Redacción OnCuba
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezará este lunes una ceremonia institucional de “reafirmación de la democracia”, a un año de la asonada promovida por la extrema derecha que intentó derrocar a su Gobierno.
Según un reporte de Efe, el acto será celebrado en el Salón Negro del Congreso nacional y reunirá a autoridades de todos los poderes del Estado, gobernadores, ministros y representantes de la sociedad civil.
8 de enero de 2023
El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, fueron invadidas y depredadas por miles de seguidores de Bolsonaro, que no aceptaban su derrota en las urnas.
Por esos desmanes unas 2000 personas fueron imputadas, de las cuales una treintena ya ha sido condenada a penas de hasta 17 años de prisión, precisa la fuente.
El asalto del 8 de enero fue, según una comisión parlamentaria que investigó el asunto, el ápice de un movimiento golpista que comenzó el 30 de octubre de 2022, cuando se conoció el resultado de las elecciones en las que Lula derrotó a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
“Reconstrucción” del tejido democrático
Bolsonaro, a quien la Justicia investiga como supuesto “mentor” de ese movimiento, tampoco reconoció su derrota en las urnas y un día antes de la investidura de Lula viajó a Estados Unidos con el único objetivo de no entregarle el poder al líder progresista.
Tras aquellos sucesos, Lula se volcó a la “reconstrucción” del tejido democrático, fortalecer a las instituciones del Estado y recuperar las políticas públicas abandonadas por Bolsonaro mientras ejerció el poder (2019-2022).
Gobierno de Brasil cree que hubo “planificación” en disturbios del pasado domingo
Este lunes, la seguridad será reforzada en Brasilia, donde serán desplegados unos 3000 agentes, sobre todo en torno a la Plaza de los Tres Poderes, escenario del violento ataque a la democracia del 8 de enero de 2023, apunta Efe.
La Justicia consideró aquel hecho como el “más brutal ataque a la democracia” brasileña desde el golpe militar de 1964.
