Alfredo Prieto
Contamos con un sistema de justicia penal en este país. Y los expresidentes no cuentan con inmunidad, por lo que a cualquiera de ellos se le puede exigir rendir cuentas.
Mitch McConnell, actual líder de la minoría republicana en el Senado.
Un tribunal federal de apelaciones de Washington D.C. dictaminó el martes pasado que el expresidente Donald Trump no es inmune al procesamiento penal en un documento histórico por sus contenidos e implicaciones actuales y futuras.
En agosto de 2023 Trump fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia (DJ) por su papel en los sucesos del Capitolio el 6 de enero de 2021. El fiscal especial Jack Smith desarrolló una investigación al respecto que al final le permitió presentar cuatro cargos:
- Conspiración para defraudar a Estados Unidos. Referida a los esfuerzos repetidos y generalizados de Trump dirigidos a difundir afirmaciones falsas sobre las elecciones de noviembre de 2020, sabiendo que no eran ciertas, y por intentar descontar ilegalmente votos legítimos, todo con el objetivo de anular las elecciones.
- Conspiración para obstruir un procedimiento oficial debido a la planificación organizada por Trump y sus aliados enfilada a interrumpir la certificación del voto electoral en enero de 2021.
- Obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial. Vinculado a los esfuerzos de Trump y sus subrogantes (desde las elecciones de noviembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021) para bloquear el procedimiento de certificación oficial en el Congreso.
- Conspiración contra los derechos. Relacionada con intentos de Trump y los suyos de “oprimir, amenazar e intimidar” a las personas en su derecho a votar en unas elecciones.
El proceso
La jueza Tanya S. Chutkan fue designada por el DJ para supervisar el juicio a Trump en el D.C. En diciembre, los abogados del expresidente le pidieron desestimar los cuatro cargos que enfrentaba porque, alegaron, estaba trabajando para “garantizar la integridad electoral” como parte de su capacidad oficial como presidente, cuando supuestamente socavó los resultados de las elecciones de 2020 y, por lo tanto, estaba protegido por la ley.
Desplegaron entonces el biombo de la inmunidad. Los presidentes tienen, dijeron, “inmunidad absoluta” frente a los procesos penales, incluso después de dejar el cargo.
Pero la jueza lo rechazó. “El tribunal no puede concluir que nuestra Constitución otorga a los expresidentes inmunidad absoluta por cualquier delito federal que hayan cometido mientras estuvieron en el cargo”, escribió. Y se remitió a la historia: “la generación fundadora de Estados Unidos imaginó un jefe ejecutivo totalmente diferente de los irresponsables y casi omnipotentes gobernantes de otras naciones en ese momento”.
En otras palabras, no había ningún problema para que Trump fuera juzgado en una corte por esos delitos. “Cualesquiera sean las inmunidades que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe ejecutivo, y ese puesto no confiere un pase vitalicio para salir libre de la cárcel. Los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad penal federal. El acusado puede estar sujeto a investigación, acusación, enjuiciamiento, condena y castigo federal por cualquier acto delictivo cometido mientras estuvo en el cargo”, subrayó. Y añadió lo siguiente: “Los cuatro años de servicio de Trump como Comandante en Jefe no le otorgaron el derecho divino de los reyes de evadir la responsabilidad criminal que gobierna a sus conciudadanos”.
Ese mismo mes el fiscal Jack Smith decidió mover una arriesgada ficha para tratar de solucionar de la manera más rápida posible el tema de la inmunidad: apelar a la Corte Suprema. “Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente es [o no] absolutamente inmune al procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo“, escribió. Y dijo que era “de importancia pública imperativa que el tribunal superior decidiera la cuestión para que el juicio de Trump, programado para marzo de 2024, pudiera avanzar lo más rápido posible”.
Fiscal especial Jack Smith pide a la Corte Suprema determinar si Trump tiene o no inmunidad
“El amplio reclamo de inmunidad del acusado amenaza con autorizar a los presidentes a cometer delitos para permanecer en el cargo”, argumentó. Un presidente sería inmune a ser procesado si ordenara “al director del FBI colocar pruebas incriminatorias sobre un enemigo político” o “a la Guardia Nacional asesinar a sus críticos más sobresalientes”.
La respuesta de Suprema, sin embargo, fue lacónica. El caso debería ser considerado primero por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que ya había programado una audiencia para el 9 de enero de 2024.
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Y eso fue lo que pasó. Los resultados de esa apelación estuvieron disponibles el martes pasado, prácticamente un mes después, en medio de crecientes preocupaciones sobre su demora. Sin duda, la complejidad del tema, no otra, era la causa.
Las juezas federales
El tribunal de apelaciones del D.C. estuvo integrado por tres mujeres. Karen LeCraft Henderson, la jueza principal, fue nominada por el presidente George H.W. Bush en 1990; Michelle Childs, por el presidente Biden en enero de 2022; y Florence Pan, por el propio Biden en mayo de 2022 para ocupar el puesto que dejó vacante Ketanji Brown Jackson después de que fuera confirmada como integrante de la Corte Suprema.
Produjeron un elaborado y sofisticado documento de 57 páginas de una extraordinaria riqueza en términos de juicios de valor técnico-jurídicos. Entre ellos, quisiera subrayar, por el momento, solamente tres. El primero, sobre la autoridad presidencial: “no podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales. Tampoco podemos sancionar su afirmación de que el ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos cuenten”.
Tribunal federal de apelaciones rechaza inmunidad de Donald Trump
El segundo, sobre violaciones al imperio de la ley. “Los supuestos esfuerzos del expresidente Trump por permanecer en el poder a pesar de perder las elecciones de 2020 serían, de probarse, un asalto sin precedentes a la estructura de nuestro gobierno. Supuestamente se metió en un proceso en el que el presidente no tiene ningún papel —el recuento y la certificación de los votos del Colegio Electoral—, socavando así los procedimientos constitucionalmente establecidos y la voluntad del Congreso”.
Y el tercero, tal vez el que más han subrayado los medios: el ciudadano Trump. “A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento”. “La interpretación que hizo Trump de la Constitución, agregaron, “dejaría a un presidente libre de cometer todo tipo de crímenes con impunidad”.
Mayoría de estadounidenses cree que Trump no es inmune a los procesamientos penales
Trump y sus abogados han dicho que van a apelar a la Corte Suprema; las juezas han puesto como fecha tope el próximo lunes 12 de febrero. “Un presidente de Estados Unidos debe tener inmunidad total para poder funcionar adecuadamente y hacer lo que debe hacerse por el bien de nuestro país“, escribió Trump en Truth Social. “Si no se revoca, como debe ser, esta decisión dañaría terriblemente no solo a la presidencia, sino también la vida, el aliento y el éxito de nuestro país“, añadió.
El máximo tribunal atraviesa un momento de crisis no solo por su rancio conservadurismo, sino también por haber tomado decisiones como la anulación de Roe vs. Wade y por alegaciones de corrupción y partidarismo que recaen sobre uno de sus miembros más viejos y conspicuos (Clarence Thomas). En caso de aceptar la apelación de Trump, sería cuando menos escandaloso resolverla pasando por encima de las lógicas de esas juezas federales, fundamentadas con elementos legales, constitucionales e históricos como los referidos sumariamente en este texto.
Parece improbable, pero como dicen muchos parroquianos por estos lares, con la Corte uno nunca sabe.
