Rui Ferreira
El PEN Club America y una de las mayores editoriales estadounidenses, Penguin Random House, presentaron una demanda contra el sistema escolar de un condado de Florida por haber violado la Primera Enmienda a la Constitución al censurar o restringir ciertos libros de las bibliotecas escolares.
La demanda sostiene que el distrito escolar del condado de Escambia violó la cláusula de igual protección de la Constitución porque los libros que colimaron fueron escritos de manera desproporcionada por no blancos y por autores LGBTQ. También por abordar temas relacionados con raza, racismo, género y sexualidad.
“Hoy el condado de Escambia busca prohibir los libros que los críticos consideran demasiado woke, sostiene la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida. “En la década de los 70, las escuelas intentaron prohibir Slaughterhouse-Five y los libros editados por Langston Hughes. Mañana podrían ser libros sobre el cristianismo, sobre los fundadores del país o sobre los héroes de guerra. Todas estas acciones entran en conflicto con la Primera Enmienda”, afirman los demandantes.
La demanda llega en un momento en que muchos educadores y defensores de la libertad de expresión se muestran crecientemente preocupados por el aumento de los esfuerzos para prohibir libros en escuelas y bibliotecas de Estados Unidos. Los libros se han convertido en objetivo en una guerra cultural más amplia, hizo notar el diario The New York Times.
Mientras que en el pasado eran típicamente los padres quienes presentaban quejas contra títulos individuales, los actuales esfuerzos por eliminar/censurar libros los ha protagonizado una constelación de grupos conservadores como Moms for Liberty, que tiene estructuras activas en la mayoría de los condados floridanos.
El grupo tiene a menudo alcance nacional y puede realizar campañas organizadas en las redes sociales. Pero la nueva legislación en varios estados, particularmente Florida, donde ha sido promovida por el gobernador Ron DeSantis, ha facilitado la impugnación y la eliminación de libros.
En el condado de Escambia, las restricciones a las que se refiere la demanda comenzaron cuando Vicki Baggett, maestra de artes del lenguaje en la escuela secundaria Northview del distrito, impugnó más de cien títulos el año pasado.
Entre ellos se encontraban libros ilustrados, novelas para adultos jóvenes y obras de no ficción. Entre los textos censurados aparece And Tango Makes Three, sobre una familia de pingüinos con dos padres, objetado por “servir la agenda de una comunidad LGBTQ usando pingüinos”.
Muchos de los contenidos de esa denuncia parecían haber sido extraídos, a veces literalmente, de un sitio web de corte conservador llamado Book Looks, que contiene cientos de informes sobre libros que los operadores del sitio web consideran objetables.
Baggett dijo habló en una reunión de la junta escolar de Escambia el martes pasado. Argumentó que el distrito no había eliminado muchos de los libros que ella y otros actores habían considerado inapropiados para los estudiantes.
“Les he estado rogando simplemente que sigan la ley y eliminen los libros que son obviamente inapropiados”, dijo.
Hasta ahora, la junta escolar ha votado para eliminar diez libros, algunos por completo y otros de ciertos grados escolares. En cada caso, la junta lo hizo a pesar de la recomendación de un comité de educadores, especialistas en medios, miembros de la comunidad y padres a nivel de distrito de que los libros permanezcan en su lugar.
El distrito también ha cambiado lo que sucede con los libros mientras se desarrolla el desafío legal. Tradicionalmente, los libros permanecían en los estantes hasta después de que fueran evaluados y posiblemente retirados.
Ahora muchos de esos libros se colocan en un área restringida en la que los niños necesitan permiso de los padres para ingresar. La demanda describió que la política permite una restricción indefinida de títulos y que ingresar a un área especial sería un obstáculo importante para un niño: podría conllevar, dicen, cierto estigma.
Cody Strother, portavoz del distrito escolar de Escambia, dijo que el distrito no podía comentar sobre litigios pendientes. Dos miembros de la junta escolar dijeron que no podían comentar sobre una demanda activa.
