Caleidoscopio: 15 de noviembre (II)

Después de casi dos años en los que el manejo de la pandemia y la puesta en práctica de reformas económicas han ocupado el centro de la acción del gobierno cubano, un hecho ha venido capitalizando la agenda mediática sobre la Isla: la convocatoria a una marcha antigubernamental que sus promotores han calificado como “pacífica y cívica” y el gobierno como “ilegal por estar promovida por el gobierno estadounidense”.  

En Cuba se vive una crisis económica profunda, un momento muy álgido en las relaciones con la administración Biden, que cambiando de giro ha mantenido la política de sanciones a niveles extremos, heredada de su predecesor. El país se encuentra en el centro de cambios económicos que acentúan la desigualdad y la precariedad de los sectores más vulnerables.

Con los antecedentes del 27N y el 11J y sus manejos político y mediático, la convocatoria propuesta por el grupo Archipiélago —que coincide con la apertura de fronteras cubanas al turismo y la vuelta a la normalidad de varios sectores— constituye otro momento de tensión. Sobre sus posibles causas y soluciones, OnCuba preguntó a intelectuales cubanos de diferentes saberes y posturas.

En esta ocasión les ofrecemos las respuestas de Carlos Alzugaray¹  y Alex Fleites². 

¿Cómo se llega al conflicto desplegado en torno a la convocatoria a la manifestación el próximo 15 de noviembre?

Carlos Alzugaray: La sociedad cubana vive una grave crisis económica, política, y social. Prácticamente no hay sector que no esté afectado. Ello provocó el “alarido” del 11J, como lo llamó Leonardo Padura. Poco ha cambiado desde entonces. Siguen impactando los factores externos: la pandemia (aunque comienza a visualizarse el definitivo control de esta); las crueles sanciones que Donald Trump le añadió al bloqueo y que Joseph Biden ha mantenido; y el carácter tóxico de las redes sociales, estimulado en parte por los millones que se gasta Estados Unidos en su programa de subversión política contra el gobierno cubano, pero también y en no poca medida, porque es el único espacio público en el cual los ciudadanos podemos expresarnos libremente. En ese espacio, además de un alto nivel de noticias falsas, hay una polarización extrema.

Adicionalmente, y esto es posiblemente lo más obvio, persiste un estado de descontento popular con las autoridades del país por sus errores en la conducción económica, de los cuales el más evidente es el práctico fracaso del llamado “Ordenamiento”; por la insensibilidad de toda la burocracia ante las tribulaciones del ciudadano común; por las prácticas autoritarias que cruzan transversalmente todas las esferas de acción gubernamental; por la represión desmedida y desconocimiento de la Constitución que han mostrado las organizaciones encargadas del orden público y la seguridad en su manejo de los hechos del 11J; y por la persistencia, en las altas esferas del gobierno, de una actitud opaca y poco autocrítica ante sus evidentes errores. Aunque es difícil determinarlo sin la ayuda de encuestas de opinión, existe una percepción de que nunca hubo tanta insatisfacción con el desempeño gubernamental. 

En este clima ha surgido un fenómeno nuevo: un grupo en Facebook y Twitter llamado Archipiélago que se ha convertido en un importante actor político opositor. Lo que prima en él es la idea del reto frontal al gobierno y el cuestionamiento del orden constitucional del país. Desde su creación, se hizo evidente que el objetivo político primario del grupo era el de convocar a la ciudadanía a una marcha similar a la del 11J para poner sobre la mesa variadas demandas, algunas totalmente lícitas, pero otras francamente contrarias al orden existente. Persiste entre algunos miembros la idea que sería tan masiva que podría provocar el derrocamiento del gobierno. En este pulso, Archipiélago les planteó a las autoridades desafíos en dos planos importantes: uno, cuestionó el viejo axioma de que “la calle es de los revolucionarios”; dos, lo enfrentó con la propia formulación del Artículo 56 de la Constitución y con una frase del presidente el Tribunal Supremo, Remigio Ferro, en el sentido de que en Cuba no es un delito tener ideas políticas diferentes ni tampoco expresarlas públicamente.

Alex Fleites: Más que el cómo me importa el por qué llegamos a este punto. Creo que la causa es la falta de un diálogo social profundo y sincero. Pero para que el diálogo se establezca, ambas partes deben estar interesadas en escuchar lo que tiene que decir la otra. Las descalificaciones a priori, el creer que todas las respuestas plausibles están de tu lado, dificultan cualquier intercambio productivo de ideas.

Terminado el liderazgo histórico, con todo lo que ello implicaba en términos de autoridad moral, un sector nada despreciable de la población quiere interpelar a los dirigentes, pedirles cuentas por sus decisiones, plebiscitar aquellos temas más polémicos, como la existencia de un partido único cuyas disposiciones pueden estar, incluso, por encima de la Constitución recientemente aprobada.

Caleidoscopio:  15 de noviembre (I)

¿Cuáles son los actores, sectores y tendencias que pueden identificarse en el caso de esta convocatoria y los procesos asociados a ella?

CA: En primer lugar, están el partido y el gobierno cubanos, integrado fundamentalmente por la primera generación de dirigentes nacidos después de la Revolución, pero sería desaconsejable presuponer que el Estado cubano es un actor monolítico en que no hay diferentes perspectivas y tendencias. Las garantías introducidas en la Constitución del 2019 demuestran que hay sectores que están conscientes de la necesidad de hacer reformas que hagan el sistema más democrático y tolerante ante opiniones disidentes. Pero hasta ahora se han visto pocas fisuras. El acoso y persecución del gobierno norteamericano fomenta esa unidad típica de una fortaleza sitiada, afín a lo que algunos autores llaman “régimen autoritario de origen revolucionario”. Es importante comprender que, a pesar de todo lo acontecido, el liderazgo cubano probablemente todavía cuenta con una mayoría que o lo apoya o lo acepta.

El otro actor en este conflicto es Archipiélago. De este grupo de Facebook se puede decir que es un “objeto político no identificado”, aun cuando su máximo animador, Yunior García Aguilera, está claramente reconocido como su líder. Más allá de sus virtudes y defectos, lo primero a subrayar es que García Aguilera es el típico joven resultante de un sistema educativo superior de fuertes rasgos liberales y raíces patrióticas como el que existe en las Escuelas Nacionales de Arte y en la Universidad de las Artes. Es la expresión concentrada de esas virtudes. Como ha sucedido con muchos jóvenes formados en esas políticas que se impusieron en la cultura nacional después del llamado “Quinquenio Gris”, al comenzar a desarrollar su vida profesional se enfrentaron al autoritarismo y discrecionalidad que caracteriza el aparato burocrático cubano.

En esas circunstancias, no es sorprendente que calen ideas liberales y republicanas típicas de las sociedades desarrolladas actuales, en las que todo no es blanco y negro. Es, pues, lógico que sean atractivos a estos jóvenes modelos socialdemócratas posmodernos, en que el capitalismo es modulado por vigorosas políticas de protección, como pueden ser las sociedades nórdicas o Canadá.

Este grupo no es para nada un monolito ni un actor racional único, a pesar de la notoria proyección como líder de García Aguilera, cuya capacidad para el performance político es indudable. Por tanto, esa ideología posmoderna no es la única presente. Este grupo no es ajeno a la influencia que ejerce cierto sector de la diáspora, integrado paradójicamente por jóvenes que emigraron desde la segunda mitad de la década de 1990 y que lo hicieron mayoritariamente a Estados Unidos. Por falta de un término mejor, esta es una corriente “trumpista” o autoritaria de derecha. Este es un grupo cuya presencia se palpa en Archipiélago y que propone no solo el derrocamiento del gobierno cubano, sino su reemplazo por un modelo de corte abiertamente neoliberal. En este grupo el conjunto de medidas coercitivas unilaterales o bloqueo que Estados Unidos le impone a Cuba o no existe o es un inofensivo “embargo”. Además, lo justifican como un método para destruir todo lo que actualmente persiste del modelo revolucionario. La influencia de este grupo le da un carácter contrarrevolucionario a Archipiélago.

El tercer actor en este drama es el gobierno norteamericano. No voy a expandirme aquí en ello porque hay una pregunta específica sobre el tema. Apunto solamente lo que es incontestable: actores políticos norteamericanos (gobierno, Congreso, grupos de origen cubano) intervienen abiertamente en el conflicto y lo hacen de manera perversa.

AF: El espectro es amplísimo. En los extremos están quienes piensan que sólo el socialismo podrá salvarse si asume la democracia como ejercicio único de gobierno, y los que creen que socialismo y democracia son términos incompatibles; estos últimos abogan por un cambio de sistema.

La plataforma que convocó a la marcha tiene un alto porciento de jóvenes, muchos de los cuales nacieron dentro de los márgenes del Período Especial; es decir, que la crisis ha sido su ecosistema natural. Constato que para ellos es más difícil aceptar el relativismo moral que para las generaciones anteriores. No pueden explicarse cómo la brutalidad policial a que son sometidos los manifestantes colombianos y chilenos es condenable, y su correlato cubano, no.

Y hay un grupo numeroso que sólo quiere ser escuchado, que no se hacen las grandes preguntas, pero que se niegan igual a aceptar la criminalización del disenso, el asesinato de reputación y la muerte civil como prácticas cotidianas de gobierno.

¿Qué alternativas existen para la solución, contención o tramitación de este conflicto específico desde el gobierno y desde la sociedad civil diversa?

CA: Es difícil hacer un conjunto de propuestas como las que necesita el país, eso depende de actores presentes en el gobierno y en la sociedad civil. Desde el gobierno me parece imprescindible priorizar la solución de las graves afectaciones económico-sociales, aplicando las reformas previstas con audacia, rigor e intencionalidad. La recomendación sería vencer la resistencia de los sectores burocráticos y aplicar soluciones basadas en la racionalidad económica y no en la rigidez ideológica, como se ha hecho hasta ahora. Pero tan importante como eso sería transformar radicalmente la manera de hacer política, abandonando los métodos tradicionales de eso que se designa como “batalla político-ideológica” que no obedece en forma alguna a las circunstancias actuales. Es muy importante acabar de aceptar en la práctica que la sociedad cubana ya es diversa y eso no tiene marcha atrás. Más que diálogos formales con distintos sectores, deberían introducirse reformas que fomenten una esfera pública vigorosa y vibrante en que prime la deliberación como forma de tomar decisiones para que la ciudadanía se vea reflejada en ese proceso.

El liderazgo cubano haría bien en actualizar aquel axioma que Fidel utilizó en Palabras a los intelectuales: el que no está irremediablemente opuesto a la Revolución, cabe dentro de la misma.

A mi criterio, desde la sociedad civil es imprescindible convencerse que el camino para transformar a Cuba en una república socialista con un fuerte Estado de derecho es a través de un proceso de reformas graduales negociadas con el gobierno en que primen dos elementos centrales: propender a un diálogo fecundo en cualquier terreno en el que se vean posibilidades, evitando desafiar a las autoridades de manera intransigente y frontal en toda la línea; y emitir claras señales de que cualquier injerencia extraña en el proceso cubano es inaceptable por impropia y, en consecuencia, mantener una posición intransigente contraria  a la política norteamericana en sus dos tendencias, la coerción económica y la subversión política.

Es importante que todos los actores demuestren tolerancia por opiniones distintas. Es lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas ha llamado “política deliberativa”.

AF: Todas, menos la violencia. Habría que partir del reconocimiento mutuo, del consenso de que cada cual a su modo tiene un fin común: alcanzar para Cuba un estatus económico y político que termine con tantas décadas de escasez. El establecimiento de una república moderna donde haya espacio para todos. El presidente de un país se debe a cada uno de los ciudadanos, incluso a aquellos que lo adversan, y su obligación es escuchar las demandas de todos por igual, pues a la larga él no es otra cosa que un servidor público.

Hace falta creatividad, inteligencia y audacia para resolver la crisis desde el poder. A la otra parte le correspondería no aliarse con intereses espurios que intentan pescar en aguas turbias. Existe el peligro de que el conflicto desemboque en una guerra civil, que es lo peor que le podría pasar a la nación. Y esa terrible posibilidad debería valer para que todos, con urgencia, nos sentáramos a dialogar.

Hacia el futuro, ¿las declaraciones, normas y medidas que ha tomado el gobierno cubano en este caso dejan posibilidad a la manifestación pública como forma de expresión social no oficial? ¿Qué límites están planteados? En su opinión, ¿cómo podría ejercerse ese derecho en Cuba?

CA: Las cuatro leyes que reforman el sistema judicial aprobadas por la Asamblea Nacional en su última sesión evidencian que hay posibilidades de avanzar. Hay factores que deben ser superados con paciencia y comprensión. Uno es una tradición autoritaria que nos viene desde tiempos coloniales. Hay que fomentar una cultura cívica tolerante que acepte la diversidad como algo natural. Eso está vinculado a la propia educación de las jóvenes generaciones. Es iluso pretender un cambio total de la noche a la mañana. Desde la sociedad civil habrá que impulsar que la ley sobre manifestaciones se priorice. La Constitución aprobada en el 2019 tiene algunos límites que quizás deberían ser eliminados gradualmente. Toca a los juristas evaluar si se puede hacer reformando la Constitución o por medio de las leyes que están en el programa legislativo. Sería conveniente que desde la sociedad civil se busquen los temas y los momentos en que será más propicio fomentar una manifestación que no sea percibida desde el gobierno como un desafío o una amenaza a su existencia.

AF: No. El modo en que ha reaccionado el gobierno ante esta crisis limita la validez de los artículos 54, 56 y 61 de la Constitución a aquellos que estén en absoluta consonancia con sus designios, y sienta, a mi juicio, un mal precedente. De este modo sólo podrían manifestarse los que sean convocados por la “oficialidad” para reafirmarse a sí misma, dentro de los márgenes estrechos de la oficialidad.

El derecho a manifestar públicamente el disenso en Cuba únicamente podría garantizarse con la promulgación de la ley reglamentaria que fije sin ambigüedades cómo la población puede ejercerlo. Esto es, que la Constitución no pueda ser aplicada desde el sesgo político. Se trata de la Ley Fundamental para todos y, como en su misma letra se explicita, recurriendo a Martí, “para el bien de todos”.

¿Qué papel juega el asedio y la política injerencista estadounidense y su programa para el “cambio de régimen” en Cuba, de cara a la obligatoriedad del gobierno de lidiar las diferencias, críticas, disidencias y la necesidad de diálogos para la creación de consensos? ¿Qué implica ello para el ejercicio de los derechos ciudadanos?

CA: Como apunté arriba, Estados Unidos juega un papel perverso con su política que combina la coerción económica – se podría decir que incluso más que coerción es persecución – con millones de dólares gastados en fomentar la subversión política. El resultado de este curso de acción es que fomenta la polarización de la sociedad cubana, estimulando a la oposición más virulenta y agresiva (lo que se ve claramente en algunas manifestaciones en Archipiélago) y fortaleciendo a las corrientes más intransigentes entre las autoridades cubanas

AF: El papel de los Estados Unidos como gendarme del mundo no es algo que nos afecte solo a los cubanos. Llevamos seis décadas sometidos a sus leyes extraterritoriales, que no buscan otra cosa, como ellos mismo han reconocido, que alentar la sublevación popular y la reversión del orden establecido. Sesenta años apenas son un pestañazo en términos históricos, pero es tiempo suficiente para que nazcan y se desarrollen varias generaciones de ciudadanos.

Claro que la hostilidad de la mayor potencia económica y militar a nivel mundial nos hace más difíciles las cosas, pero en ningún caso puede justificar las malas políticas internas ni la limitación de derechos de los ciudadanos. El mayor o el menor grado de concordia que exista entre nosotros no debería condicionarse a los humores de los ocupantes de la Casa Blanca.

Los derechos de los ciudadanos deben ser inalienables y, por tanto, la base firme del estado democrático al que debemos aspirar.

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¹ Carlos Alzugaray: Diplomático, educador y ensayista cubano. Analista político. 

²Alex Fleites: Poeta, narrador, editor, crítico, guionista de cine y periodista, columnista de OnCuba. Nacido en Caracas, Venezuela, su formación general y su vida profesional la ha desarrollado en Cuba.