El proceso electoral general ha tenido un punto culminante en Cuba con las elecciones del 11 de marzo. El objetivo final será constituir las Asambleas Provinciales del Poder Popular y sus Consejos de Administración y la Asamblea Nacional con su Consejo de Estado.
La prensa cubana, sobre todo la televisiva, ya no esconde los problemas del sistema electoral y en muchos casos llamaba “diputados” a los que habían sido hasta el día de las elecciones apenas candidatos; tal vez porque sabe que esta elección fue mucho más confirmación que selección. Los 605 candidatos han sido electos y conformarán, escaño por escaño, la nómina de la Asamblea Nacional.
Las Comisiones de Candidatura confeccionaron sus listas y las Asambleas Municipales las reconocieron porque son ellas las que en realidad nominan. No sabemos si hubo casos de nominados que las Asambleas hayan vetado o de candidatos surgidos de las propias Asambleas locales en el momento de la nominación final.
En Cuba ni los más sabios pueden explicar por qué el pueblo puede nominar de forma directa en asambleas de barrios, con tanta responsabilidad, en el inicio del proceso parcial, y no puede hacer lo mismo para proponer candidatos para las asambleas provincial y nacional.
Fueron nominados y electos dirigentes del Partido, de los gobiernos, de las empresas estatales, de las organizaciones sociales y de masas, pero apenas aparecieron candidatos provenientes del campesinado que labra, no el que dirige, sino el que dobla la espalda y cultiva.
Tampoco hubo suficientes obreros y obreras fabriles en la candidatura que se elegió; ni trabajadores por cuenta propia, a pesar de que son ya más de medio millón de personas.
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En una Asamblea donde sobreabundan los dirigentes, aquellos que son los dirigidos no necesariamente están representados en el órgano legislativo. No tendrán suficiente representación directa y no podrán ejercer –allí donde se aprueban las leyes– su voz sin mediaciones.
La Asamblea Nacional en Cuba no es exactamente un parlamento. Nunca lo ha sido, porque en Cuba decidimos tener otro tipo de órgano legislativo, o así lo quisieron los millones de cubanos y cubanas que votaron sí a la Constitución en 1976.
Nuestra Asamblea no está compuesta por representantes de partidos políticos: el único partido en Cuba no es electoral porque no postula candidatos a las elecciones y, sobre todo, porque se faltaría a la ética política más elemental si un único partido postulara candidatos para ganarse a sí mismo en unas raras elecciones sin contrincantes.
La Asamblea Nacional que se constituirá en abril se compondrá de un 96 por ciento de militantes del Partido Comunista o la Unión de Jóvenes Comunistas.
Otro dato importante es que el 71 por ciento de los diputados electos a la Asamblea Nacional son dirigentes de sus respectivos centros de trabajo, lo mismo en el Poder Popular que en el gobierno central que en dependencias provinciales o municipales de los organismos de la administración del Estado que en la sociedad civil que en el Partido, que en cualquier parte.
Y este panorama no ha sido producto de la decisión popular democrática sino de las labores de la Comisión de Candidatura.
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Una Asamblea de dirigentes no era precisamente lo que Cuba necesitaba ahora. Este es el momento de escucharnos en toda nuestra variopinta diversidad, de aprender a dialogar. Es el momento de discutir con lo nuevo, con propuestas inesperadas y posiblemente justas. Es el momento de comenzar el entrenamiento para la nueva era de la política y de la historia institucional de Cuba.
Esta Asamblea no ha sido diseñada para ser realmente el órgano supremo del Estado, como manda la Constitución, sino, otra vez, para ser un órgano subalterno, que oye las explicaciones que le dan, apunta en las libretas de notas y no legisla por iniciativa propia, que aplaude o levanta la mano, y da por hecho que la unidad es algo muy parecido a la unanimidad.