Con una orden ejecutiva emitida el viernes, el presidente Donald Trump decidió desarticular la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), encargada de dirigir la Oficina de Radiodifusión de Cuba (OCB), que opera Radio y Televisión Martí.
“Dentro de los siete días siguientes a la fecha de esta orden, el director de cada entidad gubernamental enumerada en la subsección (a) de esta sección deberá presentar un informe al Director de la Oficina de Administración y Presupuesto confirmando el pleno cumplimiento de esta orden y explicando qué componentes o funciones de la entidad gubernamental, si los hubiera, son requeridos por ley y en qué medida”, establece la orden.
Este programa será reducido a su mínima expresión operativa, al igual que otras entidades como Voice of America (VOA), en un esfuerzo por disminuir la estructura gubernamental. Este sábado, el personal de Martí en Miami fue suspendido con salario, y se les exigió devolver equipos y accesos, reportó The Miami Herald.
De acuerdo con la agencia AP, el gobierno de Trump ya ha realizado varios movimientos “controvertidos” en relación con la VOA, como suspender a un periodista “que señaló críticas a Trump y la cancelación de contratos que permitían a VOA utilizar material de organizaciones de noticias independiente, como The Associated Press”.
Aunque la televisión nunca logró superar las interferencias cubanas, la radio sí llegó a la isla durante años, y más recientemente la entidad se lanzó a plataformas digitales. Ahora estos servicios penden de un hilo, en un cambio que favorece, de rebote, a las demandas históricas de La Habana.
El pasado 11 de marzo, siguiendo su plan de recortar gastos que considera innecesarios, la Administración Trump cerró la mayoría de los programas de la Agencia estadounidense para el Desarrollo (USAID), encargada de la ayuda internacional.
Administración Trump cierra mayoría de programas de la USAID, pero libera fondos de la NED
Según fuentes estadísticas de la propia USAID, en 2023 la agencia dedicó a la isla un presupuesto de 9,5 millones de dólares. Buena parte de ese dinero se dirgió a opositores, activistas, grupos de derechos humanos y prensa independiente, en una acción históricamente condenada por el Gobierno cubano como políticas intervencionistas de Washington.
