Coronavirus: Razones para activar la exención de impuestos en el sector privado cubano

En estos últimos días he conversado con varios clientes y colegas que están comenzando a sentir el impacto del coronavirus sobre sus negocios. Especialmente, los emprendimientos relacionados con el turismo internacional como los arrendadores, ciertos restaurantes y experiencias Airbnb han recibido cancelaciones de viajeros individuales y grupos hasta el mes de mayo.

Otro tipo de negocios vinculados indirectamente con la llegada de viajeros como son los emprendimientos que le prestan servicios o son proveedores de aquellos comienzan a afectarse.

Igualmente serán dañados, quizás en un grado mayor, aquellos emprendedores que acaban de concluir procesos de inversión o que se encuentran en medio de dicha fase. Impedidos de generar ingresos deberán afrontar la ausencia de los mismos lo que dañará no solo a los dueños sino a los empleados y sus familias.

En la mayoría de los casos he percibido mucha responsabilidad con acciones dirigidas a preservar, en primer lugar, la salud de los clientes y empleados. No son pocos los negocios que a esta altura han decidido cerrar o aplicar a modelos de gestión que no impliquen interacción presencial.

Hay que recordar que todo esto ocurre en un contexto en el que el sector privado junto a todo el país viene sufriendo las sanciones económicas de la actual administración estadounidense que ha tenido como uno de sus objetivos principales obstaculizar los viajes de sus ciudadanos a Cuba y que se habían convertido en un mercado clave para nosotros. También, las carencias y problemas crónicos de la economía nacional que siguen sin resolverse les ha pasado factura.

Para tener una idea de la gravedad del momento, el Consejo Mundial de Turismo (WTTC) ha estimado que la actividad turística caerá un 20 por ciento en todo el mundo y que 50 millones de empleos están en peligro de desaparecer. Estiman que recuperar los niveles de actividad previos al agravamiento de la pandemia tomará entre 10 y 18 meses una vez controlada la propagación de la enfermedad.

Ante esta situación y en medio de todas las responsabilidades que tienen en un momento como este, las autoridades cubanas deberían proteger/apoyar a las decenas de miles de empleos en el sector no estatal que ya están sufriendo los rigores del momento.

Hacerlo es un imperativo económico pues estamos hablando, en el caso de los arrendadores, de más de 24 mil alojamientos que fueron claves, por ejemplo, para asimilar el boom turístico que vivimos en el país entre 2014 y 2016.

Además, apoyar el sector privado en un momento como este es proteger al 32% de la fuerza laboral del país, que además de incluir a los TCP incluye a otros actores no estatales que también se verán dañados porque los ingresos del turismo, vayan al privado o al Estado, se extienden sobre toda la economía.

No hay que crear mecanismos especiales sino aplicar la Resolución 427/2019 del Ministerio de Finanzas y Precios la cual permitiría eximir del pago de la cuota anticipada a cuenta del Impuesto sobre Ingresos Personales o reducirlas considerablemente en una situación como la actual.

Este mecanismo ya fue aplicado cuando el Huracán Irma y varios emprendimientos se beneficiaron con él.

A diferencia de aquella ocasión, en esta la situación que impide el normal desempeño de los emprendimientos no es local, como lo fue el Irma, sino global y por ello apenas unos días atrás la OMS declaró al coronavirus como una pandemia.

Si bien la Resolución del MFP está diseñada para contigencias climatológicas y epidemiológicas del país, y por el momento los escenarios más graves se encuentran fuera de nuestras fronteras, la globalización y la interconexión entre nuestras sociedades han traído ya a nuestra isla, además del virus, su impacto inmediato sobre nuestra economía y todos sus actores.

Descargar aquí la Gaceta Oficial No. 85 Ordinaria de 2019 que contiene la Resolución 427 del MFP.