La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya tiene entre sus manos la Lista Nacional de terroristas que el Gobierno cubano hizo pública a inicios de diciembre, y en la que incluye a 61 personas y a 19 entidades u organizaciones “criminales radicadas en Estados Unidos”.
Aunque no existe un comunicado oficial sobre la entrega, el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina aseguró, en un artículo publicado en Cubadebate, haber verificado que las autoridades de la isla hicieron llegar a la Interpol la lista, publicada en la Gaceta Oficial.
Ya en diciembre último, el jefe de departamento del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado, teniente coronel Francisco Estrada, dijo en televisión cubana que varias de las personas incluidas en el listado están con notificación roja de la Policía Internacional.
Asimismo, el vicefiscal general, Marcos Caraballo, apuntó que Cuba puede solicitar extradición a otras naciones y también prevé la asistencia penal internacional, como investigaciones conjuntas, la ocupación de fondos y la toma de declaración, para la realización de investigaciones efectivas fuera de la frontera nacional.
El documento indica que los nombrados allí han sido “sometidos a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas”, y fueron incluidos “en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico interno” y dada “su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.
Además, señala que el Ministerio del Interior considera la existencia de “motivos o bases razonables para incluir a estas personas y entidades u organizaciones en la Lista Nacional de terroristas”, para lo cual asegura contar “con elementos probatorios debidamente documentados, que satisfacen los criterios de designación definidos en las normas internacionales y nacionales mencionadas en esta Resolución”.
La lista la encabezan personas relacionadas, según lo en ella planteado, con “actos terroristas consumados” en la década del 90 en hoteles y otros centros turísticos de La Habana.
También aparecen otro tipo de acciones como “la infiltración por las costas cubanas de terroristas procedentes de los Estados Unidos, para ejecutar actos violentos en la provincia de Villa Clara”; “planes de atentado contra el Presidente de la República de Cuba” [Fidel Castro], entre 1991 y 2001; además de la promoción, financiación y organización de actos terroristas ejecutados en Cuba, entre 1991 y 2010.
Los casos más recientes apuntan al descarrilamiento de un tren que trasladaba mercancías en el Mariel; el financiamiento y ejecución de “actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba” y las instituciones públicas en Cuba.
De igual forma, hechos de sabotajes al sistema electroenergético nacional; actividades contra el funcionamiento de instituciones públicas de Cuba; así como la incitación a “la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover la agresión armada contra Cuba”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó en diciembre a Washington de “complicidad” por “el amparo, la protección y la tolerancia” que, a su juicio, disfrutan en territorio estadounidense ciertos “promotores y comisores de actos terroristas” contra la isla.
De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos “conoce muy bien las denuncias oficiales, públicas y reiteradas del Gobierno de Cuba” sobre la protección que en su opinión ofrece Washington a personas a las que La Habana acusa de terrorismo.