Consejo de Ministros discute políticas de impacto nacional

Los proyectos que integran la Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera abarcan sectores estratégicos como el agroalimentario, la construcción, la industria farmacéutica y biotecnológica y la energía renovable.

Los proyectos que integran la Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera abarcan sectores estratégicos como el agroalimentario, la construcción, la industria farmacéutica y biotecnológica y la energía renovable.

Varias medidas y políticas de impacto nacional fueron aprobadas por el Consejo de Ministros este fin de semana, dentro de las que resaltan la presentación de la Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera, la extensión a todo el sistema empresarial de la mayor parte del Decreto 281 “en cuanto a conceptos, funciones y facultades”, así como la aprobación de una política enfocada a paliar los efectos del acelerado envejecimiento poblacional en Cuba.

Los análisis realizados y las medidas adoptadas por el órgano de gobierno cubano estuvieron centrados en la urgencia de reducir al máximo los gastos en que incurre o puede incurrir la Isla a corto, mediano y largo plazos, si se tiene en cuenta que desde 2013 la economía se ha desacelerado más de lo esperado.

La Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera, según explicó Marino Murillo –Jefe de la Comisión de Implementación y recientemente restituido en el cargo de Ministro de Economía y Planificación– incluye 246 proyectos a los que inyectar un monto de capital extranjero que asciende a 8 mil 710 millones.

Estos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país y abarcan sectores estratégicos como “el agroalimentario, la construcción, la industria farmacéutica y biotecnológica, la energía renovable, entre otros”, importantes para generar un ritmo de crecimiento económico continuo que permita a la Isla implementar su proyecto de desarrollo.

Acerca de los cambios necesarios en el sistema empresarial, se han enfocado en reorganizar los organismos de la administración central del Estado y las empresas que antes estaban bajo su dirección, con el objetivo de separar las funciones empresariales de las estatales, para que cada cual desempeñe la función que le corresponde en la sociedad.

Así, el Consejo de Ministros acordó nuevas funciones y facultades para las Unidades Empresariales de Base que, según reseñó Granma, podrán asegurarles más independencia y productividad.

En cuanto a la atención a la dinámica demográfica del país, la cual generará más decesos que nacimientos entre 2025 y 2027, además de un aumento de la población con 60 años o más, se señalaron como causas más importantes “los bajos niveles de fecundidad, el incremento de la esperanza de vida y el saldo migratorio externo” en ese orden.

Para ello, la política aprobada está destinada a “estimular la fecundidad, atender las necesidades de la creciente población de la tercera edad” y a la promoción de empleo “mayoritario y eficiente de las personas aptas para el trabajo”, según destacó Granma, aunque especificó que las medidas concretas se darán a conocer progresivamente.

Con miras a cuidar el patrimonio económico de la nación, el segundo Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo, Leonardo Andollo, expuso y fue aprobada por el Consejo de Ministros la Política Integral de la Propiedad Industrial, valorada como “herramienta de gestión de las exportaciones, la sustitución de importaciones, las inversiones, y el desarrollo científico y tecnológico” de las organizaciones estatales y las formas de gestión no estatal.

Asimismo, el órgano de gobierno acordó dar un tratamiento financiero especial a las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) cañeras, similar al aprobado ya para las UBPC, con el fin de sanear sus finanzas, “mantenerlas en funcionamiento y lograr estabilidad para continuar su actividad productiva de forma eficiente”.

Durante la reunión, el Consejo de Ministros analizó el plan de inscripción de inmuebles estatales, que forma parte del ordenamiento institucional que se lleva a cabo en Cuba. Igualmente se analizaron las afectaciones económicas producidas por las actividades de comercio exterior, concentradas básicamente “una mala selección de proveedores, dilatados procesos de contratación, incorrecta manipulación de las mercancías en la comercialización, problemas con la transportación y su planificación, fallas en el sistema de aseguramiento de la calidad, e indisciplinas tecnológicas”.

Estos problemas en el sector exterior, entre otros, han provocado que los resultados económicos no hayan acelerado como se esperaba, al dejar de ingresar o gastar innecesariamente varios millones de dólares por estos conceptos.

Por último, se aprobó un nuevo Plan de Ordenamiento Urbano para la ciudad de Santiago de Cuba, que luego del huracán Sandy debió ser reconstruida en buena parte. Este plan tributa a la organización que desde hace algunos años se realiza en todas las ciudades de Cuba para recuperar el control urbano y social de las grandes y pequeñas urbes de la Isla.

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