Tal como adelantó el Gobierno cubano a fines de 2023, las autoridades locales comenzarán a aprobar las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de sus respectivos territorios.
La medida, anunciada durante las más recientes sesiones de la Asamblea Nacional, como parte de una “actualización” de las normas que regulan al sector privado, traspasa la decisión del Ministerio de Economía —encargado hasta ahora de las aprobaciones desde La Habana— a los gobiernos municipales.
Se trata de un proceso “gradual” que comenzará a partir de este mes en Ciego de Ávila, municipio que servirá como “escenario piloto” al nuevo procedimiento, según informó el periódico Invasor.
La publicación da cuenta de recientes “acciones de capacitación” realizadas “bajo la conducción de especialistas del Ministerio de Economía”, con vistas a hacer posible “la transferencia gradual a los municipios de la competencia de autorizar nuevas mipymes en sus predios”.
Anisley Gómez Rodríguez, directora de Desarrollo Territorial en Ciego de Ávila, defendió la responsabilidad otorgada a los municipios, al considerar que estos —es decir, sus autoridades— “son los que dominan el ecosistema empresarial y conocen las potencialidades de los actores respectivos que allí actúan o pueden hacerlo, a partir de sus necesidades y prioridades”.
La directiva explicó que como “requisitos inviolables” para comenzar la aprobación de las mipymes, cada municipio debe tener “ocupada la plaza de Jefe de departamento de actores económicos, un especialista disponible en dicho departamento, encargado de operar la Plataforma de Actores Económicos (PAE) (que entre otras ventajas facilita y permite al usuario apreciar cómo marcha su trámite), y un mínimo indispensable de medios de cómputo”.
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De acuerdo con Invasor, el inicio de los preparativos para el nuevo procedimiento datan de octubre de 2023 —dos meses antes de que fueran anunciados por el Gobierno—, “cuando empezaron a crearse las condiciones en los municipios”. Los mismos tuvieron su “punto culminante” con una capacitación presencial el pasado viernes en la capital de la provincia.
La intención oficial, según el medio, es que a finales de julio el municipio cabecera “esté en condiciones de asumirlas aprobaciones respectivas”, mientras que “en fecha aún no determinada”, deben sumarse a este proceso los municipios de Morón, Chambas, Venezuela y Baraguá.
“Limar asperezas”
Hasta el pasado mayo, cuando el Ministerio de Economía informó por última vez sobre la aprobación de nuevas mipymes y cooperativas no agropecuarias, en Cuba habían sido autorizados por el Gobierno más de 11 mil de estos actores económicos.
Unos 205 de dichos actores son avileños, 197 de ellos privados, refiere Invasor, según el cual los mismos han aportado 284 338 189 pesos de impuestos a las arcas estatales, al tiempo que emplean a más de 6000 trabajadores.
La publicación señala que “las perspectivas apuntan hacia una ampliación” de sector en Ciego de Ávila, pero también considera que “urge limar las asperezas” que limitan su impacto, entre las que relaciona “la ausencia a respuesta a solicitudes de los nuevos actores y la desigualdad con respecto al sector estatal en cuanto al acceso al combustible mediante tarjetas magnéticas.”
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Un informe gubernamental citado por el medio sostiene que “una parte de las mipymes del territorio representan un ahorro en materia de inversión nacional, e indirectamente han estimulado el avance del sistema bancario-financiero de la provincia, además de que captan financiamiento externo en distintas formas”.
No obstante, al mismo tiempo lamenta que “los resultados no se han apreciado favorablemente por una parte de la población, pues si bien contribuyen a elevar la oferta de bienes y servicios, los precios de venta están por encima de la capacidad de compra de la mayoría”.
Tras estar vetadas durante décadas en la isla, las mipymes retornaron al escenario cubano en septiembre de 2021, como parte de las reformas implementadas por el Gobierno para enfrentar la severa crisis que atraviesa el país, acrecentada por la pandemia y las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, su inserción no ha estado exenta de trabas y recelos por parte de las autoridades ni de cuestionamientos de la población, principalmente por los precios de sus productos y servicios.
El Gobierno, además, si bien ha dicho que no hay incompatibilidad entre el sector privado y el modelo socioeconómico socialista, también ha insistido en destacar el papel de la empresa estatal como el “principal actor” de la golpeada economía cubana, a la vez que ha reiterado la existencia de “distorsiones” en el accionar de las mipymes que deben ser “corregidas”.