El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, retornará a San José desde La Habana sin novedades que contar a los casi cuatro mil cubanos que permanecen varados en su territorio (y otros dos mil en Panamá) a la espera de seguir camino hacia los Estados Unidos.
Aunque la agenda del viaje era mucho más abarcadora que el tema migratorio, la crisis regional desatada por el estancamiento de estas personas concentra toda la atención. Sin embargo, Solís no hizo más que trasladar la expectativa hasta la próxima reunión del Sistema de Integración CentroAmericano, SICA, el viernes 18 de diciembre.
“Creemos que hasta pasado mañana, en la víspera de la reunión de presidentes en San Salvador (…) puedan darse noticias positivas respecto de estas gestiones que, aunque intensas, aún no deparan anuncios significativos respecto a la voluntad de los países de la región que no han autorizado todavía el paso de los migrantes cubanos por sus territorios”, dijo Solís en conferencia de prensa este martes en la capital cubana.
“Seguimos esperanzados en que se reconozca, no solamente el derecho de tránsito de esas personas, sino todos los derechos que les asisten como ciudadanos que salieron de su país debidamente documentados, en el marco de un entendimiento regional”, apuntó al tiempo que volvió a insistir en que los países del área deberían entregar documentos a todos los migrantes que pasen por la zona con rumbo a los Estados Unidos. “Aquí estamos involucrados todos los países que de alguna manera tenemos que ver con esta migración, incluido los Estados Unidos”, enfatizó.
Al parecer, el presidente tico volvió a recibir la confirmación de la postura de Cuba ante este fenómeno: como ciudadanos que salieron de manera legal del país, todos los varados pueden regresar. “Me parece que sería oportuno garantizar su paso hacia el destino final, si voluntariamente alguno de ellos deseara volver para su nación de origen ese regreso está garantizado por el gobierno de Cuba y por los organismos multilaterales con los cuales se ha trabajado desde el inicio de esta crisis humanitaria.”
“En este caso –agregó- lo que toca al gobierno de Costa Rica es que aquellos que quieran volver, puedan hacerlo con seguridad y según establece la organización internacional de las migraciones, y aquellos que quieran seguir que lo hagan, garantizándoles los gobiernos el tránsito seguro por sus territorios. Ese es el trabajo que estamos haciendo”, enfatizó.
De acuerdo con el recién nombrado Académico Correspondiente Extranjero de la Academia de Historia de Cuba, “(…) Estados Unidos ha reiterado que las leyes que conforman el marco legal de este caso se van a mantener en la situación actual. Lo cierto es que esas leyes otorgan privilegios a los cubanos que llegan a Estados Unidos, eso es fruto de una circunstancia histórica que está en discusión en estos momentos. Corresponde a cada cual administrar sus leyes, y a quienes somos víctimas de ellas corresponde administrarlas con la responsabilidad.”
Como si le estuvieran escuchando, funcionarios del departamento de Estado, de Estados Unidos, aseguraron hoy que la Administración Obama en este momento no tiene planes de alterar su política migratoria actual hacia Cuba y los cubanos.
“Creo que la situación difícil (en Costa Rica) ilustra los riesgos inherentes y (las) incertidumbres de implicarse con los contrabandistas y el crimen organizado en un intento de llegar a los EE.UU. Seguimos alentando a los ciudadanos cubanos a aplicar en la Embajada de EE.UU. en La Habana por los varios medios disponibles para la migración legal a los EE.UU.”; expresó un alto funcionario del Departamento de Estado, en conferencia de prensa con periodistas norteamericanos a la que OnCuba tuvo acceso.
Mientras tanto y sin que hayan trascendido detalles de lo discutido con su par cubano, Raúl Castro, en La Habana, el mandatario Solís toma precauciones ante el escenario presumible de ausencia de solución inmediata a esta crisis. Hoy se supo que la Comisión Nacional de Emergencias, de Costa Rica, decretó alerta amarilla en varios puntos de sus fronteras para garantizar que funcionarios públicos vinculados a organizaciones como la Cruz Roja, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, brindaran asistencia a los varados caribeños.
Según diversos medios de prensa, esta decisión implica la distribución de colchones, alimentos y medicinas, así como la apertura de más albergues, en caso de ser necesarios. La alerta estará activa hasta el 4 de enero, cuando se incorporan a trabajar los funcionarios públicos no indispensables, que salen muy pronto de vacaciones navideñas.