La flecha ha sido recogida. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes pasado escuchar la apelación del expresidente Donald Trump sobre un fallo de la Corte Suprema de Colorado que lo mantendría fuera de las elecciones primarias en ese estado. Sin duda, un caso histórico. La decisión de los jueces responde a una emergencia, nada menos que una crisis constitucional. De ahí el acelerado ritmo anunciado para el proceso. Los argumentos orales los han fechado para el 8 de febrero. Pocas veces la Suprema ha reaccionado tan rápido.
La movida responde a las impugnaciones que se han presentado en todo el país sobre la elegibilidad de Trump; aunque muchos casos hayan sido rechazados por tribunales inferiores. Los de Minnesota y Michigan dictaminaron recientemente que el expresidente debería permanecer en la boleta electoral en esos estados. Hasta ahora solo dos, Colorado y Maine, han dado el paso inédito de no permitir que figure en sus respectivas elecciones locales, aunque esos fallos permanezcan en suspenso hasta que se dirima la apelación.
De acuerdo con los récords públicos, tanto el Partido Republicano de Colorado como Trump instaron a los jueces a actuar rápidamente, igual que los demandados. En representación del primero, uno de los demandantes, el abogado Jay Sekulow, dijo que el fallo de Colorado “presenta una crisis constitucional, de alcance nacional”. Si se permite que se mantenga, subrayó, “cualquier votante tendrá el poder de demandar para descalificar a cualquier candidato político”, lo que “no solo distorsionará las elecciones presidenciales de 2024, sino también empantanará a los tribunales en controversias políticas sobre nebulosas acusaciones de insurrección”.
Por eso instó a revocar sumariamente el fallo de la Corte Suprema de Colorado: ”Si el dictamen se mantiene, marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial impida que los votantes emitan su voto, en este caso nada menos que por el candidato presidencial republicano que marcha al frente en todas las encuestas entre sus bases. “La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está reservada al Congreso, no a los tribunales estatales”, agregaron los abogados de Trump.
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Por otra parte, el propio expresidente escribió que la decisión del tribunal de Colorado podría “utilizarse como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país”. Y rechazó la acusación de haber participado en una insurrección, invocando una “historia de violentas protestas políticas estadounidenses”, incluidas las de Black Lives Matter durante el verano de 2020. Finalmente, argumentó lo usual: que sólo había ordenado a sus seguidores protestar “pacífica y patrióticamente”, no entrar a emprenderla a empellones contra el Capitolio.
Ahora bien, lo que está en discusión no es el paquete completo de presuntos delitos de Trump, sino solo la aplicabilidad de la Enmienda 14, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos. La disposición, conocida también como Cláusula Insurreccional o de la Descalificación, se promulgó después de la Guerra Civil para impedir que los líderes confederados llegaran al Congreso. Pero hay una primera incógnita, y es que hasta ahora la Corte apenas ha opinado sobre el alcance y sentido de esa Enmienda, lo cual contrasta con el hecho de que durante los últimos meses los tribunales inferiores han estado divididos acerca de si se aplica o no a un expresidente.
También por eso la decisión de Colorado fue dividida: la mayoría de los siete jueces demócratas (4-3) concluyeron que Trump no era elegible para aparecer en la boleta primaria del estado en 2024 porque había “participado en una insurrección” el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron violentamente en el Capitolio y sabotearon la certificación de los resultados electorales en el Congreso.
Trump pide a Suprema anular fallo que le impide aparecer en la boleta electoral de Colorado
El anterior será un segundo problema sobre la mesa: la insurrección. La Sección 3 de la Enmienda 14 establece, básicamente, que ninguna persona podrá ocupar ningún cargo si habiendo prestado previamente juramento para apoyar la Constitución, participa en una insurrección o rebelión contra los poderes establecidos o brinda ayuda o consuelo a sus enemigos. Y en eso acciona un arrastre controvertido: tanto la decisión de Colorado como la de Maine se basaron en la investigación del Comité de la Cámara de Representantes y sus hallazgos. “La evidencia ha llevado a una conclusión abrumadora y directa: la causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Ninguno de los hechos del 6 de enero hubiera ocurrido sin él”, concluyeron en el documento final (primera vez que la Cámara le recomienda al Departamento de Justicia cargos penales contra un expresidente). Pero Donald Trump hasta hoy no ha sido condenado por insurrección en tribunal alguno. Y, por definición, toda persona es inocente hasta que allí se demuestre lo contrario.
Comité de la Cámara recomienda presentar cargos criminales contra Trump
En este sentido, se ha sugerido que la Corte Suprema fallaría a favor suyo (tres de los jueces de la mayoría conservadora fueron designados por él), pero podría no ocurrir. Porque esa mayoría es textualista y originalista; es decir, partícipe y defensora de la lectura según la cual el texto constitucional debe interpretarse basándose en el entendimiento original en el momento de su adopción.
Juristas conservadores han sostenido que ambas visiones, el textualismo y el originalismo, estarían a favor de descalificar a Trump para ocupar el cargo, bajo el argumento de que el texto de la Enmienda 14 es autoejecutable y que, por consiguiente, permite a los funcionarios estatales decidir quién ha “participado en la insurrección” sin necesidad de una legislación del Congreso.
Estados Unidos: los presidentes y la cláusula constitucional de la descalificación
Por otra parte, no es fortuito que historiadores, expertos y periodistas anden reciclando por estos días un caso de 1868 que involucraba cargos de traición contra Jefferson Davis (1808-1889), el único presidente que tuvo la Confederación derrotada por el Norte. El entonces presidente del Tribunal Supremo, Salmon Chase, dictaminó que la Sección 3 era autoejecutable, incluso sin legislación habilitante del Congreso.
Pero una de las razones de la grisura de esa Enmienda es histórica. “La ventana para descalificar a los exconfederados fue pequeña”, han escrito varios expertos constitucionalistas. “Fue ratificada el 9 de julio de 1868, y el Congreso eliminó la descalificación de la Sección 3 menos de cuatro años después con la Ley de Amnistía del 22 de mayo de 1872 (ese estatuto negó la amnistía a líderes confederados como Jefferson Davis). En el siglo XIX solo ocho funcionarios fueron declarados formalmente descalificados en virtud de la Sección 3”.
Fiscal especial Jack Smith pide a la Corte Suprema determinar si Trump tiene o no inmunidad
Si el fallo de la Suprema le fuera favorable, quedaría por verse si Trump es o no inmune a un proceso penal por subversión electoral. En diciembre pasado el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia al frente del proceso legal en contra suya en el DC por la revuelta del Capitolio, solicitó a la Corte Suprema intervenir a fin de determinar si el expresidente tenía o no inmunidad procesal.
“Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente es absolutamente inmune al procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo”, escribió Smith.
Corte Suprema de EEUU no abordará por ahora la inmunidad presidencial de Donald Trump
Sin embargo, la Corte Suprema declinó, al menos por el momento. La cuestión será decidida, en principio, por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que ha señalado actuará rápidamente. Como en la controversia sobre qué se entiende por insurrección en la Enmienda 14, Sección 3, el tema de la inmunidad nunca se ha caracterizado por luminosidad o transparencia.
Sin duda, Trump apelará si pierde en Columbia. Ya figura en los libros de Historia con varios récords. El primer presidente en ser sometido dos veces a impeachment. El primer expresidente acusado penalmente y retratado en una cárcel. Y el primero en enfrentar cuatro juicios, con un total de 91 cargos por delitos graves. La última palabra recaerá, de nuevo, sobre el tribunal superior de Estados Unidos.
Una cosa queda clara: esto no estuvo nunca prefigurado ni en la peor pesadilla de los fundadores de la nación.
