The Associated Press
En Estados Unidos las empresas reabren tras las cuarentenas por el coronavirus, y muchas han pedido a clientes y empleados que firmen documentos indicando que no demandarán si enferman de COVID-19.
Las compañías temen ser objeto de procesos legales incluso si siguen las recomendaciones de seguridad de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y de las autoridades estatales de salud. Pero grupos de defensa de los trabajadores señalan que los empleados se ven obligados a renunciar a sus derechos en caso de enfermar.
Los eximentes de responsabilidad, similares a los que requiere la campaña del presidente, Donald Trump, para los asistentes a su mitin del sábado en Tulsa, Oklahoma, protegerían a las empresas en estados que no tienen límites a la responsabilidad legal o inmunidad en demandas relacionadas con el coronavirus.
Two-thirds (67%) of small businesses with 20-500 employees are worried about the possibility of lawsuits related to the #coronavirus. Read more and hear first-hand accounts from #SmallBiz owners here: https://t.co/m6XFTtIJcI
— U.S. Chamber (@USChamber) June 15, 2020
Por ahora, al menos cinco estados -Utah, Carolina del Norte, Oklahoma, Arkansas y Alabama- tienen esos límites contemplados en legislación o decretos, y otros los están considerando. Grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos presionan a favor de que se apruebe una ley nacional de inmunidad.
Más de 2 millones de personas han contraído el nuevo coronavirus en Estados Unidos y más de 115.000 han muerto, según la Universidad Johns Hopkins.
En el Salon Medusa de West Hartford, Connecticut, la peluquera Lena Whelan dijo que sólo utiliza dos de los seis puestos de peinado desde que reabrieron el 1 de junio. Los clientes tienen que esperar fuera, llevar mascarilla, y todos los puestos y el material de peluquería se desinfectan entre clientes.
Pese a todas las medidas de seguridad, los clientes deben firmar una dispensa indicando que no demandarán si se contagian del nuevo coronavirus. El formulario, que también pregunta a sus clientes si ellos o cualquier miembro de su familia tiene síntomas del virus, da una protección legal adicional al negocio, dijo Whelan.
Las voces críticas alegran que esos formularios abren la puerta a que las corporaciones se salten protocolos como levantar mamparas de plástico, proporcionar mascarillas y otros equipos de protección, y mantener a la gente adecuadamente separada, sin sufrir ninguna repercusión.
Los documentos son especialmente onerosos para los trabajadores, que pueden sentirse obligados a firmar para mantener su trabajo, a diferencia de los clientes, que al menos tienen la opción de marcharse.
“Es una decisión terrible para un empleado”, dijo Hugh Baran, abogado del National Employment Law Project, un grupo de defensa de los trabajadores. “¿Firmas esto y quizá renuncias a tus opciones legales, o te niegas y sientes que vas a perder tu empleo?”.
In March, NELP reported OSHA had the lowest number of health and safety inspectors in the agency’s history at the same time that workplace fatality investigations were at a 10-year high:https://t.co/0muFYklZEb
— National Employment Law Project (@NelpNews) June 15, 2020
Aún peor es que, en muchos estados, si los trabajadores se niegan a firmar y volver al trabajo, podrían perder las prestaciones de desempleo, señaló Baran. Además, las normas de inmunidad y las dispensas de responsabilidad legal afectan de forma desproporcionada a trabajadores negros y latinos, muchos de los cuales tienen empleos que no pueden hacerse a distancia, señaló.
Los abogados dijeron que muchos clientes corporativos estaba preguntando por los formularios de renuncia. Su validez dependía de los estados y estaba abierta a debate. Los empleados hacen bien en ser prudentes, dijo John Wolohan, profesor de derecho deportivo en la Universidad de Siracuse.
“Para mí es difícil creer que la gente no comprende el peligro de salir en público e interactuar. Pero cuando alguien enferma, estoy seguro de que van a afirmar que el negocio no les protegió como debería. Al tener el formulario, el negocio soportará mejor la demanda”, dijo Wolohan.
En 45 estados y en el Distrito de Columbia, en general los tribunales mantienen los documentos de dispensa voluntaria, según “Law for Recreation and Sports Managers”, un libro coescrito por Wolohan y Doyice Cotten.
Pero Baran señaló que mucho depende de la interpretación que hagan los tribunales de las leyes estatales sobre contratos. Muchos estados, señaló, tienen leyes indicando que las empresas deben mantener condiciones de trabajo sanas y seguras. Pero en algunos casos, los tribunales han decidido que los empleados pueden renunciar a esos derechos.
Resulta difícil encontrar datos sobre cuántos negocios utilizan estos documentos. Los abogados dicen que se están empleando en pequeños negocios como gimnasios y salones de belleza, donde es difícil mantener el distanciamiento social. Pero también se han utilizado en la Bolsa de Nueva York, donde Jonathan Corpina, socio gerente de Meridian Equity Partners Inc, dijo el lunes que había tenido que firmar la renuncia para poder acceder.
Cheryl Falvey, socia en la firma legal Crowell and Moring en Washington, D.C., y abogada destacada en la Comisión federal de Seguridad de Productos de Consumo, dijo que no creía que la mayoría de los empleadores intentara que sus trabajadores firmaran.
También señaló que esos documentos no cubrían situaciones como el que una persona que lo firmó se infectara y después contagiara la enfermedad a vecinos o familiares.
Harold Kim, presidente del Instituto de Reformas Legales de la Cámara de Comercio, dijo que para las empresas sería mejor tener una ley federal de inmunidad que un mosaico de normas estatales. La legislación propuesta por la cámara sería temporal y concedería inmunidad sólo si los negocios siguen los lineamientos estatales y de los CDC sobre el virus, añadió.
Hasta el lunes había 2.741 demandas presentadas en Estados Unidos por contagios de COVID-19, según un conteo de la firma legal Hunton Andrews Kuth. Muchos de los casos eran por órdenes de cuarentena del gobierno y sobre qué negocios se consideraban esenciales. Sólo siete eran de clientes y 49 estaban presentadas por empleados por su exposición al virus u otras lesiones relacionadas. Tener una ley federal impediría un gran aumento de los litigios, dijo Kim.
