El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba en su “lista negra” de tráfico de personas, reportan medios internacionales.
Junto a la Isla, fueron nuevamente incluidos sus aliadas Venezuela y Nicaragua, las que en consideración de Washington también incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial, refiere la agencia EFE, según la cual la lista incluye otros 19 países como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
Today we released the 2022 Trafficking in Persons Report, which is meant to effect positive change and encourage governments to increase and improve their anti-trafficking efforts each year. Read it here: https://t.co/dRZXon7fRg #EndHumanTrafficking pic.twitter.com/AEhtoWyDAH
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 19, 2022
Sobre el caso particular de Cuba, el informe estadounidense indica que, “pese a la falta de esfuerzos significativos”, el Gobierno de la Isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
No obstante, al igual que en los últimos cinco años, EE.UU. afirma que los traficantes de personas “explotan” a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, al tiempo que sostiene que en el período estudiado hubo una “política del Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso.
El reporte, apunta EFE, asegura que La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de tráfico”. Además, destaca “el creciente número de alegaciones” por parte de ONG, exparticipantes en esas misiones y Gobiernos extranjeros sobre la presunta implicación de funcionarios cubanos en esos “abusos”.
EE.UU. acusa a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país; de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios; y de amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
Se trata de un argumento enarbolado por Washington desde el anterior gobierno de Donald Trump, que ha sido negado reiteradamente por La Habana, que defiende el valor “humanista y solidario” de sus colaboraciones de Salud, y asegura que tales acusaciones de EE.UU. forman parte de una “campaña de descrédito y mentira” contra la cooperación médica de la Isla.
Cuba, que ha enviado a miles de trabajadores sanitarios a lo largo del mundo y, en particular, numerosas brigadas a combatir la pandemia de la COVID-19, afirma mantener una política de “tolerancia cero” con la trata de personas, y combatirla tanto en su territorio como a nivel internacional, a través de la cooperación con organismos como la Interpol y las Naciones Unidas.
EFE / OnCuba