Lucía Rojas
La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), creada en 2013, fue la primera y única de su tipo en el país. Proyectada para convertirse en la locomotora de la inversión extranjera y la economía nacional, a nueve años de su surgimiento está muy lejos de lo que pudo esperarse y, peor aún, de lo que se necesita.
Si bien es cierto que desde su creación, Cuba ha captado más inversión extranjera que en momentos anteriores, las cifras dadas a conocer tras el recorrido de la máxima dirección del país en julio de 2022 por el área no alcanzan para la complacencia.
El flujo anual de la inversión extranjera que se ha estimado necesario para que esta impulse el crecimiento del PIB (producto interno bruto) de la Isla se halla entre los 2 mil y 2 500 millones de dólares.
Como consecuencia, Cuba necesitaba que en sus nueve años de existencia la ZEDM fuera capaz de captar cerca de 20 mil millones en inversión. Lo logrado, sin embargo, es solo la ejecución de mil millones de dólares, de una inversión comprometida de algo más de 3 mil millones.
Y no solo en materia de ingresos se ha quedado por debajo de las expectativas. El número de negocios en operaciones en el área evidencia un avance muy modesto en todo este tiempo: de los 62 aprobados solo 36 están en funcionamiento. En nueve años, la concreción de 36 negocios como cifra total equivale al limitado promedio de apenas cuatro anuales.
Cuba ha aprobado 62 negocios en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel
Casi una década de vida tiene la Zona. En términos económicos, el antes mencionado constituye un plazo suficiente para evaluar el cumplimiento de objetivos y avances concretos. Sin embargo, más allá de las cifras en bruto se desconoce el impacto real de este enclave en la economía de la isla. Aunque la percepción compartida por los cubanos es que, en la práctica, los resultados no se ven.
En cambio sí se ve la cifra de la mega inversión materializada en el lugar hasta julio de 2022 que asciende a unos 4 173 millones de pesos, según declaraciones de Osvaldo Bravo Borrego, director general de la Empresa de Servicios Ingenieros de la Dirección Integral de Proyectos Mariel.
Aunque se ha informado que con ese dinero se levantaron infraestructuras básicas y complementarias (viales, ferrocarriles, redes hidráulicas, eléctricas y de comunicaciones), y se construyeron “349 viviendas para personas que debieron reubicarse por necesidad del proceso inversionista y trabajadores de la propia Zona” —en palabras del directivo—, se trata de una cifra considerable.
Eso sí, puede entenderse la magnitud del número en relación con los beneficios proyectados. Pues la Zona debía atraer inversiones en la producción de bienes y servicios, impulsar la concentración industrial en pro de la sustitución de importaciones, fomentar las exportaciones y crear nuevas fuentes de empleo.
En términos de ingresos, el cumplimiento de estos objetivos debía garantizar el retorno de los millones puestos allí, más el logro de ganancias. Tras casi una década, lo proyectado y lo invertido siguen pendientes.
El destino de la ZEDM se debate entre los “pros” y los “contras”
La ZEDM es un megaproyecto con ventajas reales. Se trata de un área de 465,4 km² justo en el norte de la provincia de Artemisa y a apenas 45 km al oeste de la ciudad capital, que tiene, además, una posición geográfica privilegiada en la región, al ubicarse en el cruce de las principales rutas del tráfico marítimo de mercancías en el Hemisferio Occidental.
Como zona económica especial tiene sus beneficios. Uno de los más relevantes es su Ventanilla Única concebida para la autorización, con mayor agilidad, de los expedientes de inversión.
De forma adicional, cuenta con un régimen tributario favorable en relación con el régimen general, que implica una cuota ligeramente menor, y privilegios de exportación con exención del pago de aranceles aduanales.
El propio Consejo de Ministros puede autorizar allí la inversión de empresas con capital 100% extranjero (aunque no es un elemento exclusivo de la Zona, pues también puede haberlas en el resto del país). Y los bienes y servicios generados allí pueden comercializarse con todas las entidades jurídicas establecidas en Cuba —dentro o fuera de Mariel.
Gracias a estas prerrogativas, hasta julio de este año, se han aprobado allí proyectos de 11 multinacionales y 21 países y se han generado más de 15 mil empleos. Lo que permite suponer que de crecer a un ritmo más acelerado, este enclave pudiera multiplicar sus cifras de forma exponencial.
Mas, no se ha logrado. En gran medida porque priman todavía sobre las potencialidades los factores que limitan el avance del área. Y estos últimos son varios.
Según reconocía Osvaldo Bravo Borrego al cierre de 2021, la preparación de las inversiones es todavía “la principal insatisfacción”. Pero, no la única.
El más reciente Informe Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana expone que los inversores extranjeros encuentran aún obstáculos en regulaciones legales y administrativas que dilatan los procesos de tramitación.
Y para quienes valoran hacer negocios en la Zona resultan también desmotivadores la necesidad de una “autorización expresa para cualquier tipo de inversión” y “transferencia de divisas”; y el mantenimiento del concepto de “plazo en la inversión”, que no es más que un plazo de vencimiento de la misma que genera incertidumbre en su renovación.
De forma desfavorable inciden, además, las restricciones a la libre regulación de los precios y mercados; la capacidad de consumo “muy limitada” del mercado interior y la mediación obligatoria de “una entidad empleadora estatal para la contratación de trabajadores”.
La conjunción de todo lo anterior, en lo fundamental, se traduce en un ritmo lento en la concreción de nuevos proyectos. Y como si ello no bastara, el desarrollo de los ya aprobados se dilata más de lo razonable, en gran medida, debido a la burocracia nacional.
Como telón de fondo, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton en 2019 y la intensificación del embargo comercial, acentúan la incertidumbre para la inversión directa en la Isla.
Y todo esto en medio de un entorno altamente competitivo, pues la Zona se inserta en un mapa “con más de 500 enclaves similares en América Latina y el Caribe”, como lo ha explicitado Ana Teresa Igarza Martínez, su directora general; donde solo un funcionamiento eficiente podría garantizar sus posibilidades de éxito dentro de la región.
La ZEDM y la inversión extranjera: “si somos la misma cosa”
La inversión extranjera constituye una de las mejores alternativas de la Isla para el ingreso de divisas. Sin embargo, tras décadas en este camino —en el que algo se ha avanzado—, siguen pendientes logros en este renglón que catapulten, como se ha reconocido necesario, la economía nacional.
En Cuba la inversión extranjera comenzó a fines de la lejana década de 1980. Fue entonces una salida imprescindible a la situación económica, que tuvo un impulso mayor en los 90 con la Ley 77/1995.
La normativa del año 95 fue avanzada en su redacción, pero limitada en su puesta en práctica. Aunque la teoría amparaba la realización de inversiones en todos los sectores con excepción de la salud, educación y defensa, la implementación excluyó otros de amplio alcance como el comercio minorista. Y, de igual modo, aunque no se restringía la participación del socio foráneo en una empresa mixta, salvo contadas excepciones, no se autorizaba la participación extranjera por encima del 49%.
Con sus limitaciones la norma estuvo vigente —y sin cambios de importancia— hasta los años 2013 y 2014. Fue entonces cuando se aprobaron dos nuevos textos sin duda relevantes: uno dirigido a amparar la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y otro, la Ley 118 de Inversión Extranjera, aplicable a todo el país.
Inversión Extranjera Directa: Las normas y las circunstancias.
Ambos cuerpos legales reconocieron beneficios fiscales y definieron actividades priorizadas y políticas específicas en varios sectores (una parte de los que se hallaban excluidos antes en la práctica).
No obstante, en esencia tanto la Ley 77/1995, como la de la ZEDM y la nueva Ley de Inversión Extranjera mantuvieron principios comunes. Entre otros, aquellos que restan incentivos a la inversión tanto en la Zona como en el resto del país (la necesidad de autorización para las inversiones y transferencias de divisas, el “plazo en la inversión” y la mediación de una entidad empleadora).
La realidad es que durante décadas la captación de la inversión extranjera en toda la Isla no ha sido eficiente. Como no ha logrado serlo tampoco, hasta hoy, el enclave del Mariel.
A estas alturas, si las prerrogativas aplicadas no son suficientes, si existe un divorcio entre la ley y la práctica, si cada vez tiene menos sentido la enraizada burocracia y pesa más la acumulación de décadas de gestión ineficaz, es tiempo de hallar cómo revertirlo.
La ZED Mariel y el renglón económico de la inversión extranjera en Cuba tienen una deuda pendiente con el desarrollo del país. Y el tiempo no se detiene. Es mejor no olvidarlo.
Veo objetivo el análisis de los temas aquí tratados.