El Gobierno de Italia busca regular el trabajo de los influencers con reglas similares a las que aplica a las cadenas de televisión y los grandes medios de comunicación del país.
Una norma a la espera de aprobación establecería que esa regulación comprenda a aquellos perfiles en redes sociales con más de un millón de seguidores, con el propósito de “evitar estafas y publicidad engañosa y proteger la integridad de los menores”, de acuerdo con una publicación del diario El País.
Agrega el texto que la Agcom, ente encargado de regular el sector de la comunicación en la nación europea, daría a esas cuentas un tratamiento similar a un medio, y en un segundo momentos incluiría a las que tengan menos seguidores.
La nueva disposición cobró mayor relevancia después de la reciente polémica generada por un anuncio navideño de un pandoro (un bizcocho típico navideño parecido al panettone), divulgado en el perfil de Chiara Ferragni, considerada como la inflencer más prominente del país.
“Pandoro gate”: que reproche la justice italienne à l’influenceuse Chiara Ferragni?https://t.co/zOo9N7Yjmw pic.twitter.com/6bVsddMHW1
— BFMTV (@BFMTV) January 9, 2024
Ferragni, con 30 millones de seguidores en su cuenta, terminó enfrentada con la primera ministra, Giorgia Meloni, por cuenta del anuncio y los beneficios económicos que este generó.
La instagrammer acostumbra a ceder su marca para productos de otras empresas que aumentan su precio considerablemente cuando se asocian a su nombre. En esos casos un porcentaje elevado de los beneficios que debe ir a causas benéficas, como publicita Ferragni, pero en este caso fue cuestionada por limitar esa cantidad con un tope relativamente bajo respecto a lo que había ganado.
En la caja del polémico pandoro se explicitaba que su venta -al triple de su habitual precio- significaría una donación a un hospital pediátrico, pero esta solo alcanzó la cifra de 50 mil euros, y luego trascendió que fue desembolsada por el fabricante previo a la salida a la venta del producto.
A través de las redes sociales la influencer pidió perdón por lo que considero como un “un error de comunicación” y anunció que donaría al hospital el millón de euros que había ganado, pero apunta el medio que “la caída de seguidores y la cancelación de contratos con otras marcas ha sido inevitable”.
Monnalisa, abiti per bambini, è l’ultimo brand che pensa al divorzio da Chiara Ferragni. Arriva dopo Pandoro Balocco, Safilo e Coca Cola e deciderà nelle prossime ore.
“Stiamo valutando la possibilità se continuare o interrompere la collaborazione con Ferragni- dice un dirigente… pic.twitter.com/HQVve1IkTN
— Giank-deR
(@GiancarloDeRisi) January 7, 2024
Destaca la publicación que días más tarde se descubrió que Ferragni había empleado la misma estrategia financiera en la promoción de otros productos.
A la luz de los acontecimientos la Agcom entró de oficio en el caso y puso una multa de un millón de euros a la influencer y a la marca de bizcochos.
La nueva norma
Cuando el reglamento diseñado entre en vigor, cualquier video publicitario publicado en redes deberá ser anunciado como tal, y si no se cumplen las reglas, el titular del perfil pudiera ser multado con una cifra de hasta 258.228 euros en caso de vulnerar las normas publicitarias, y hasta 600 mil de atentar contra la integridad de menores, refiere El País.
En sus directrices prohibirá la publicidad engañosa, los anuncios ocultos, los mensajes racistas o lesivos para los menores.
Giacomo Lasorella, presidente de Agcom, dijo recientemente al medio italiano La Repubblica que “el far west ha terminado. Empezamos con los grandes, pero también el resto deberá adaptarse”, aunque aclaró que el impulso a las nuevas reglas no guardaban relación con la polémica del pandoro, porque el organismo las había preparado meses antes.
De esa forma Italia se alinearía con lo legislado por otros países como Francia, que incluso ha prohibido la promoción de algunos servicios, como los de cirugía estética o de suscripciones a aplicaciones de apuestas deportivas.
La norma gala también obliga a indicar con una mención si se realizan actividades de publicidad, si las imágenes utilizadas recibieron retoques, o si la silueta o el rostro de alguien ha sido creado con ayuda de la inteligencia artificial.
Apunta el diario que en caso de infracción, las penas pueden alcanzar hasta dos años de cárcel, 300 mil euros de multa o la prohibición de ejercer su actividad.
Agrega que el Gobierno español “ultima un real decreto para regularizar la actividad económica de los influencers”, quienes deberán inscribirse en un registro estatal, lo que implicará respetar la protección de menores y la obligación de identificar las comunicaciones comerciales.
