Rui Ferreira
El año que termina ha sido el mayor en términos de deportaciones de cubanos que hasta hace un par de años disfrutaban de un ingreso privilegiado a Estados Unidos.
Según las últimas cifras del departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) unos 1.179 cubanos fueron deportados a su país natal, en el marco de un acuerdo bilateral firmado en los últimos días de la administración de Barack Obama. Esta cifra representa más del doble del año pasado cuando las deportaciones alcanzaron 463 y en el 2017 fueron apenas 160. O sea, en los últimos dos años las deportaciones registaron un incremento de 600%.
Para el director de ICE, Mattew T. Albence, el disparo de las deportaciones se debe al acuerdo bilateral del 2017, que tambien eliminó la política de ‘pies secos-pies mojados. “Ahora podemos hacer las deportaciones de cubanos, por eso se pueden constatar este incremento. Antes los cubanos no los recibían pero ahora están colaborando con nosotros facilitando los documentos de viaje”, afirmó el funcionario en una rueda de prensa.
“Es obvio que la administración Trump está considerando a los cubanos como inmigrantes sin condiciones especiales y está aplicando a rajatabla su política de deportaciones”, afirmó a OnCuba el abogado Adolfo González. En su opinión, este crecimiento de deportaciones ha empeorado la situación de los cubanos que tambien están teniendo problemas de ingreso a Estados Unidos.
Hace dos meses, el asesor especial de Trump, el cubanoamericano Mauricio Claver-Carone, confirmó que, incluso los cubanos, deben pedir asilo político en terceros países centroamericanos y en caso de que lo hagan deberán esperar una respuesta fuera del país hasta que se le permita el ingreso.
“La frontera está cerrada. No se dejará pasar a nadie”, afirmó en una rueda de prensa televisada. Y agregó: “Estados Unidos no es el único sitio donde estarían seguros. Pensamos que estarían seguros tanto en Honduras, Guatemala, El Salvador o México, por lo cual nuestro principal interés con los cubanos es que estén seguros”.
El acuerdo entre Cuba y Estados Unidos obliga al gobierno cubano a responder en un plazo de 90 días a un pedido de deportación pero tiene la discreción de negarse a recibir a alguien si arribó a Estados Unidos antes de febrero de 2017 cuando fue firmado el acuerdo. Si no acepta a un cubano de vuelta, a las autoridades norteamericanas no les queda otro remedio que poner en libertad al individuo con una orden de supervisión, pero jamás podrá obtener la residencia y, mucho menos, la ciudadanía.
