El Banco Nacional de Cuba (BNC) rechazó este jueves ante el Tribunal de Apelación de Londres que CRF, al que tilda de fondo “buitre”, sea su acreedor legítimo para el cobro de 72 millones de euros en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 1980.
El antiguo banco central cubano, hoy dedicado a la gestión de la deuda externa de Cuba previa a 1997, recurría así un fallo de abril de 2023 en el que la jueza Sara Cockerill concluyó que sí había reconocido al fondo inversor como acreedor en 2019, aunque la magistrada concedió que el Estado de Cuba no podía considerarse como el garante de esa deuda.
En la actual apelación, el BNC adujo que Cockerill se equivocó al dar por buena la cesión a CRF de los derechos contractuales sobre los títulos derivados de los préstamos originales de los bancos europeos firmada el 25 de noviembre de 2019 por su exdirector de operaciones, Rául Olivera Lozano, hoy encarcelado en Cuba en relación a este caso.
La entidad financiera sostuvo que esa cesión no fue válida porque Olivera no siguió los procesos internos adecuados, entre ellos que la certificación llevara dos firmas, un requisito que CRF cuestiona con el argumento de que no se trataba estrictamente de una operación bancaria.
Nueva audiencia sobre caso de deuda del Banco Nacional de Cuba con fondo de inversión
El fondo registrado en 2009 en las Islas Caimán alega también que, aun suponiendo que Olivera hubiera actuado sin autorización, el propio BNC validó después la cesión en la práctica al responder a sendas cartas de los representantes legales británicos de CRF.
El Banco Nacional de Cuba mantuvo además que no recibió en la forma requerida por contrato el preaviso necesario para la reasignación de la deuda, que contrajo inicialmente en 1984 con los bancos Credit Lyonnais e Istituto Banco Italiano y que pasó después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC).
En su alegato ante el tribunal, el BNC dijo que CRF quiere usar este litigio para “efectivamente bloquear a Cuba de los mercados financieros” a fin de facilitar que pueda cobrar toda su cartera de deuda cubana impagada, que dice que es de unos 1.200 millones de euros.
CRF, que se creó para invertir en deuda soberana impagada, niega ser un “fondo buitre” y asegura que es “un inversor responsable” y que solo demandó al banco cubano para incentivarlo a negociar amistosamente una reestructuración de la deuda.
El fondo inversor instó al Tribunal de Apelaciones a que acepte el fallo de Cockerill y sostuvo que las críticas en contra del criterio de la jueza “son injustas e infundadas”. Cuba, que hasta ahora no había afrontado un pleito por el impago de deuda, pidió a su vez a la corte que, si gana el recurso, la otra parte le pague las costas del juicio, lo que el país tuvo que hacer en la etapa anterior.