El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló renunció, tal como lo había prometido, y allanó el camino para que el veterano político Pedro Pierluisi juramentara como su sucesor, una medida que arrojó a la isla a un período de incertidumbre política.
Rosselló había prometido renunciar en respuesta a protestas multitudinarias que se extendieron durante semanas contra la mala gestión gubernamental y por una serie de chats filtrados en los que él y sus asesores denigraban a puertorriqueños. Debido a problemas con la elegibilidad de los miembros del gobierno de Rosselló que estaban en la línea de sucesión constitucional, no estaba claro quién sería gobernador sino hasta el último minuto.
Pierluisi fue nombrado secretario de Estado –el cargo que ocupa el primer sitio en la línea para suplir al gobernador– esta semana, cuando la legislatura estaba en receso.
En un anuncio enviado por correo electrónico desde su oficina, Rosselló dijo que Pierluisi sería juramentado para completar su mandato. Rindió juramento ante la jueza Luisa Colón a las 5 de la tarde, la hora que Rosselló había estipulado para su renuncia.
La Cámara de Representantes puertorriqueña confirmó a Pierluisi como secretario de Estado el viernes, pero el Senado no ha votado sobre su nominación. Rosselló dijo que no se necesitaba la confirmación de ambas cámaras para un nombramiento durante receso legislativo, una afirmación que al parecer dará pie a impugnaciones legales.
Pedro Pierluisi asume como gobernador de Puerto Rico sin tener la confirmación del Senado https://t.co/ups7O2ItOS
— CNN en Español (@CNNEE) August 3, 2019
Cuatro horas después, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tuiteó que el lunes a las 8 de la mañana el municipio impugnará la juramentación de Pierluisi como gobernador. Mientras tanto, una respetada organización de abogados lo acusó de “secuestrar” la Constitución.
Después de juramentar en casa de su hermana, Pierluisi se presentó en la residencia oficial del gobernador para hablar con la prensa, y dijo que prometía fungir como gobernador hasta el miércoles, cuando el Senado tiene programada una audiencia sobre su nominación. Si la cámara alta no confirma su nominación, Pierluisi afirmó que renunciará y entregará el gobierno a la secretaria de Justicia, la siguiente en la línea de sucesión estipulada en la Constitución.
No se ha sabido más de Rosselló.
Pierluisi dijo que estaba “totalmente habilitado y autorizado para actuar, pero que el Senado tendrá su oportunidad de pronunciarse”.
Dependiendo de la decisión que tome el Senado, la permanencia de Pierluisi en el cargo “podría ser muy breve”, afirmó él mismo. No tiene planes de mudarse a la mansión del gobernador sino hasta después de la votación. También dijo que evitaría efectuar cualquier cambio importante y se concentraría en reunirse con altos funcionarios del gobierno.
La incertidumbre política de los últimos días generó el riesgo de caos y sembró amargura y pesimismo entre los puertorriqueños sobre el destino de su isla, la cual ha sido azotada durante años por la bancarrota y por el huracán María en 2017, uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos.
Hace sólo unos días había júbilo por el éxito del movimiento popular para obligar a Rosselló a dejar el puesto. Sin embargo, el viernes los puertorriqueños lamentaban el caos que los dejó sin saber quién será su próximo gobernador.
“El pueblo está disgustado con el gobierno en general, no solamente con Ricardo Rosselló, sino también con todo el gobierno”, afirmó Janeline Ávila, de 24 años, graduada recientemente en biotecnología.
El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, miembro del partido de Rosselló y de quien se piensa podría ser gobernador en el futuro, criticó al ex mandatario por haber nombrado a Pierluisi, y pareció insinuar que disputará el plan de sucesión.
“Nunca se arrepintió de nada”, dijo Rivera sobre Rosselló. “No respetó el reclamo del pueblo. De hecho, se burló, utilizando nuevos cómplices”.
Dijo también que prevalecerán el orden y la moral: “Nadie debe perder la fe”.
Cientos de manifestantes marcharon hasta la residencia del gobernador, La Fortaleza, golpeando cacerolas y tambores, y entonando el himno nacional. Los inconformes no habían sido muy críticos de Pierluisi antes del viernes, pero expresaron su disgusto con el proceso de sucesión y los vínculos de Pierluisi con la junta federal de control que ha promovido recortes al gasto público de la isla.
Bryan Carhu Castro Vega, un estudiante universitario de 21 años, dijo estar decepcionado.
“Yo pienso que sí ha sido evidente que el ‘set up’ constitucional que tenemos no está funcionando para el pueblo, y si el mismo pueblo lo constituyó, el mismo pueblo lo puede cambiar”, afirmó. “Porque evidentemente ninguna de las opciones es lo que el pueblo eligió, ni lo que el pueblo quiere, ni lo que el pueblo se merece”.
Rosa Cifrián, una profesora de enfermería de 47 años, dijo que Pierluisi no será un buen gobernador “para el pueblo”. Él “va a seguir promoviendo políticas de austeridad, los recortes, todo en función de lo que la junta dicta”, denunció.
Para el viernes por la noche, la policía les advirtió a los manifestantes que arrojaría gases lacrimógenos de ser necesario mientras algunos coreaban que Pierluisi era culpable de la crisis.
“Lo ideal sería limpiar la casa completa”, dijo Roxana López, de 34 años, quien se dedica a la música y desea rostros nuevos en altos puestos gubernamentales.
¿Quién es Pedro Pierluisi, juramentado como gobernador de Puerto Rico? https://t.co/gfPQvK65FK
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La Cámara de Representantes de Puerto Rico confirmó a Pierluisi como secretario de Estado con 26 votos a favor, 21 en contra y una abstención.
En una enmienda constitucional se afirma que todos los que estén en línea para convertirse en gobernador tienen que ser confirmados por la Cámara de Representantes y el Senado, exceptuando al secretario de Estado.
Carlos Ramos, profesor de derecho constitucional, y otros expertos en leyes cuestionaron la validez de esa enmienda y creen que la cámara baja y el Senado deben confirmar a Pierluisi porque la enmienda contradice la intención de la Constitución y su declaración de motivos.
Algunos legisladores y Pierluisi mismo expresaron su preocupación de que la continua incertidumbre política dañe los esfuerzos de Puerto Rico por obtener fondos federales para recuperarse del huracán y enfrentar la crisis económica.
Varios legisladores han acusado a Pierluisi de tener un conflicto de interés porque trabajó para una firma de abogados que representa a la junta federal de control, un organismo que ha chocado repetidas veces con funcionarios locales en torno a sus exigencias de que se apliquen medidas de austeridad.
Pierluisi, cuyo cuñado es el presidente de la junta, intentó disipar esos temores en sus declaraciones iniciales.
“¿Quién mejor que yo para abogar por nuestra gente ante la junta? ¿Quién mejor que yo para encaminar el proceso que hará que la junta se vaya? Eso es lo que todos queremos”, afirmó.
El Congreso federal creó la junta para que supervise la reestructuración de más de 70.000 millones de dólares en deuda pública después de que Puerto Rico declaró una especie de bancarrota.
Pierluisi les dijo a los legisladores que se opone a varias medidas de austeridad exigidas por la junta, incluyendo el despido de empleados públicos y la eliminación de un bono navideño.
Indicó que respalda las sociedades entre el sector público y el privado, así como la privatización de la compañía que proporciona el servicio eléctrico en la isla.
“La gente quiere un cambio, y no los culpo”, señaló.
Un obstáculo crucial para Pierluisi ha sido Rivera Schatz, que el año próximo planea postularse a gobernador. Varios legisladores han dicho que prefieren a este que al ahora juramentado, pero el líder del Senado es un personaje poderoso profundamente vinculado con la élite política y empresarial de Puerto Rico, y su ascenso a gobernador podría reactivar la indignación pública.
Pierluisi fue comisionado residente ante el Congreso federal de 2009 a 2017, y luego compitió con Rosselló en las primarias de 2016 y perdió. También se desempeñó como secretario de Justicia durante el gobierno del padre de Rosselló, Pedro Rosselló.
Ricardo Rosselló es uno de más de una docena de funcionarios que han renunciado tras la difusión de un chat lleno de obscenidades en el que se burlaban de mujeres, de homosexuales y de víctimas de huracanes.