Parlamento cubano discutirá este mes proyecto de Ley de Comunicación

Tras más de 30 versiones de esta norma y varios años de preparación, al fin llegará al pleno de la Asamblea Nacional del Poder Pupular para ser aprobada.

Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: EFE.

La Asamblea Nacional del Poder Popular someterá a discusión el próximo 25 de mayo el proyecto de Ley de Comunicación Social, como parte de la agenda en la segunda sesión extraordinaria de esta X Legislatura.

Entre el 18 al 27 de enero de 2023, los diputados estudiaron la propuesta en reuniones territoriales, antes de su presentación a la Asamblea.

La Ley de Comunicación debió haberse aprobado antes de fin de año, pero el Consejo de Estado pidió retrasarla debido a su “complejidad“ y a que los múltiples cambios que se le introdujeron no habían sido trasladados en su totalidad a los parlamentarios.

OPINIONES SOBRE COMUNICACIÓN, A TENOR DE LA PROPUESTA DE LEY, PUBLICADAS EN OnCuba:

El cambio de mentalidad no consiste en admitir el papel del mercado y los agentes no estatales en la economía, en hacerse cargo de los nuevos actores sociales, como haría la teoría de la modernización; sino en mirar la sociedad en su complejidad de grupos sociales, colores, géneros, territorios, muy diferenciados y desiguales. Y en colocarse ante el disentimiento, dentro de un consenso político que ya es otro, fundamentalmente heterogéneo y contradictorio, como un ingrediente natural de un ajiaco distinto, en el que se juntan factores sociales y culturales diversos.

Dentro de ese nuevo consenso está el cuestionamiento al sistema de medios de difusión. El cuestionamiento se ha convertido en consenso estructuralmente hablando, pues ha pasado a formar parte de las premisas del debate arriba y abajo.

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Rafael Hernández, director de la revista Temas y columnista de OnCuba.

Entre los aspectos positivos, esboza los derechos de los profesionales de la comunicación y brinda más herramientas a quienes deseen sortear los obstáculos que habitualmente pone la burocracia a la función propia de los medios de convertirse en agentes que de rendición de cuentas. Además, plantea a los medios la obligación de cumplir pautas éticas que han sido violadas en ocasiones, como el respeto a la presunción de inocencia de un acusado. Además, les exige responder por un mal tratamiento periodístico que afecte la intimidad o integridad de una persona.

En el ámbito de la comunicación organizacional, es de elogiar que el instrumento legal proponga como obligación de las organizaciones responder ante los medios de comunicación y transparentar su gestión ante la ciudadanía. 

Otro gran avance es el reconocimiento de formas de financiamiento más allá del presupuesto estatal, como “la publicidad, el patrocinio, las donaciones y la cooperación nacional e internacional”. Ojalá repercuta directamente en una mejora de las condiciones de nuestros medios, un pago más justo a sus profesionales y, en general, en contenidos de mayor calidad.

En cuanto a las carencias, la fundamental se ubica entre las principales discusiones pendientes del sistema de comunicación cubano: la no delimitación explícita entre medios estatales, públicos y partidistas, lo cual dificulta las exigencias ciudadanas a cada uno. 

Por otro lado, aunque se esbozan, como dije, los derechos de los profesionales de la comunicación, no queda claro cuáles son las instancias a las que pueden apelar en caso de que estos sean violados. Además, estos derechos son insuficientes. Por ejemplo, se dice al principio que los medios y sus profesionales ejercen sus funciones en un ambiente de libertad creativa, pero no se plasma el derecho a que su trabajo no sea censurado sin una razón objetiva o vinculada a la ética o a estándares de calidad periodística. Seguir leyendo

Rubén Padrón Garriga, graduado de Comunicación Social por la Universidad de La Habana, profesor universitario y maestrante en Desarrollo Social.

Ante todo, destaco la novedad. Nunca antes se había intentado regular por vía legislativa en Cuba todo lo referido a la comunicación, incluida la estructura, organización y gestión de la prensa escrita, radiotelevisiva y digital; además de desarrollar legislativamente el derecho a la libertad de prensa, como dispone el artículo 55 de la Constitución de la República.

Segundo, y como consecuencia de lo anterior, la enorme extensión del ámbito de regulación: nada menos que “los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales”. Además, “la libertad de prensa reconocida en la Constitución y los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país”.

Resulta todo un desafío que requerirá grandes cambios, no solo en el ámbito normativo, sino especialmente en el cultural, en el que perviven seculares tradiciones autoritarias y prácticas burocráticas muy arraigadas.

Tercero, la tremenda relevancia de los derechos que se regulan: nada menos que el derecho a la información y la libertad de prensa (este último tan importante que Marx escribió que “sin libertad de prensa, todas las demás libertades son ilusorias” y Rosa Luxemburgo dejó para la posteridad que “sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida de todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura en que sólo queda la burocracia como único elemento activo”. Seguir leyendo

Dr. en Ciencias Jurídicas, Profesor de Derecho en la Universidad de Oriente

El Parlamento anunció que durante la sesión se tratarán otros asuntos como la actualización sobre la situación económica del país y la propuesta del Cronograma Legislativo de la X Legislatura.

Además, en esta oportunidad tendrá lugar la constitución de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y de los Grupos Parlamentarios de Amistad del legislativo en la isla.

El pasado 19 de abril se constituyó la X Legislatura del Parlamento en el Palacio de Convenciones de La Habana, integrado por los 470 diputados electos el 26 de marzo en los comicios nacionales.

PROYECTO DE LEY DE CS 9.12.22 FINAL PARA ANPP
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