Venus Carrillo Ortega
En otro intento por reformar la economía cubana, el gobierno de la Isla amplía nuevamente el radio de acción del sector privado, ahora con el arrendamiento de locales para los llamados trabajadores por cuenta propia en los servicios gastronómicos.
El nuevo modelo de gestión económica, según informaron hoy funcionarios de varios organismos, se aplicará a partir del primero de diciembre próximo en tres provincias de Cuba: Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila.
De acuerdo con Ada Chávez, viceministro de Comercio Interior (Mincin), el sistema aprobado en julio pasado, comenzará a instrumentarse en establecimientos donde laboren una o dos personas, quienes por decisión propia decidirán acogerse al sistema, en calidad de “cuentapropistas”.
Pero quienes no deseen incorporarse, se les aplicará el tratamiento de trabajadores disponibles según regula el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la resolución 34 de 2011, explicó por su parte María del Carmen Rodríguez, funcionaria de ese ramo.
Se dará prioridad los trabajadores contratados en la entidad por tiempo indeterminado y los que cumplen el servicio social, haciendo énfasis en la representación femenina.
Las actividades establecidas por las resoluciones son: elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos por raciones (paladares); elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas al detalle en puntos fijos (cafeterías), y el trabajador contratado.
Los contratos de arrendamiento con la empresa de comercio y gastronomía del territorio en el que se encuentre la unidad, se suscribirán de manera individual por cada titular de la autorización, puntualizó Chávez. Este pacto se podrá firmar por 10 años, prorrogables por acuerdo entre las partes.
El inmueble, equipos y otros medios existentes en la unidad continuarán en propiedad del Estado, pero los gastos de mantenimiento y reparaciones de estos, serán asumidos por los trabajadores, al igual, que el pago de la electricidad, agua, teléfono, y publicidad según la tarifa residencial.
Una constante entre quienes ya ejercen esta actividad en la nación, es la creación de un mercado mayorista que garantice el suministro de insumos indispensables. Pero ante tal inquietud reflejada por la prensa asistente en el encuentro, los funcionarios dijeron que se trabaja en ello.
Precisaron que solo en la venta a los cuentapropistas de ron, tabacos y cigarros, la empresa de comercio aplicará un descuento al precio minorista fijado, en función de no afectar a los consumidores.
Las disposiciones permiten exonerar del pago de arrendamiento hasta un año a los trabajadores por cuenta propia que asuman la reparación de los locales, en el primer año de labor y por única vez.
Luego de ser probada la eficiencia en este ejercicio, se incorporarán paulatinamente al modelo aquellas instalaciones donde trabajen hasta cinco personas. En ese sentido, se identificaron en el país unas mil 183 unidades, representando solo el 14 por ciento de todas las existentes.
De impuestos y pagos…
Los Consejos de la Administración Provinciales serán las autoridades facultadas para establecer el procedimiento en la determinación y aprobación de las tarifas de arrendamiento de locales.
Mientras que los Consejos de Administración Municipales fijarán dichas tarifas a partir de la norma que emitirá el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
Según explicó Rafael Carlos González, del grupo de estudios tributarios de ese organismo, los acogidos al nuevo modelo de gestión responderán al mismo sistema tributario establecido por la resolución 248 de 2011. De ahí que deberán pagar impuestos sobre los servicios públicos, ingresos personales y por la utilización de fuerza de trabajo, además de la contribución a la seguridad social, una vez se inscriban como trabajadores por cuenta propia.
Los impuestos serán depositados dentro de los primeros 20 días naturales del mes siguiente del que se liquida.
Las normas jurídicas por las que se rige el acuerdo son las resoluciones 241, 349 y 46, de los ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social, respectivamente, publicadas en la Gaceta de la República el 6 de noviembre.
Estas medidas parten de un programa que comenzó de manera experimental con las barberías y peluquerías en abril de 2010, con el objetivo de reducir la abultada planilla estatal y hacer eficiente la alicaída economía de la Isla.
