Rui Ferreira
El Senado de Florida aprobó una iniciativa de ley, patrocinada por republicanos, que permitirá al gobernador Ron DeSantis poner en práctica un polémico programa para “exportar” a otros estados a inmigrantes liberados en la frontera mientras esperan la resolución de sus casos.
El proyecto legaliza el programa de transporte para extranjeros no autorizados, idealizado por el gobernador en el caso de Florida, y otorga un presupuesto de 10 millones de dólares para su traslado a otros estados. Es el seguimiento legislativo de una idea que DeSantis lanzó en septiembre de 2021, cuando anunció un paquete de severas medidas migratorias y firmó una orden ejecutiva prohibiendo que todas las agencias de Florida bajo el ámbito del gobernador faciliten la inmigración ilegal a Florida. El año pasado DeSantis organizó y financió el traslado en autobuses y aviones privados de inmigrantes en proceso de asilo hacia los estados de Nueva York y Massachussets, incluyendo a cubanos y venezolanos. Ninguna organización venezolana o cubana lo criticó.
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La decisión fue considerada “cruel” e “inhumana” por la Casa Blanca, los estados receptores y las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Ahora, una vez aprobada por el Senado estatal, queda el visto bueno de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y la firma del gobernador.
Este plan ha recibido distintas críticas. “Es peligroso porque está interfiriendo en una función que le corresponde solo al Gobierno Federal, como es la inmigración”, dijo a la cadena Univison Angel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Leal expresó que el plan de Florida “hace suponer que [estos traslados] ocurren con el permiso del inmigrante”, pero no explica que “en algunos casos los extranjeros se verán forzados a firmar sus traslados bajo coacción y sin que la persona sepa que tiene la opción de no firmarlo”.
“Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Los estados están incursionando en el tema enviando inmigrantes a otros estados,[pero] no sabemos si los traslados son coordinados entre todas las agencias que participan en el debido proceso, si el transporte es autorizado, a dónde los enviarán, quién o quiénes los recibirán, si en el lugar donde serán enviados serán recibidos, atendidos y les proporcionarán información respecto a sus casos. Hay muchas preguntas sin respuestas en esta iniciativa de ley”, afirmó.
