Eric Caraballoso
Con más de 50 años de práctica legal e institucionalizada en Cuba, y una interpretación más flexible y tolerante que en muchas otras naciones desde décadas anteriores, el aborto no resulta desde hace mucho un tema tabú en la Isla. La interrupción voluntaria del embarazo es asumida mayormente como legítima y aceptable a nivel social, al tiempo que es considerada una conquista, un derecho ganado y mantenido, tanto por las autoridades como por activistas, expertos y buena parte de la comunidad femenina.
Sin embargo, este derecho —incluido en el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos consagrados de manera colectiva en la Constitución cubana— no escapa hoy a la controversia, una polémica atizada por el avance de corrientes conservadoras y fundamentalistas, tanto en el mundo como en Cuba, su creciente influencia a nivel político y social, y su disputa de normas y derechos ya establecidos o en proceso de construcción y debate. Y, por otro lado, por la consolidación de activismos que, sobre todo desde la sociedad civil y el entorno académico, hacen frente a estos conservadurismos y emplazan al poder político a mantener y ampliar lo ya normado.
Aunque el fenómeno no es precisamente nuevo en el país caribeño, varios factores han funcionado en los últimos tiempos como telón de fondo a un litigio que ha venido subiendo de tono y ha hecho que cada parte se posicione con mayor fuerza —no solo a nivel de discurso, sino también de acciones concretas— ante una presumible mayor escalada de la controversia. Fuera de Cuba, pueden mencionarse los amplios debates legislativos, sociales y políticos sobre el aborto en varias naciones de América Latina en los últimos años, que han conducido al rechazo o la aprobación de leyes sobre este particular, y al consecuente enfrentamiento entre movimientos partidarios y detractores de esta práctica —las llamadas mareas verdes (proaborto) y azules (antiaborto)—, y también la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de revertir el histórico fallo de Roe vs. Wade, que respaldaba el derecho al aborto a nivel federal, lo que ha dejado a millones de mujeres a merced del conservadurismo de no pocas legislaturas estaduales.
Mientras, en Cuba, primero los debates y consultas públicas sobre la Carta Magna y, recientemente, los centrados en el nuevo Código de las Familias, aun cuando han tenido otros temas —como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas no heterosexuales y la gestación solidaria— como focos de las mayores discusiones, han mostrado la puja cada vez más visible de posturas encontradas y hasta antagónicas sobre la sexualidad, la reproducción y sus derechos asociados, y han puesto en evidencia el poder de influencia de movimientos religiosos y otras corrientes conservadoras, al punto de provocar la posposición del posible respaldo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo de la Constitución al Código de las Familias, algo que finalmente deberá decidirse en referendo popular el próximo 25 de septiembre. De esta forma, no es descabellado avizorar nuevas y enconadas disputas públicas en torno a asuntos relacionados, como la interrupción voluntaria del embarazo.
“Blindar el derecho”
Ante el actual escenario nacional e internacional, las autoridades cubanas han reiterado su consideración del aborto como un derecho y han asegurado que pretenden incluirlo en una nueva ley de salud en la que actualmente se trabaja. Además, han defendido las políticas aplicadas en la Isla por más de cinco décadas en aras de facilitar el acceso a esta práctica de manera gratuita, en instituciones del sistema estatal de Salud, y evitar con ello las muertes maternas por causa de procedimientos riesgosos e inseguros.
“Nosotros tenemos claro que se trata de un derecho el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que está respaldado en un proceder médico, legal, gratuito y seguro, y así está establecido en las normas cubanas. Este tema ha sido recurrente en los últimos tiempos, ante el avance de fundamentalismos y conservadurismos que están poniendo en riesgo en el mundo y en la región una conquista fundamental de la salud de las mujeres”, afirmó recientemente el ministro de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda, en una conferencia de prensa, en la que abordó varios temas y programas relacionados con la situación actual de su sector.
“Donde los abortos están restringidos legalmente, las mujeres tienen más probabilidad de acudir a prestadores del servicio carentes de capacitación o someterse a procedimientos bajo condiciones realmente insalubres”, estimó el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien enfatizó en el riesgo que ello representa para la vida de las mujeres, “porque lo que sí es seguro —dijo— es que la quiera interrumpir su embarazo lo va a hacer de manera clandestina, insegura y en espacios no asépticos”.
En su intervención, Portal Miranda resaltó el que Cuba fuera “el primer país de América Latina y el Caribe en legalizar el aborto en 1965”, y explicó que la Isla “tiene construida su base legal sobre tres principios fundamentales: la mujer es la que decide sobre su cuerpo y si llevará o no a término su embarazo; la intervención es totalmente voluntaria y se realiza en entornos de salud controlados y por personal especializado; y se trata de una práctica totalmente gratuita”. La legalización e institucionalización de esta práctica, sostuvo, “fue una medida encaminada a la reducción de las muertes maternas, que en aquel momento se estimaba en más de 120 fallecidas por 100 mil nacidos vivos, y dirigida a promover el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la reproducción”.
Según lo explicado por el ministro a la prensa, “en Cuba la interrupción del embarazo está establecida bajo la utilización del consentimiento informado, para la autorización en todos los casos de la mujer o su representante legal, en caso de que la gestante sea menor de edad, o no esté en condiciones físicas o mentales”. El aborto, detalló, es permitido en la Isla hasta las 12 semanas de edad gestacional “por decisión voluntaria de la mujer y sin restricción en cuanto a su razón”, mientras que hasta las 26 semanas es autorizado en caso de “malformaciones fetales incompatibles para la vida”, una responsabilidad que recae sobre una comisión nacional de expertos de diferentes especialidades y “siempre bajo el consentimiento de la madre”. Para la realización de estos procedimientos, agregó, están “definidos dentro del sistema de Salud los hospitales con servicio de ginecobstetricia, y también están acreditados los policlínicos para realizar regulaciones menstruales, a pacientes con un retraso menstrual de hasta 45 días, contando a partir del primer día de la última menstruación”.
Pero, más allá de lo normado institucionalmente, en reglamentos y protocolos del Minsap, el titular de dicho ministerio confirmó la intención gubernamental de que la interrupción voluntaria del embarazo esté respaldada en la próxima Ley de Salud. La anterior legislación, todavía en vigor, data de 1983, por lo que ya se cumplieron 39 años de su elaboración y aprobación en un contexto sociocultural diferente y bajo el amparo de una Carta Magna ya superada. En aquella ocasión, tal como han enfatizado activistas y estudiosos del tema, el aborto fue contemplado en el reglamento asociado, pero no de manera explícita en la propia ley. Actualizar entonces esa norma, en sintonía con el escenario actual y con los derechos consagrados en la actual Carta Magna, es el desafío asumido por las autoridades del sector, en medio de una ascendente y no siempre solapada disputa sobre estos derechos entre determinados actores sociales.
“Los derechos reproductivos incluyen igualdad, no discriminación, salud, autonomía reproductiva, información e integridad”, defendió Portal Miranda, quien precisó que “estos son temas que deben estar incluidos en la próxima Ley de Salud, que debe aprobarse a finales de año y en la que se está trabajando en estos momentos. Ya se aprobó la política para la ley, y entre los elementos que van a estar respaldados en ella están los relacionados con todos estos derechos de la mujer cubana, incluida la interrupción voluntaria del embarazo”. En esa nueva legislación, subrayó el ministro, “aspiramos a que se blinde aún más este derecho ante la aparición de fundamentalismos y actitudes conservadoras. Por eso, lo estamos previendo precisamente como un derecho. Lo estamos proponiendo de esa manera en la ley”.
Abortos y planificación familiar
De acuerdo con estadísticas citadas por Portal Miranda, en el mundo se realizan cada año unos 56 millones de abortos, de los cuales alrededor del 45 % se practican de forma insegura. En Cuba, la cifra oficial pasó de más de 150 mil a finales de los años 80 a menos de 62 mil en 2020, según las estadísticas de Minsap, si bien este descenso no ha sido sostenido y ha tenido vaivenes en su evolución —en los tempranos 2000, por ejemplo, llegó a bajar varios años de los 70 mil y luego en la segunda década del siglo se produjo un incremento, con un pico de 91 500 en 2015—. En su conferencia ante la prensa, el ministro defendió la confiabilidad y transparencia de estas cifras, las que, dijo, “son reconocidas por los organismos internacionales vinculados al tema” y, al ser recopiladas de manera institucional a lo largo de la Isla, “permiten conocer el comportamiento del fenómeno al interior del país y también definir las características de ese comportamiento en cada uno de los territorios y en cada momento del año”.
Con estos elementos en la mano, el titular del Minsap aseveró que los números confirman “una discreta tendencia” a la disminución de los abortos y las regulaciones menstruales en la Isla, en particular en los últimos años, y sostuvo que “la interrupción voluntaria del embarazo en Cuba no ha sido determinante en el descenso actual de la fecundidad”, un fenómeno que impacta negativamente en la actual dinámica demográfica de la Isla y redunda en el sostenido crecimiento del envejecimiento poblacional. Las cifras oficiales muestran que esa tendencia descendente de los abortos y regulaciones se refleja también —aunque igualmente de manera discreta y con altas y bajas— en las tasas de estos procedimientos realizados por cada mil mujeres entre 12 y 49 años —las edades contempladas en la base de datos del Minsap—, por cada 100 partos y por cada 100 embarazadas, según la tabla sobre el tema del anuario de Salud de 2020, el último publicado hasta la fecha.
Al respecto, Portal Miranda consideró que “esta disminución ha estado fundamentada en programas educativos, tanto generales como de educación sexual —un aspecto cuestionado desde sectores del activismo independiente y la academia—, y también a la disponibilidad de medios y métodos anticonceptivos variados, eficientes y eficaces”, si bien apuntó que “todo esto es perfectible de mejorarse”. “Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un déficit importante de anticonceptivos, eso no es un secreto para nadie —reconoció al ser preguntado sobre este particular en la conferencia de prensa—. Hemos tenido dificultades para adquirirlos, porque compiten, además, con otros recursos necesarios para nuestro sector y que definen la vida de las personas, por lo que debemos priorizarlos en medio de la compleja situación económica y financiera que atraviesa el país, recrudecida por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos”.
No obstante, aun con el descenso que marcan las estadísticas, el ministro enfatizó que “hoy se considera que el volumen de abortos voluntarios (que se realiza en el país) es elevado”. “Para nosotros —dijo—, aun cuando es una cifra que ha venido disminuyendo, el propósito principal es disminuir esta práctica al mínimo imprescindible, y no lo hemos logrado. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando sobre este particular”.
“Cuba —añadió— defiende una política pública de planificación familiar, que permita tomar una decisión consciente sobre el número de hijos que se quiere tener y en qué momento, así como se aboga por implementar un proceso de acompañamiento a la mujer en su derecho a decidir sobre su cuerpo y se deja al aborto como última instancia ante un embarazo no deseado. De esta forma, se puede asegurar una práctica legal, segura, gratuita y feminista. Mantener esa perspectiva dentro de una interrupción voluntaria del embarazo implica ser consciente de que no basta solo con llevar a cabo el procedimiento, ya que se requiere mucho más para que las mujeres disfruten plenamente de su derecho a una salud sexual y reproductiva”.
Para disminuir el número de estos procedimientos clínicos y potenciar otros métodos, en correspondencia con prácticas coherentes y saludables de planificación familiar, el Minsap cuenta con una estrategia a nivel de país, de acuerdo con su titular. “El objetivo es que sean extendidas técnicas no invasivas para la interrupción voluntaria de la gestación —explicó Portal Miranda—, principalmente el método medicamentoso con Misoprostol, protocolo que pretende realizar el 80 % de todos los abortos voluntarios con este método, sin abandonar, como es lógico, el desarrollo de los servicios institucionales para incrementar la seguridad, resolutividad y eficacia de esta práctica”.
“Nosotros hemos estado insistiendo en la prevención del embarazo no deseado”, afirmó el ministro, quien recalcó que el aborto “no es un método anticonceptivo en sí mismo, pues su uso indiscriminado puede poner en riesgo la salud sexual y reproductiva de la mujer”. En el actual contexto cubano, junto al deseado reconocimiento legal de la interrupción voluntaria del embarazo, el titular del Minsap resaltó la importancia de “seguir trabajando y brindando información a nuestras mujeres sobre todas las posibilidades y servicios en esta dirección que existen en el sistema nacional de salud. Que se conozca cómo acceder a los mismos, y se sepa del respaldo que brinda nuestro sistema a la autonomía corporal, a la vida y la salud de las mujeres”.
