que se les aprobara a partir del 12 de octubre de 2020 causó una gran polémica. La medida fue suspendida, pero nuevamente atrajo la atención hacia los derechos de la población migrante en el ordenamiento jurídico cubano y el debate en un contexto más amplio: las relaciones del Gobierno y la emigración cubana.
Estas relaciones conforman un proceso con altibajos, que en los últimos años parecía tomar un nuevo rumbo, trazado por diferentes iniciativas que se han interpretado como parte de una voluntad de mejorar las relaciones del Gobierno de la Isla con sus emigrados.
Nuestro invitado de hoy analiza qué significó esta medida para los derechos ciudadanos y por qué es importante entender las diferencias que existen entre ciudadanía y residencia.
Además, comenta sobre las implicaciones de la reforma migratoria aprobada en el 2013, el carácter transnacional de la migración y los derechos de los migrantes determinados en diferentes normas jurídicas, como la ley electoral y la Constitución que entró en vigor en el 2019.