Los 605 diputados de la Asamblea Nacional de Cuba iniciaron hoy el “estudio individual” del Anteproyecto de la nueva Constitución que debe aprobarse este fin de semana, durante el primer pleno ordinario del año del Parlamento unicameral de la Isla.
Las diez Comisiones Permanentes de la Asamblea trabajarán a puerta cerrada desde hoy miércoles hasta el viernes, antes de la plenaria –prevista del 21 al 23 de julio– donde se debatirán las actualizaciones de la Carta Magna vigente (1976), informó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En estos tres días de trabajo se tratarán cuestiones internas, se informará sobre la liquidación del presupuesto del Estado del año 2017 y se elaborará un informe que será presentado ante el pleno, señaló la escueta nota.
Según adelantos publicados el pasado sábado por medios oficiales, la nueva Constitución incluirá por primera vez la prohibición de discriminar a las personas con base en su identidad de género, reconocerá la propiedad privada, instituirá la figura del Presidente de la República y limitará su mandato a un máximo de diez años.
A pesar de incluir “importantes modificaciones”, el texto del borrador confirma que no habrá cambios en el “carácter socialista del sistema político y social” en la isla, que mantiene como “fuerza dirigente superior” al gobernante Partido Comunista de Cuba.
La eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y su sustitución por un Gobierno Provincial, liderado por la nueva figura del Gobernador y su Consejo, se incluyen entre los cambios propuestos por la Comisión encargada de elaborar el Anteproyecto, encabezada por el ex presidente y líder del PCC, Raúl Castro.
Luego de su previsible aprobación por la Asamblea, la nueva Carta Magna pasará a consulta popular y a referendo.
Este será el primer pleno ordinario de la Novena Legislatura del Parlamento cubano, la primera que celebrará bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel, tras haberlo elegido como el primer mandatario del poscastrismo en su sesión constitutiva de abril pasado.
También se espera que se anuncie el nuevo Consejo de Ministros, tras la elección de Díaz-Canel.
La Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria el 2 de junio donde se conformó la Comisión encargada de las reformas constitucionales y se dio luz verde a la última etapa del proceso de actualización, que lleva años en planes.
EFE / OnCuba
¿Y cómo van a consultar al pueblo? ¿mediante asambleas donde se opina lo que se quiere oír y se reciben aprobaciones unánimes? ¿o recibiendo propuestas que se echan en saco roto? ¿por qué no habilitar un sitio web (en un país donde casi el 50% de la población total tiene celular) para que el que quiera (y desde donde quiera) pueda votar párrafo a párrafo, en tiempo real (y ver resultados de la votación también en tiempo real) o proponer modificaciones? Si según el diario Granma todo cubano en el territorio nacional no puede exhibir una ciudadanía diferente, entonces TODOS los cubanos, dondequiera que estén tienen derecho a analizar y votar y proponer cambios a esta constitución de TODOS.
López Acea será la primer ministro?
Opinar sobre un Proyecto de Constitución sin lugar a dudas es un ejercicio complejo, incluso para quienes somos operadores jurídicos, que, por cierto, estamos en una coyuntura histórica favorable para intentar encauzar a nuestras coterráneas y coterráneos,- no importa donde se encuentren -, hacia un cambio a favor del desarrollo sostenible de nuestra Nación, sobre la base del respeto a las Libertades Fundamentales del ser humano, y, en definitiva, hacia el verdadero empoderamiento de las ciudadanas y ciudadanos.
Es lamentable que cuando no se tenga una explicación lógica para algo,- y de la peor suerte cuando se está al frente de un foro -, entonces, sencillamente se recurra a decir lo que es ya una etiqueta: es el “modelo cubano.” Y créanme digo eso sin ningún ánimo de minimizar lo que ciertamente tenga mérito para ser admirado. Ese epíteto fue dicho por el moderador elegido para la discusión del Anteproyecto de Constitución,- gestado desde la alta nomenclatura del Partido Comunista de Cuba -, ante los Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular para justificar lo injustificable, que es la falta de tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El ahora Proyecto de Constitución vuelve arrastrar, para sorpresa de no pocos profesionales del Derecho, ese muy grave problema que se ha enquistado en nuestra Nación con el advenimiento del unipartidismo, solo seguido prácticamente por no más de cinco naciones de alrededor de doscientas que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
Mucha razón lleva el prominente catedrático español Castán Tobeñas,- por solo citar un referente -, cuando expuso lo siguiente: “(…) de poco sirven la nuevas Declaraciones de los Derechos si no van acompañadas de las garantías que aseguren su eficacia,”en Los derechos del hombre. Madrid. 1976. p. 128. No establecer el control judicial en la nueva Constitución, a través, por ejemplo, de un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, sobre las violaciones a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es algo que no se puede permitir. En primer lugar fractura la ineludible relación que debe existir entre derechos y garantías. Luego, será seguir afrontando inauditos excesos en detrimento de la eficacia de tales derechos, y, claro está, en detrimento del empoderamiento de las ciudadanas y ciudadanos y que continúen en jaque las Libertades Fundamentales del ser humano; al tiempo de sustraer a los transgresores del control judicial en sede nacional, pues ya sabemos que, también, están sustraídos del control judicial regional, léase la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Dicho lo anterior paso a exponer una de mis propuestas para modificar el Proyecto de Constitución, sin detrimento que ésta y el resto las desarrollaré en un artículo «pro bono»al efecto, que pondré a disposición en mi perfil público en Linkedin cumpliendo con la petición de algunos amigos.
A mi modo de ver las cosas el artículo 5) del Proyecto de Constitucióndebe ser el núcleo del debate más allá de lo que dicta “el partido único”. Dicho artículo pone de relieve la naturaleza totalitaria del régimen político establecido en nuestra Nación por conducto del unipartidismo, esto es, el Partido Comunista de Cuba en condición de supra-poder y “partido único,” fundido con el Estado y la sociedad civil, a través de núcleos, sin permitir la formación de otros partidos políticos, situando su ideología a través de la letra de la Constitución como una ideología de Estado en clara y manifiesta coartación a las Libertades Fundamentales del ser humano, en particular el derecho que le asiste a las ciudadanas y ciudadanos de formar partidos políticos como instituciones fundamentales de la Democracia. Recordemos que las Libertades Fundamentales del ser humano son derechos universales no son concesiones del Estado; eso, prácticamente, nadie lo pone en duda.
Mi propuesta concreta en relación al artículo 5), y por extensión el artículo 6), es suprimir su redacción. En lugar de la redacción actual del artículo 5) propongo dejar plasmado en la nueva Constitución de la República lo siguiente,- no exento de construirse gramaticalmente de otra forma -: “El Estado garantiza, a través de la ley, a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a formar partidos políticos, cuyos programas políticos, actividades y objetivos no menoscaben la soberanía nacional y los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución.” Lógrese eso y será un paso firme hacia la Democracia en nuestra Nación y el verdadero empoderamiento de las ciudadanas y ciudadanos. Obviamente, después de darse ese trascendental paso pues habrá que dictar la correspondiente ley orgánica de partidos políticos.
En aras de la brevedad, solo una sugerencia para el lector avezado, léase, de ser posible, el mayor número de Constituciones vigentes posible y véase en cuantas de ellas se hace mención a un partido político en particular. Es más, si se tiene tiempo disponible después de ese ejercicio, pues léase las leyes orgánicas de partidos políticos, que están disponibles en la mayoría de los Estados. Todo lo cual es de fácil acceso a través de Internet, claro está, prestando atención a que sea un sitio oficial del Estado, en cuestión.