La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó este martes la versión final del esperado Código de Familias que será sometido a consulta popular desde el primero de febrero hasta el 30 de abril de 2022 e incluye una definición de matrimonio que abre la posibilidad a la unión entre personas del mismo sexo.
Los diputados cubanos dieron luz verde a esta normativa redactada por un comité de 30 expertos y en sus más de 450 artículos plantea, además, un papel relevante a los abuelos, la posibilidad de poner en práctica pactos sobre el patrimonio antes de casarse y la opción de los padres de ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos de sus hijos.
Adopta @AsambleaCuba los acuerdos:
Aprobar el Proyecto de Código de las Familias, con las modificaciones acordadas en transcurso de su análisis
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 22, 2021
Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, expresó durante su sesión ordinaria de la ANPP que esta propuesta no establece un modelo de familias sino que reconoce la pluralidad familiar, constituye una conquista democrática, resultado de la participación de todas y todos en la construcción de una ley moderna, inclusiva y respetuosa.
El Código relacionado con las familias es el único que irá a referendo entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución, una cuestión que provocó malestar dentro de la comunidad LGBTI de la isla que considera que la mayoría no debe refrendar los derechos de la minoría. En contra se han pronunciado la Iglesia católica y la evangelista, un culto que cuenta cada vez con más adeptos en la isla.
La posible aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba saltó a la palestra en 2018 durante el proceso de reforma constitucional que culminó con la promulgación de una nueva carta magna en 2019. Según la antigua, vigente desde 1976, el matrimonio era la unión “entre un hombre y una mujer”, mientras la nueva Constitución establece que la definición final se plasmará en el proyectado Código de Familia.
El borrador final de la actual carta magna eliminó el artículo que abría la puerta al matrimonio gay en la Isla y aplazó el debate hasta la aprobación de un futuro Código de Familia, en un esfuerzo del Gobierno por asegurar el respaldo al nuevo texto constitucional en el referendo. La decisión se basó en la necesidad “de respetar todas las opiniones” surgidas en la consulta popular del documento, en la que la mayoría se mostró en contra de cambiar la definición de matrimonio.
Otras leyes aprobadas
El parlamento también aprobó otras legislaciones: la primera referida al Ordenamiento Territorial y Urbano, así como la gestión del Suelo; la la Ley del Proceso Penal Militar, que sustituye a la de 1977, y una nueva ley de Tribunales Militares, que sustituye la promulgada en 2002.
Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, quien dio a conocer el dictamen sobre la ley de Ordenamiento Territorial y Urbano, dijo que entre los propósitos de la legislación se encuentra definir los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión.
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Asimismo, establece las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional, las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; así como el régimen jurídico y urbanístico del suelo; los instrumentos para su gestión; las servidumbres; el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales.
En tanto, de acuerdo a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Defensa Nacional y Orden Interior, “la normativa relacionada con los Tribunales Militares desarrolla principios esenciales para la protección de los derechos de las personas sujetas a sus competencias y para el funcionamiento judicial en sí mismo, y es coherente con un derecho procesal penal moderno”.
Asimismo, “concibe ampliamente los fundamentos del debido proceso, en consonancia con lo recogido en la Constitución de la República, estableciendo un procedimiento equitativo, en el cual el procesado tiene a su alcance todas las posibilidades de la defensa de su caso”.
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Sobre la Ley de Tribunales, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular quien también presentó la Ley de Tribunales Militares, expresó que se encuentra en concordancia con la de Tribunales de Justicia, aprobada por este Parlamento recientemente.
Con esta normativa, dijo, se ratifica que la actividad de los tribunales militares tenga, entre sus objetivos principales, “salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Constitución de la República, la seguridad jurídica y la disciplina social, la capacidad y disposición combativa de las instituciones armadas, la disciplina o el orden reglamentario establecido para el cumplimiento del servicio militar”.
En la segunda jornada del Octavo Período Ordinario de Sesiones de ANPP, hoy ocurrirá la Rendición de cuenta del Primer Ministro, Manuel Marrero, así como la Rendición de cuenta del gobierno de la provincia Sancti Spíritus.
Con información de Efe y Acn
