Julio Carranza
La economía tiene diferentes sectores productivos y de servicios, siempre susceptibles y necesitados de análisis sectoriales específicos, que tienen que ver desde su organización y funcionamiento, hasta otros factores como las tecnologías, escalas, inversiones, etc.
Sin embargo, ningún sector de la economía existe de manera aislada y sin conexiones que impactan sobre el todo, quiere decir, que cualquier análisis o decisión que se realice o se tome en un sector concreto debe ser considerado en su relación e impactos sobre la dinámica económica general.
Vienen al caso estos dos párrafos introductorios, para referirnos a la reciente Resolución 275/2024 del Ministerio de Agricultura, que se plantea fortalecer la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2022, porque consideramos honestamente que en la práctica esta nueva Resolución se coloca en dirección contraria a lo que muchos economistas hemos venido planteado acerca de las exigencias que plantea hoy y desde hace tiempo, el sector agropecuario para realmente fortalecer la Ley 148 de 2022.
Como se sabe, uno de los principales problemas actuales de Cuba es el nivel de inflación con fuertes y negativos impactos sobre la población, sobre las causas de esta y sus alternativas de solución nos hemos referido en extenso en otros textos ya publicados, ahora nos interesa destacar que uno de los sectores que más influyen en los altos niveles de precios que se observan en los mercados son los alimentos. En esto actúan varios factores, desde una importante caída y muy lenta recuperación en su producción, hasta factores “extra sectoriales” como el alto déficit presupuestario que se viene arrastrando en los últimos años (18,5 % del PIB planificado para este 2024).
En los bajos niveles de producción y eficiencia en la producción agropecuaria actualmente existentes inciden, desde los objetivos y fuertes impactos del bloqueo, hasta serios problemas en el modelo de funcionamiento del sector y un nivel muy reducido de la inversión nacional asignada a este.
Como es obvio, el primero de esos factores está por fuera del alcance de las decisiones que se pueden tomar por el gobierno para superarlo, más allá de la justa denuncia y la presión internacional en espacios como la ONU. Sin embargo, los otros dos factores, que tienen un peso enorme en los resultados de la producción agropecuaria, sí están totalmente en las manos de la política económica que se decide e implementa en el país.
Si estos factores no se asumen claramente, sucede una mayor confusión acerca de las causas que tienen a la economía en la situación actual y por lo tanto pueden tomarse decisiones contraproducentes que, lejos de superar los problemas, con frecuencia los agravan, como ha sido el caso de muchas de las decisiones que se han tomado. La más significativa de ellas, debido a su alcance, el ordenamiento monetario de 2021, afectado además por problemas de secuencia y falta de condiciones para su implementación, vale también para la forma en que se ha concebido e implementado la bancarización.
Considero —como otros economistas también lo han tempranamente expresado— que este muy probablemente será el caso de la actual Resolución del Ministerio de la Agricultura a la cual nos referimos en este texto.
Está demostrado hasta la saciedad por la historia, la del socialismo incluida, que los problemas de la economía no se pueden solucionar con métodos administrativos y de órdenes centralizadas de carácter burocrático. El Estado y sus instituciones, con mayor razón un estado socialista, tiene la responsabilidad de regular la economía y controlar las disposiciones que la hagan funcionar mejor y garantizar una distribución más justa de los recursos en general. Si se desconocen las circunstancias de la realidad sobre la que se actúa, las evidencias y las lecciones de la historia, se puede avanzar en una dirección contraria al logro de esos objetivos, las consecuencias de esta marcha forzada pueden ser muy negativas y hasta determinantes.
La nueva Resolución se refiere, entre otros aspectos, pero mayormente, a las relaciones contractuales entre los productores agropecuarios, fundamentalmente las que corresponden al sector no estatal con las instituciones económicas y de gobierno del estado. No era este un asunto que “anduviera suelto”. Ya estaban establecidos determinados mecanismos, como el compromiso de los productores con los encargos estatales y la asistencia de estos con parte de sus producciones a los mercados de libre oferta y demanda, todo bajo las regulaciones correspondientes, más allá de las conocidas restricciones y los problemas de eficacia en instituciones como Acopio.
Lejos de tratar de profundizar en el mejoramiento del funcionamiento de estos circuitos y mantener una observación sistemática y precisa sobre el funcionamiento de los mercados para regularlos adecuadamente, así como un acertado método, no exclusivamente administrativo, para asegurar los encargos estatales, se vuelve a apelar al establecimiento de nuevos mecanismos extraeconómicos más rígidos aún que los previamente existentes: en este caso referido a los contratos, que deben determinar el destino y los precios de la producción de alimentos, estrechando los márgenes de operación y potencialidades de rentabilidad de los productores agropecuarios.
Esta nueva decisión en lugar de incentivar a mayores niveles de producción, productividad e intensidad del trabajo, así como a fomentar y retener empleo en ese estratégico sector (el mayor empleador del país) puede impactar negativamente y conducir a un probable crecimiento del mercado negro. Como suele ocurrir, a más burocracia y controles paralizantes, más mercado negro y contracción de la producción, “película” que, por cierto, ya hemos visto muchas otras veces, de ahí la importancia de no desconocer la historia al decidir la política.
Los “problemas en los contratos” en este sector, se deben a causas más profundas que determinan los bajos niveles de producción y no fundamentalmente en la formas bajo la cual estos se establecen, supuestamente demasiado “flexibles” hasta el momento. Esas otras causas, a las cuales nos referiremos, son las que dan lugar a la baja producción y a la especulación de precios en el mercado, confundir aquí causa y efecto tienta inmediatamente la apelación a más rígidos mecanismos administrativos cuyo resultado puede ser todo lo contrario a lo que se plantean solucionar.
Como hemos expresado en diversas ocasiones, las causas más profundas de los serios problemas que presenta hoy la producción de alimentos en Cuba está, de una parte, en el funcionamiento de un subsistema de producción agropecuaria que ya no opera adecuadamente, reduce y distorsiona los incentivos, así como a una política de inversiones que continúa manteniendo una concentración mayor del 30 % en el sector turístico e inmobiliario, mientras el sector agropecuaria recibe menos del 3 %, además, claro está, de los efectos nocivos del bloqueo.
Esta desproporción de las inversiones es muy difícil de defender, en un momento en el cual la seguridad alimentaria no está garantizada y cuando el precio de los alimentos, en gran medida, aunque no solamente, se explica por los bajos niveles de oferta, lo cual es un factor fundamental en la inflación. No hay que olvidar que en la producción de alimentos está implicado un asunto de seguridad nacional.
La baja inversión en la agricultura afecta la disposición de factores fundamentales para la producción, desde fertilizantes, herbicidas, etc., hasta agua para regadío, maquinaria, tecnologías e infraestructura en general, además de problemas de escala en el tamaño de las extensiones de tierra que se les permite cultivar a los productores no estatales, dificultades en la comercialización, etc, cuando son estos, como demuestran las estadísticas oficiales, los principales generadores de alimentos en la Cuba de hoy.
Son todos esos factores los que deben ser objeto de análisis y transformación para una reconstrucción fundamental del subsistema de producción agropecuaria, como parte de la reforma integral de la economía nacional.
El problema esencial es que esto no solo tiene consecuencias económicas, también políticas, es una Resolución que puede generar mayores descontentos y rupturas, bajar la producción, aumentar el mercado negro y el desempleo, acaso no sería ese análisis mayor y más integral responsabilidad de la dirección del gobierno y del partido, sin embargo se trata de una Resolución del Ministerio de Agricultura, creemos que insuficientemente discutida, con impactos mucho más allá de su alcance sectorial.
*Este texto fue publicado originalmente en el perfil de Facebook de su autor. Se reproduce con su expreso consentimiento.
Excelente artículo. El problema es q los errores de política económica los paga el pueblo, de ahí el costo político del mal manejo de la economía, q no acaba de verse por los decisores como un solo organismo vivo sujeto a leyes no volitivas. Más macroeconomía se necesita para tratar de restablecer poco a poco los múltiples desequilibrios existentes