Eileen Sosin Martínez
A finales de abril último la Gaceta Oficial publicó varias normativas de diferentes ministerios, que establecen los primeros pasos legales hacia una mayor autonomía de la empresa estatal socialista. Esta seguirá siendo la forma de propiedad mayoritaria en el modelo económico cubano –tal como han expresado las autoridades, y según consta en los lineamientos–, lo cual otorga especial relevancia a las nuevas medidas.
Luego de cumplir los compromisos con el estado, las 2 mil 472 empresas del país podrán vender, de forma mayorista, sus excedentes productivos a terceros con personalidad jurídica, es decir, también a las cooperativas. Asimismo conservarán el 50 por ciento de las utilidades después de impuestos, cuando anteriormente solo retenían un 30 por ciento. El aumento de ingresos por estas vías será destinado a investigación y desarrollo (I+D), capacitación, inversiones, recapitalización, además de pagar a los trabajadores de acuerdo con sus resultados.
Si bien no deben esperarse “efectos espectaculares”, este resulta un avance significativo para lograr un crecimiento económico superior, opina Humberto Blanco, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, institución que en 2014 cumple 25 años.
¿Cómo podemos resumir la situación de las empresas estatales en el momento que se implementan estas regulaciones?
La situación de la empresa estatal, en términos generales, es la situación de la economía cubana hoy, donde en términos de ventas, producción, exportaciones, productividad, evidentemente todavía no se han alcanzado los niveles necesarios. Es decir, si las empresas no crecen, la economía no crece.
Creo que en estos momentos el escenario empresarial necesita transformaciones de este tipo, y al paso que las medidas vayan aplicándose y ajustándose, pueden y deben venir otras. Al margen de que esté en el debate si debió empezarse antes por la empresa, no me queda duda de que estas medidas eran impostergables.
En su opinión, ¿cuáles serían los efectos más inmediatos de las normativas?
No creo que debamos esperar grandes consecuencias a corto plazo. Hay que tener en cuenta que esto ocurre en un contexto complejo: falta de liquidez, gran dependencia de las importaciones, renegociación exitosa de parte de la deuda externa cubana; que significa confianza y credibilidad para el país, pero también honrar esos compromisos renegociados. También sucede que algunas acciones aprobadas no se aplican de inmediato. Por ejemplo, la distribución de utilidades se hace al final del año, entonces hay que esperar que llegue ese momento.
Para mí algo muy positivo es que estas medidas son para todas las empresas estatales. Al mismo tiempo, hay que seguir creando condiciones internas en las propias entidades para la aplicación efectiva, y continuar con las transformaciones institucionales y del marco regulatorio. Todo ello de conjunto debe propender a que las empresas comiencen a gestionarse con una perspectiva diferente y más efectiva en cuanto a sus resultados.
A mi juicio, queda claro que sin flexibilidad, autonomía y mayor responsabilidad de la empresa estatal para tomar sus propias decisiones y ponerlas en práctica, sin eso, no lograremos los propósitos de un socialismo próspero y sostenible.
Entre finales de los noventa y principios de los 2000 hubo otro proceso de otorgamiento de mayores facultades a las empresas, que luego experimentó cierta regresión. ¿Ahora puede ocurrir un retroceso como el de entonces? ¿Cuánto puede limitar el carácter “experimental” de las medidas sus resultados potenciales?
En mi opinión hay suficiente evidencia sobre la imposibilidad de mantener el nivel de centralización que ha prevalecido. Me parece que si algo puede extraerse de aquella experiencia, es que hoy no estamos pensando en volver a ese esquema, pues ha demostrado que no permite desplegar las potencialidades de los eslabones de base, para el crecimiento, para crear más riqueza, para innovar… Este será un camino que, lejos de ir hacia atrás, habrá que fortalecer, pensar qué más se puede hacer en pos de seguir liberando las fuerzas productivas.
El carácter experimental no es una limitante, asumido desde la transitoriedad, esto es: probar antes de tomar decisiones definitivas, sobre las cuales no se tiene suficientes antecedentes o validaciones prácticas. Lo que no debe pasar es que los experimentos se dilaten demasiado.
Las claves aquí son: descentralización, coexistencia de un sector estatal preponderante, con el sector no estatal; y la sustitución gradual de un enfoque administrativo del funcionamiento de la economía, por el uso de mecanismos económicos: la política monetaria, la política fiscal…
¿Cuán funcional y expedita, o no, resulta la aprobación de iniciativas por parte de sus Órganos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE)? Algunos opinan que estas sustituyen estructuralmente a los ministerios, pero se mantiene el factor burocrático…
OSDE es una suerte de conglomerado. Esto hay que verlo en el contexto de la separación entre funciones empresariales y estatales: el estado traza políticas, las controla, orienta; pero no es el responsable de hacer los negocios, producir bienes y servicios, gestionar utilidades, buscar mercados… Eso lo hace la empresa, no el ministerio.
Ahora, aunque esté la legislación, existen patrones incorporados, esquemas que de alguna manera la gente trae. El tema de OSDE habrá que seguirlo, para que realmente se conviertan en órganos corporativos de un sistema empresarial, y no en órganos administrativos.
¿Qué papel usted le otorga al desempeño de empresarios y directivos en este proceso de empoderamiento?
Es fundamental, para mí queda claro que el factor gerencial, en igualdad de condiciones, es uno de los aspectos que puede marcar la diferencia entre resultados y “buenas intenciones”. Estas medidas son un primer paso para crear un contexto más favorable en el cual todos pueden actuar. Pueden, pero no esperemos que mañana mismo todo el mundo tenga más iniciativa, sea más proactivo, estimule la innovación, etc.
Los equipos directivos adquieren más autoridad, y eso significa más responsabilidad, una va con la otra; o sea, ahora ellos son más responsables que antes, porque ya no tienen las limitantes a las cuales podían achacar determinadas deficiencias.
Probablemente no todos asuman esto al mismo tiempo, a partir de las singularidades que tienen las empresas, desde el punto de vista tecnológico, cultural, económico, de gestión, de los sectores en que operan… Esas diferencias son importantes. Hoy ocurre, y ocurrirá siempre, en el mundo entero es así, que existen negocios que les va bien y otros que les va mal, incluso estando en cierta homogeneidad de condiciones. Y en el caso nuestro se ve también.
Por principio quiero ser cautamente optimista; es decir, no creo que podamos esperar efectos espectaculares, porque la empresa forma parte de un sistema sujeto a muchas tensiones externas, donde todavía tienen que implementarse más cambios. Hay cuestiones que la propia práctica irá definiendo.
Se ha hablado de posibles cierres de empresas cuando estas generen pérdidas por dos años consecutivos. Esto es un hecho inédito durante los últimos 50 años…
Pienso que eso hay que leerlo en términos de una filosofía: se trata de poner a la economía en el lugar que va. Es imposible que el estado esté lleno de empresas que sean irrentables, creo que es un principio justo. Ahora, el sistema tiene que ser capaz de resolver las implicaciones sociales que eso tiene.
Para algunos especialistas la empresa estatal constituye el “corazón” de los actuales cambios, junto a la unificación monetaria y la inversión extranjera ¿Usted coincide con ese criterio?
Suscribo previamente esa idea, aunque para mí hay otras dimensiones más. Por ejemplo: el reconocimiento del sector no estatal como un actor necesario, con un rol en el funcionamiento económico, y que debe ser legitimado y apoyado.
A la sazón, las autoridades se han referido a la necesidad o perspectivas de una Ley de Empresa en Cuba. ¿Cuánto aportan en ese sentido estas legislaciones? ¿Qué hace falta para llegar a esa norma jurídica?
Habría que ver el contenido de esa ley, si va a ser un reglamento que diga cómo dirigir y gestionar una empresa estatal, con qué nivel de detalle o de generalidad, considerando las especificidades de cada entidad.
Todo esto deberá ajustarse, o no, en dependencia del resultado y las implicaciones que tenga. Para mí es invariante que la empresa demanda más autonomía. Este es un paso en esa dirección, lo cual no significa necesariamente que es lo único por hacer al respecto. Me parece que debemos ir hacia una institucionalidad y un marco regulatorio consistentes con el esfuerzo que se está haciendo.
