Rui Ferreira
Un juez de inmigración acaba de negar el asilo político a un cubano que trabajaba en el aeropuerto de La Habana llegado en agosto pasado a Miami como polizón en un vuelo de la aerolínea JetBlue.
Luego de casi seis meses de procedimiento judicial, Yuniel Castillo Rodríguez está próximo a recibir una orden final de deportación, confirmó a la cadena Univisión el abogado Willy Allen.
Allen, que hasta ahora no lo ha representado, le dijo a la cadena hispana que pretende defenderlo en un tribunal bajo el argumento de que el gobierno de Estados Unidos cometió un error cuando hace varias semanas unos 6 000 datos de personas en proceso de deportación fueron filtrados públicamente. Con ello, dijo, el gobierno violó la privacidad de Castillo Rodríguez.
La “divulgación de información es una violación de la política. La agencia está investigando el incidente y tomando todas las medidas correctivas necesarias. ICE está notificando a los ciudadanos afectados por la divulgación”, dijo recientemente el servicio de inmigración estadounidense al reconocer su error.
A fines de noviembre el cubano se quejó amargamente de la posibilidad de ser devuelto a la Isla. Aparentemente, las autoridades han pedido su deportación.
“Si yo viro para Cuba me pueden echar más de 25 años de prisión por haber desertado, por haber venido escondido en un avión. Yo tengo un niño pequeño y tengo la incertidumbre de lo que pueda pasarme. Todos los que estamos aquí tenemos ese temor”, dijo entonces Castillo.
Ahora enfatizó a Univisión: “ellos consideran que no existían pruebas suficientes para otorgarme asilo político en Estados Unidos”.
Habla Mayorkas
Coincidiendo con la decisión del juez de inmigración sobre Castillo Rodríguez, hace dos semanas el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró en un comunicado que todo el que no pueda establecer fundamento legal para permanecer en Estados Unidos será “expulsado”.
Explicó que “una vez concluya la vigencia de la orden conforme al Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8”.
El Título 8 permite solicitar asilo en los puertos de entrada y le da la potestad al gobierno de deportar e imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles, incluida la prohibición de reingreso durante cinco años a las personas no aceptadas.
El DHS señaló que podría dejar en libertad a más migrantes dentro de Estados Unidos en lo que se procesan sus casos de inmigración una vez que concluyan la próxima semana las restricciones al asilo implementadas bajo el Título 42.
