Redacción OnCuba
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que contiene restricciones específicas para la transferencia de fondos gubernamentales a la promoción del emprendimiento en Cuba.
Aprobada el 22 de marzo, la normativa autoriza el financiamiento de 1200 millones de dólares para sostener las operaciones de algunas áreas del Gobierno estadounidense, entre ellos los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Trabajo y Salud.
El paquete de financiamiento, que pasará al Senado, comprende también la aprobación de asistencia económica a aliados de Estados Unidos y fondos para la “promoción de la democracia” en países como Cuba y Nicaragua.
El congresista Mario Díaz-Balart resaltó la partida de 25 millones de dólares (un incremento de 5 % en relación con 2023) destinada al trabajo de 2024 de la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de Radio y TV Martí.
MIPYMES en la mira
El texto contiene un apartado que prohíbe destinar fondos disponibles para programas de “promoción de la democracia en Cuba” a temas vinculados con el impulso “empresarial, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia” que no esté relacionada con el fomento de la democracia, hizo notar un comunicado de la oficina del congresista Mario Díaz-Balart.
https://twitter.com/MarioDB/status/1771214650111119620
Esos usos están codificados “expresamente” en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (Ley Helms-Burton) y la Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli), advirtió Díaz-Balart, un sostenido opositor de los cambios en la política hacia la isla.
Proveniente de acomodada familia cubana, Díaz-Balart nació en 1961 en Fort Lauderdale, Florida. Es presidente de la Subcomisión sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (SFOPS), en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
El sector privado de la isla ha estado bajo fuego cruzado por figuras y grupos del exilio. Unos lo ven como una ventana abierta hacia la independencia económica de los ciudadanos. Otros lo consideran una estrategia de sobrevida del sistema, al servicio del Estado.
En enero pasado, el Subcomité para Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia titulada “El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden”.
Emprendedores cubanos a cubanoamericanos: “No somos un mito”
El empresario estadounidense John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, fustigó sus premisas. “Una audiencia en el Congreso sobre cualquier tema relacionado con Cuba puede ser valiosa, pero para que tenga valor, la premisa de la audiencia debe ser honesta y los testigos invitados deben tener credibilidad, es decir, conocimiento práctico de primera mano del tema”, dijo.
“¿Son los 10 000 ciudadanos de la República de Cuba un mito? ¿No existen?”, se preguntó entonces.
“Si el Gobierno cubano tolera al sector privado en Cuba, eso no debería significar que el Congreso de Estados Unidos deba desestimarlo. O peor aún: trabajar en contra”, subrayó Kavulich.
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“No se justifica el ataque indiscriminado y el contexto irreflexivo para criticar a individuos de ascendencia cubana, muchos de los cuales residen en el estado de Florida, por su apoyo e interés en el sector privado que emerge en Cuba”, concluyó el empresario, quien critica al Gobierno cubano por no haber emitido aún regulaciones sobre cómo canalizar el financiamiento directo desde Estados Unidos a empresas ubicadas en la isla.
Recientemente, la embajada de Estados Unidos en La Habana lanzó una iniciativa que ofrece un fondo de 400 000 dólares para tres proyectos que se dediquen a impulsar el sector privado en Cuba.
Castigo para los empleadores de médicos cubanos
Igualmente, el texto incluye previsiones relacionadas con los gobiernos y funcionarios que contratan los servicios de médicos cubanos, a los que Human Rights Watch considera esclavos modernos.
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Dentro de las medidas contempladas se encuentra la posibilidad del secretario de Estado de declarar inelegibles para entrar en Estados Unidos a “los funcionarios de Gobiernos extranjeros y sus familiares directos […] que han estado involucrados, directa o indirectamente […] en una violación grave de los derechos humanos”.
La exportación de servicios de salud es una de las fuentes de ingreso de divisas para el Gobierno cubano, aunque está sujeta a las variaciones políticas de las naciones receptoras.
