El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba informó este jueves que habilitará más de 21.000 colegios para el referendo del Código de las Familias, un paquete legislativo que contempla, entre otras cosas, el matrimonio igualitario.
El vicepresidente del CEN, Tomás Amarán, declaró a la televisión estatal de la Isla que “la documentación del proceso está lista” y que “se trabaja en la impresión de alrededor de 10 millones de boletas”.
El funcionario agregó que se crearon “colegios especiales” para aquellas personas que no estén en su provincia de residencia en el día de la votación.
La versión que se someterá a referendo, la número 25, fue aprobada el pasado 22 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Los colegios abrirán a las 7.00 hora local (11.00 GMT) y cerrarán a las 18.00 horas local (22.00 GMT) del domingo 25 de septiembre, según el cronograma difundido en julio por el CEN.
El resultado de la votación se difundirá cinco días después, será vinculante y requerirá de una mayoría simple: más del 50 %, ya sea a favor o en contra.
La pregunta será: “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”, recordó entonces la presidenta del CEN, Alina Balseiro.
En el referendo solo podrán votar los cubanos mayores de 16 años con una residencia efectiva en el país hasta dos años antes de la realización de la consulta.
El voto fuera de Cuba se permitirá únicamente para trabajadores y colaboradores de las representaciones diplomáticas de la Isla, y lo harán el 18 de septiembre.
Los cubanos residentes en el exterior participarán en el referendo solo si están en el país el día de la votación.
El Código de las Familias es la única norma sometida a referendo entre las 70 actualizadas tras la entrada en vigor en 2019 de la nueva Constitución.
La normativa regula las relaciones interpersonales y familiares, y contempla temas que han sido motivo de controversia como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas homosexuales y la gestación subrogada o solidaria, según se le nombra en este texto.
El Código pasó por una amplia consulta entre febrero y abril en la que participaron 6,4 millones de personas, según cifras oficiales, y, de aprobarse en septiembre, sustituirá a la norma vigente desde 1975.